Cicatrices de por vida

La comunidad de Patio Bonito vive en los humedales de San Silvestre, un exuberante mosaico de ciénagas, lagunas y bosques tropicales que cubren un amplio valle bajo las cumbres andinas del norte de Colombia. Durante décadas, estos ecosistemas ricos en biodiversidad proporcionaron alimentos, peces, agua y recreación a las y los habitantes del pueblo. Hoy en día, no suministran nada de esto; las personas que habitan Patio Bonito ahora dependen de camiones cisterna que pasan dos veces por semana para distribuir agua y que, según dicen, son financiados a través de las contribuciones al fisco colombiano. 

Este rico mundo natural, que antes era una zona protegida, ha sido contaminado por un vertedero gigante. En la actualidad, este sumidero es propiedad y está gestionado por el gigante empresarial francés Veolia, que afirma ser la empresa "líder" del mundo en criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Veolia opera el vertedero desde 2019, tras comprarla a su propietario original, una empresa colombiana salpicada por el escándalo llamada Rediba. 

Veolia compró a Rediba a pesar de las horrorosas fallas en la gestión del vertedero por parte de Rediba. En junio de 2016, una inspección del Ministerio de Medio Ambiente descubrió que Rediba había construido una piscina para contener los lixiviados (contaminantes líquidos del vertedero) fuera de la zona designada en la licencia. A esta piscina le faltaba una geomembrana que habría filtrado las sustancias químicas tóxicas. En su lugar, las toxinas fluyeron hacia el arroyo Moncholo, que alimenta el pantano de San Silvestre. Peor aún: los activistas de San Silvestre Green afirman haber obtenido un video en el que se ve cómo la empresa utiliza un camión cisterna para verter lixiviados en las fuentes de agua circundantes. 

Esta grave contaminación tuvo consecuencias devastadoras, con personas ambientalistas documentando mortalidad masiva de peces y efectos desastrosos en otras especies y profesionales del área médica reportando impactantes efectos sobre la salud de las personas residentes de Patio Bonito.

En 2017, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, el máximo tribunal constitucional de Colombia responsable de la protección de los derechos fundamentales, determinó que Rediba había violado "los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la salubridad pública" de los miembros de la comunidad de Patio Bonito, así como su "derecho a la igualdad y a vivir en condiciones dignas." Esta resolución de la Corte Constitucional no llegó a ordenar el cierre del vertedero, como exigían ecologistas y miembros de la comunidad. En su lugar, condicionó la continuación de su funcionamiento a que Rediba adoptara una serie de medidas destinadas a mejorar su impacto, como la protección de la flora y la fauna locales, la mejora del control de los lixiviados y las plagas, y la construcción de infraestructuras para garantizar el acceso de la comunidad al agua potable. 

Cuando Veolia adquirió Rediba en 2019, el cumplimiento de esta orden judicial pasó a ser su responsabilidad. Contactada por Global Witness, la empresa francesa afirmó que ha tomado amplias medidas tanto para mejorar las operaciones del vertedero como para cumplir la sentencia del Corte Constitucional. 

"Desde la adquisición por parte de Veolia Colombia en 2019, la situación operativa en el vertedero, amparada por la sentencia judicial de 2017, se ha normalizado sin que a día de hoy haya ninguna investigación abierta ni asuntos pendientes con las autoridades ambientales", dijo Veolia a Global Witness, señalando que contaba con sistemas certificados para "respaldar el cumplimiento de los estándares de calidad de servicio, operativos, de seguridad y ambientales".

Sin embargo, investigaciones sobre el terreno realizadas por organizaciones locales cuestionan estas afirmaciones. En febrero de 2023, la ONG San Silvestre Green sobrevoló el vertedero con un dron para investigar la situación actual. "Encontramos que Veolia está cometiendo infracciones medioambientales y causando un daño muy grave al área protegida de San Silvestre", dijo Leonardo Granados, director de San Silvestre Green, a Global Witness. "El vertido orgánico del sumidero es muy pesado y está teniendo un grave impacto en esta zona protegida tan crítica". 

Según un informe elaborado por San Silvestre Green, el agua de lluvia mezclada con los lixiviados del vertedero no se está conteniendo de forma adecuada y se está desbordando a las fuentes de agua circundantes. También muestran a Veolia manejando maquinaria pesada en una franja protectora de treinta metros que por ley debe mantenerse entre el vertedero y las fuentes de agua permanentes circundantes, empujando sedimentos de los alrededores del vertedero hacia estas aguas.  

Todo esto está agravando la contaminación de los humedales circundantes, explicó Granados. 

"Podemos ver en las imágenes cómo esto está afectando a la flora local, donde los árboles han caído y el bosque tropical se encuentra en un avanzado estado de deterioro", señaló Granados. Con estas nuevas pruebas, San Silvestre Green ha interpuesto una demanda contra Veolia ante los tribunales colombianos, exigiendo una multa y la revocación de la licencia ambiental del vertedero. 

Cuando Global Witness planteó estas preocupaciones a la empresa, Veolia rechazó firmemente cualquier sugerencia de que estuviera vertiendo lixiviados del vertedero a las fuentes de agua circundantes. "Todos los lixiviados se tratan dentro de las instalaciones de la planta mediante tecnología de ósmosis inversa, introducida por Veolia Colombia, y el agua obtenida se reutiliza". 

También negó "haber hecho caso omiso de la legislación medioambiental", alegando que, "al contrario, la empresa ha reforzado y modernizado el proceso de tratamiento para que el emplazamiento cumpla las normas medioambientales más estrictas, lo que le ha valido las máximas certificaciones internacionales". 

Sin embargo, Veolia no abordó las preocupaciones específicas y las pruebas de contaminación en curso recogidas por San Silvestre Green cuando se le plantearon.

Vivir con un vertedero  

La Corte Constitucional también ordenó al propietario del vertedero que proporcionara acceso a agua potable a la comunidad de Patio Bonito (véase Sentencia T-227, 4.1(iv), 12.13, 12.14, 12.29). En este sentido, Veolia dijo a Global Witness que "garantiza que las comunidades reciban agua potable del Distrito de Barrancabermeja a través de camiones cisterna, mientras explora la viabilidad de otras alternativas”. Sin embargo, este acuerdo, financiado a través de las arcas fiscales, ya existía antes de que Veolia adquiriera el emplazamiento; los hechos demuestran que han transcurrido seis años desde la sentencia de la Corte Constitucional, y Veolia ha operado el vertedero durante cuatro de ellos, sin tomar medidas por su cuenta para suministrar agua potable a la comunidad, permaneciendo, según su propia admisión, en la fase de "exploración [de la] viabilidad" de alternativas sostenibles". 

“Veolia no le ha dado una sola gota de agua a los habitantes de Patio Bonito. Lo está haciendo el municipio y ya ha invertido más de mil millones de pesos en hacerlo”, expresó Granados. 

Un miembro de la comunidad, que habló bajo anonimato, dijo a Global Witness: “Yo pedí agua potable en este lugar, no que me vinieraon a montarme un basurero. Y eso fue lo que nos montaron: un basurero”. 

Otra preocupación constante, expresada tanto por ecologistas como por quienes integran la comunidad, es la presencia de plagas como ratas y buitres, atraídas por el gigantesco montón de basura. Otro de los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional era hacer frente a estos "vectores". En su respuesta a Global Witness, Veolia afirmó que había "cumplido plenamente" este aspecto de la orden judicial, mencionando en particular la "gestión de los buitres". Sin embargo, durante una visita al lugar, los miembros de la comunidad se quejaron a Global Witness de que el problema persiste, mientras que nosotros pudimos documentar claramente un gran número de buitres pululando por la basura expuesta del vertedero durante una inspección reciente. Una vez más, las afirmaciones de Veolia sobre su gestión del vertedero no parecen ajustarse a la realidad. 

“Nos han ocasionado muchísimos, muchísimos problemas,” afirmó una persona residente de Patio Bonito, añadiendo que la situación sigue siendo grave con Veolia. 

"No veo ninguna mejora. Todo sigue igual," aseguró, agregando que su hija, sus nietos y ella misma han sufrido consecuencias para su salud debido al vertedero. 

Personas defensoras en primera línea para denunciar los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente   

Las preocupaciones que se ciernen sobre las operaciones de Veolia en los humedales de San Silvestre son especialmente relevantes a la luz del pasado tóxico del vertedero, relacionado tanto con las graves inquietudes planteadas antes de la construcción del vertedero como con los efectos nocivos documentados por expertos médicos y medioambientales, que alegan vínculos con la contaminación procedente del vertedero. 

Antes de 2014, los humedales de San Silvestre formaban una parte vital del 'corredor del jaguar', una red internacional de zonas protegidas que une las poblaciones de grandes felinos de Centroamérica con las del Amazonas. La decisión de construir un vertedero en este lugar suscitó preocupación por la denigración del corredor. Esteban Payán, director regional de Panthera, organización benéfica dedicada a los grandes felinos, y miembro del Grupo Internacional de Especialistas en Felinos de la UICN, responsable de la vigilancia y conservación mundial del jaguar y otros felinos salvajes, se refirió a la decisión como "absurda". 

Aparentemente, la legislación colombiana prohíbe la construcción de vertederos en zonas protegidas. Sin embargo, en 2014, a pesar de las preocupaciones planteadas por la comunidad y varios expertos, la autoridad ambiental local, siguiendo un plan trazado por el gigante petrolero Oxy, autorizó que una parte del centro de San Silvestre fuera retirada del área protegida para permitir la construcción del vertedero. 

El sumidero comenzó a funcionar en 2015, recogiendo la basura de la cercana ciudad de Barrancabermeja, así como los residuos domésticos de una refinería de petróleo cercana. Desde entonces, ecologistas y profesionales de la medicina han documentado efectos negativos tanto para la naturaleza como para la comunidad de Patio Bonito, a consecuencia de la mala gestión del vertedero por parte de Rediba. 

Los ecologistas han documentado la destrucción generalizada de los frágiles ecosistemas de San Silvestre por parte del vertedero. "Toda una parte de fauna ha sido víctima, hemos visto muertes masivas de peces, tortugas, manatíes", declaró a Global Witness Óscar Sampayo, defensor de los derechos humanos en temas medioambientales de la ONG Corporación Yariguies-GEAM. "Este es un mundo natural exuberante que está siendo atacado". 

Aún más impactantes fueron los efectos sobre la salud de quienes forman parte de la comunidad de Patio Bonito, que se han quejado de una oleada de dolencias, desde asma hasta afecciones congénitas. Las preocupaciones más graves fueron planteadas por un pediatra, el doctor Yesid Blanco, que informó de bebés que nacían sin cerebro y morían al nacer, una alteración conocida como anencefalia. Otros recién nacidos nacían con cicatrices, erupciones cutáneas y forúnculos. En total, Doctor Blanco documentó 27 casos de una rara condición de la piel conocida como Síndrome de Job, que afectó a uno de cada 100.000 recién nacidos en Barrancabermeja entre 2016-18 - 500 veces superior a la norma . Según se informa, la condición recibió su apodo bíblico porque las cicatrices devastadoras que inflige desafían la fe de los afectados. 

El doctor Blanco argumentó que tales impactos se debían a una acumulación de metales pesados en las vías fluviales provocada por la contaminación de los vertederos. "Documentamos daños cromosómicos en niños que no tenían nada que ver genéticamente entre ellos: no eran parientes, pero sufrían mutaciones genéticas similares", declaró el Dr. Blanco a Global Witness.  

La postura del doctor Blanco está respaldada por un estudio de las autoridades municipales de febrero de 2017, en el que se analizaron muestras de sedimentos tomadas de masas de agua cercanas al vertedero. Encontró "valores significativos" de metales como "arsénico, bario, calcio, manganeso, mercurio, sodio y hierro". Se sabe que la ingesta de estos metales pesados provoca malformaciones congénitas y también se ha demostrado que daña el ADN, lo que coincide con los resultados de los estudios sobre los niños de Patio Bonito.  

Fátima García, investigadora de la Universidad de Nottingham Trent, también ha documentado la contaminación causada por el vertedero, aunque su trabajo se ha visto obstaculizado por motivos de seguridad (véase más abajo). 

Cuando Global Witness se puso en contacto con Veolia, esta trató de desacreditar las preocupaciones del doctor Blanco, argumentando que están "respaldadas exclusivamente por sus declaraciones personales en los medios de comunicación, sin que existan reclamaciones o presentaciones documentadas de hecho, colectivas legales o individuales ante Veolia Colombia o las autoridades ambientales locales.". La firma también señaló que invitó al doctor Blanco a visitar el relleno sanitario en abril de 2020, pero no lo hizo. Sin embargo, ambas críticas no tienen en cuenta una circunstancia relevante: que el doctor Blanco había huido de Colombia el 5 de septiembre de 2018, tras haber recibido amenazas de muerte creíbles, pocos días después de hacer públicos sus hallazgos.

En contraste con la desestimación que Veolia hizo de las preocupaciones expuestas por el doctor Blanco, Global Witness habló con otros observadores expertos. Estos últimos expresaron su asombro por el hecho de que las autoridades no hubieran hecho un esfuerzo exhaustivo para darles seguimiento a los planteamientos. 

"Necesitamos un verdadero esfuerzo por parte del Gobierno para estudiar la situación. Necesitamos un estudio epidemiológico para disponer de datos que puedan servir a la población para proteger su territorio y, en particular, su salud", afirmó el profesor Jesús Olivero-Verbel, catedrático de Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena. 

"Es absolutamente asombroso que no se haya hecho este tipo de investigación", agregó. 

El hecho de que Veolia no parezca haber considerado las amenazas de muerte recibidas por el Doctor Blanco a la hora de evaluar la validez de sus reclamaciones indica una falta de comprensión de los riesgos a los que se enfrentan los defensores de la tierra y del medio ambiente en Colombia. Esto, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes ejercen este rol, y más aún en el departamento de Santander, una de las regiones que más registro de ataques letales y no letales tiene en Colombia. 

El Dr. Blanco tampoco fue el único en recibir amenazas. Unos meses antes, Fátima García, investigadora de la Universidad de Nottingham Trent que había documentado la contaminación causada por el vertedero, también abandonó Colombia tras recibir amenazas.  

Oscar Sampayo, el ecologista que denunció los efectos del vertedero en la biodiversidad de la región, también ha huido de la zona tras recibir amenazas. En 2020, tanto su nombre como el del Dr. Blanco aparecieron en un panfleto publicado por un grupo paramilitar de extrema derecha autodenominado Águilas Negras, en el que se advertía a 18 activistas locales de que tenían 24 horas para abandonar el territorio o serían declarados objetivo militar. El mes anterior, Sampayo, el Dr. Blanco y un congresista colombiano habían presentado una acción de tutela contra Veolia, la petrolera estatal Ecopetrol y la empresa municipal de aguas Aguas de Barrancabermeja, exigiendo la suspensión de la operación del vertedero y la protección de los humedales de San Silvestre. La acción, sin embargo, fue declarada improcedente y, semanas después, los nombres de los tres demandantes aparecieron en el panfleto de Águilas Negras. 

Amenazas como éstas forman parte de una crisis más amplia de violencia paramilitar que sigue acechando al Magdalena Medio, la región colombiana en la que se encuentra Patio Bonito. Esta inseguridad está vinculada a la larga historia de conflictos políticos de Colombia, así como a su enorme industria de la cocaína, que en conjunto han creado y financiado poderosos grupos paramilitares. 

"Barrancabermeja es una pequeña ciudad donde han operado al mismo tiempo todos los principales actores armados de Colombia", explicó a Global Witness Fátima García, la investigadora que huyó de Colombia en 2017. "Su industria petrolera es una causa de contaminación generalizada que está literalmente enfermando a la gente. Al mismo tiempo, esto está sucediendo en un contexto muy violento, por lo que cuando alguien se queja o exige algún nivel de rendición de cuentas, es una práctica común utilizar la persecución y la coerción para evitar que eso suceda.". 

Los informes de la prensa local señalan la gestión de residuos como uno de los principales focos de actividad paramilitar en el Magdalena Medio. De hecho, Rediba misma ha estado directamente vinculada a los grupos paramilitares de la región. Su propietario, Reynaldo Bohórquez, fue nombrado por el antiguo jefe político del poderoso grupo paramilitar Bloque Central Bolívar como alguien que había intentado trabajar con su organización "como socios en el negocio del saneamiento". Teniendo en cuenta los impactos humanos y ambientales del vertedero, y la decisión original de ubicar un vertedero potencialmente tóxico dentro de una frágil área protegida, parece difícil entender cómo la adquisición de Rediba por parte de Veolia podría haber pasado cualquier proceso serio de debida diligencia. Además, al haber adquirido Rediba, la firma francesa tiene la responsabilidad de abordar y remediar de forma significativa los daños causados por el vertedero. 

Un miembro de la comunidad habló bajo condición de anonimato con Global Witness, declarando: “Pues claro que hay personas a las que les da miedo hablar, lógico. Sí, porque es que uno no sabe quién está detrás. Hubo mucha gente amenazada y entonces uno por eso se tranca tantico en hablar, porque uno no sabe en qué momento le dicen ‘no, vamos a mandar a borrar a esos para que no jodan tanto’”.  

Este mismo miembro de la comunidad explicó que la comunidad compartió sus historiales médicos con el doctor. Cuando se le preguntó qué les parecía que el doctor Blanco hubiera huido de Colombia, dijo [quote original]: “este pobre señor… él tenía todo construido en Barranca, su vida era ahí. Mire, tener que abandonar todo para irse a un país que no es de él… le cuento que yo sí que no desearía tener que desplazarme de mi país a otro lugar. Eso si no, jamás, nunca desearía eso ni que me fueran a sacar a la fuerza también de donde estoy viviendo".

Nada en la respuesta a las preguntas o en los materiales de diligencia debida que Veolia compartió con Global Witness sugería que hubiera intentado comprender o mitigar de forma significativa los riesgos a los que se enfrentan los defensores antes o después de adquirir Rediba, lo que pone en duda la afirmación de la empresa a Global Witness de que "lleva a cabo sus operaciones respetando los derechos humanos". Su respuesta, confirmada con activistas locales, sugiere que Veolia no ha trabajado para mejorar la peligrosa situación a la que se enfrentan quienes ejercen la defensa del territorio en una zona conocida por suponer un alto riesgo para las y los defensores de los derechos humanos. Esto resulta preocupante, dado el mayor riesgo al que se enfrentan los defensores relacionados con el sector de la gestión de residuos en Colombia, como se ha señalado anteriormente. 

De hecho, las "Orientaciones de la ONU para garantizar el respeto de los defensores de los derechos humanos" apelan claramente a la responsabilidad de las empresas para "colaborar de forma constructiva con los defensores de los derechos humanos que plantean preocupaciones sobre impactos adversos para las personas o el medio ambiente, y prevenir, mitigar y remediar los riesgos para los derechos humanos que se les plantean". La guía insta a los actores empresariales a reconocer los "múltiples riesgos" a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y pide que se actúe en colaboración con las autoridades gubernamentales y otras partes interesadas para crear "un entorno más seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos". Esto debería incluir la adopción y aplicación de una política firme de protección de los derechos de los defensores de los derechos humanos y el apoyo a una política de tolerancia cero frente a los ataques contra los defensores. 

Global Witness insta a Veolia a poner en marcha acciones urgentes para comprometerse y abordar los daños sufridos por la comunidad y los defensores que se han manifestado en contra del vertedero, incluyendo la plena reparación de los daños que ya se han producido;, la investigación exhaustiva de las preocupaciones actuales de la comunidad y las organizaciones locales de la sociedad civil; y la adopción y aplicación de una política firme de apoyo a la tolerancia cero en los ataques contra los defensores de los derechos humanos. 

Debida diligencia corporativa: una nueva esperanza 

Una nueva ley que se está negociando actualmente en la Unión Europea (UE) podría ayudar a prevenir impactos devastadores en comunidades como Patio Bonito, para personas como el doctor Yesid Blanco y otros defensores y defensoras en todo el mundo. Los nuevos requisitos impuestos a las empresas en virtud de la Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad de las Empresas (CDDDS) podrían ayudar a prevenir las violaciones de los derechos humanos y los daños al medio ambiente. La ley también permitiría a las comunidades afectadas exigir responsabilidades a las grandes empresas por sus actividades comerciales, proporcionando a las comunidades una nueva herramienta para garantizar que las empresas europeas respeten los derechos humanos y el medio ambiente, en cualquier parte del mundo donde operen.  

La Directiva requerirá a las grandes empresas que operan en la UE que actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, es decir, que evalúen continuamente las repercusiones negativas reales y potenciales de sus actividades y tomen medidas para prevenir y mitigar los daños. También podría facilitar a las comunidades el acceso a la justicia a través de los tribunales europeos, que podrían ordenar indemnizaciones, medidas cautelares y otros recursos legales.  

El compromiso seguro y significativo con todas las partes interesadas, incluidos los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, es crucial en cada paso del proceso de diligencia debida.  

El caso de Patio Bonito demuestra claramente que el compromiso no debe ser un ejercicio de marcar casillas. Este sólo es eficaz cuando se consideran debidamente los derechos y la seguridad de las comunidades afectadas y de los defensores; el entorno a menudo hostil y amenazador en el que operan, así como las vulnerabilidades derivadas de su participación. Una participación significativa de las partes interesadas es vital para identificar los impactos adversos y mejorar la adecuación de las medidas de prevención, mitigación y reparación. 

Por tanto, las y los legisladores de la UE deben garantizar que la nueva ley contenga disposiciones firmes que protejan los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor de las empresas. El devastador impacto que este vertedero ha tenido en la comunidad de Patio Bonito muestra el alcance y el impacto que las operaciones de las empresas pueden tener en las personas y el medio ambiente.  La CSDDD ayudará a abordar este desequilibrio de poder entre empresas y comunidades con el objetivo de evitar historias de terror como las que se están produciendo en Patio Bonito.