Siempre en pie

Durante los últimos 11 años, Global Witness ha documentado y denunciado oleadas de amenazas, violencia y asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente por todo el planeta. El año 2022 marca el comienzo de nuestra segunda década documentando ataques mortales. El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos.

El año pasado, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida por proteger nuestro planeta, con lo que el total de homicidios cometidos desde 2012 asciende a 1.910. Al menos 1.390 de ellos tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015, y el 31 de diciembre de 2022.

Como promedio, en 2022 se asesinó a una persona defensora cada dos días, al igual que ocurrió en 2021. Si bien la cifra total del año pasado es ligeramente inferior a la de 2021 —cuando registramos 200 asesinatos—, la situación no ha mejorado sustancialmente. El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales.

La situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante. En 2022, en esta región se produjeron el 88 % de los asesinatos, una mayoría cada vez más acentuada de los casos registrados en todo el mundo. Un total de 11 de los 18 países en los que documentamos casos en 2022 eran latinoamericanos.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos en un año que ha vuelto a ser funesto para el país. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Una vez más, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente han sido duramente golpeados. Sin embargo, aún queda esperanza; cuando Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, asumió su cargo en agosto de 2022, prometió una transformación social y un aumento de la protección de las personas defensoras. Hasta entonces, ningún Gobierno había hecho tales promesas.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del Gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas.

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que 4 eran abogados. No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo.

En el resto de Centroamérica, las agresiones mortales contra personas defensoras de Honduras plantean un grave problema. Con 14 asesinatos en 2022, Honduras tiene el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país.

En total, Global Witness documentó 16 homicidios en Asia, 11 de los cuales se produjeron en Filipinas, el país que ha encabezado la clasificación de esta región todos y cada uno de los años. Ferdinand Marcos Jr., que asumió el cargo de presidente en junio de 2022, hasta la fecha no ha tratado la cuestión de las violaciones de derechos humanos. Por el contrario, su programa se ha centrado en los intereses empresariales y económicos, lo que ha generado una preocupación constante entre la sociedad civil respecto al aumento de la explotación minera y de otros recursos a costa de los derechos humanos y de la seguridad de las personas defensoras.

Sigue siendo difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos e incluso vincularlos a sectores concretos. Sin embargo, podríamos establecer una conexión entre diez homicidios sucedidos en 2022 (la mitad de ellos en México) y la agroindustria, lo que pone este por delante de cualquier otro sector. Por otro lado, la minería estuvo ligada a ocho casos y la explotación forestal a cuatro. Estas tres industrias contribuyen, además, en gran medida a las emisiones mundiales de carbono.

Las mujeres defensoras sufrieron el 11 % del total de ataques mortales. Si bien a primera vista esta cifra puede parecer un porcentaje relativamente bajo, en realidad, esconde una realidad mucho más compleja. Son muchas las formas de violencia de género que sufren las mujeres, desde las agresiones sexuales hasta el rechazo de sus familias y comunidades. Por tanto, las defensoras se exponen a ataques desde dos frentes: además de ser víctimas de agresiones por su activismo, también se enfrentan a violaciones de los derechos humanos por motivos de género.

Más de un tercio (36 %) de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7 %, afrodescendientes. Más de una quinta parte (22 %) se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Algunas ni siquiera eran el objetivo de los ataques, sino que simplemente se encontraban en ese preciso momento con la persona defensora a la que se quería asesinar. Esto ilustra la repercusión adicional que tienen los ataques sobre las familias y las comunidades.

Entre las personas asesinadas en 2022 figuran también agentes estatales, manifestantes, guardas de parques, juristas y periodistas cuyo nexo común era su compromiso de defender sus derechos y garantizar el buen estado del planeta. Todos ellos pagaron con su vida el coraje y compromiso que demostraron.

Por si fuera poco, el año pasado se asesinó a al menos cinco menores: tres en Brasil, uno en Colombia y otro en México. Tres eran indígenas, como es el caso de Jonatas Oliveira, el hijo de nueve años de un líder rural de Brasil.

También estamos asistiendo a un nuevo patrón de homicidios en la Amazonia, ya que el año pasado murieron allí 39 personas defensoras. De ellas, 11 procedían de comunidades indígenas. Cifras como estas son especialmente trágicas en el contexto del agravamiento de la emergencia climática: proteger la Amazonia es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta. Y, si bien cada vez se reconoce más el papel que desempeñan en la protección de los bosques del mundo los pueblos indígenas —sean del país que sean—, sigue sin brindárseles la protección adecuada y sin incluírselos en la toma de decisiones. A pesar de las numerosas fronteras de la inmensa cuenca amazónica, las personas defensoras de este preciado ecosistema están unidas por historias comunes de violencia, miedo y resistencia.

La selva amazónica, el mayor bosque del mundo, abarca cerca de 6,9 millones de kilómetros cuadrados (aproximadamente la superficie de los 48 estados continentales de los Estados Unidos de América). Incluye ocho países de América del Sur: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, así como el territorio de ultramar de la Guayana Francesa.

La Amazonia es uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra y tiene una función decisiva en la lucha contra la emergencia climática mundial. Los hábitats de millones de especies de fauna y miles de flora dependen de la conservación de este bosque. Asimismo, allí viven más de 40 millones de personas, entre ellas más de 500 pueblos indígenas y étnicos. Pero la Amazonia y sus habitantes están en peligro. La deforestación provocada por la ganadería, la minería del oro, la explotación forestal y otras actividades extractivas está haciendo estragos, mientras los vertidos de petróleo contaminan los ríos y afectan a los ecosistemas locales.

Arriesgar la vida

Por su función de custodia de la selva, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente están en primera línea de batalla de la devastadora explotación de la Amazonia. Se enfrentan a peligrosas empresas que actúan con impunidad, a despiadadas fuerzas de seguridad del Estado y a asesinos a sueldo.

Cuando les plantan cara a los poderosos intereses de la agroindustria, la minería y la explotación forestal, las personas defensoras son víctimas de intimidación, criminalización, agresiones y asesinatos sistemáticos. Año tras año, quienes defienden este bioma de valor incalculable se dejan la vida protegiendo sus hogares, sus medios de subsistencia y el buen estado de nuestro planeta.

Historias compartidas de miedo, violencia y resistencia

En 2022, más de una quinta parte de los 177 homicidios registrados en el mundo ocurrieron en la Amazonia. 

El año pasado, los asesinatos del brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y del periodista británico de The Guardian Dom Phillips en la región amazónica de Brasil causaron conmoción en todo el mundo. Habían estado defendiendo a comunidades indígenas brasileñas frente a las violaciones de sus derechos sobre la tierra y el medioambiente e informando sobre ello.

Pero, desgraciadamente, las historias de violencia, tortura y amenazas son una realidad que comparten las comunidades amazónicas de toda la región.

A unos 1.000 kilómetros de donde murieron Bruno y Dom, por ejemplo, en otra zona de la Amazonia, las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami. Son estas comunidades indígenas de toda la Amazonia las que sufren de forma desproporcionada los ataques, las amenazas y los homicidios.

Los pueblos indígenas kayapó de Brasil, uwottüja de Venezuela y kakataibo de Perú proceden de rincones distantes de la Amazonia; no obstante, están unidos por experiencias comunes del abuso y la destrucción a los que los someten quienes consideran la selva una mera oportunidad para enriquecerse. También los une su determinación, contra viento y marea, de proteger sus territorios y la selva amazónica.

A continuación, se exponen historias de tres países diferentes que ponen de relieve los retos y aspiraciones de las comunidades que luchan en primera línea para salvaguardar la Amazonia y ayudar a evitar un cambio climático irreversible.

«Tenemos que luchar por nuestra cuenta»

El brutal asalto de la minería ilegal a tierras indígenas de Brasil

Indígenas kayapós

En el sur del estado amazónico de Pará (Brasil), a lo largo de los afluentes del río Xingu, viven los pueblos indígenas kayapós, que incluyen el pu'rô, el mebengokre kayapó y el mebêngókre kayapó mekrãgnotí. Habitan cuatro territorios indígenas: TI Kayapó, TI Baú, TI Badjonkore y TI Menkragnoti.

Pará está considerado uno de los estados donde más violencia hay contra las personas defensoras de la tierra de Brasil, ya de por sí uno de los países con la mayor tasa de asesinatos de activistas medioambientales del mundo.

Estas comunidades llevan lidiando con las consecuencias de la explotación minera destructiva desde finales de la década de 1970. La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonia brasileña ha aumentado un 1.271 % en los últimos 35 años. Entre 1985 y 2020, la superficie de extracción ilegal de minerales ascendió de 7,45 a 102,16 kilómetros cuadrados. En 2020, el 95 % de esta actividad se desarrolló en tres tierras indígenas (los territorios Yanomami, Munduruku y Kayapó).

Por otro lado, a partir de 2019, el anterior Gobierno federal brasileño comenzó a incentivar y promover indirectamente las actividades mineras ilegales en la Amazonia, incluso en los territorios indígenas. Se debilitaron los organismos de inspección ambiental y se dio paso a la explotación y destrucción de la Amazonia. Además, el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar las actividades mineras dentro de los territorios indígenas.

«Nos hemos acostumbrado a las amenazas, pero el miedo nunca se desvanece»

El oro de sangre de la Amazonia brasileña llega a Silicon Valley

El oro es el principal objetivo de la minería ilegal que se lleva a cabo en los territorios de los kayapós. Y, con el auge de la extracción de oro, han aumentado la contaminación, la deforestación y los delitos violentos contra las personas defensoras indígenas. La minería ilegal resultaba tan rentable que se construyeron aeropuertos improvisados en las zonas mineras y se traía en avionetas al personal para trabajar en ellas. Se ha sacado a la luz que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, los Estados Unidos y el Reino Unido extrajeron o adquirieron oro de esa zona o vendieron maquinaria para la explotación minera del lugar.

Según Doto Takak Ire, presidente del Instituto KABU (una asociación de pueblos indígenas kayapós), la extracción ilegal de oro está creando «todo tipo de problemas», entre ellos:

• La contaminación de la tierra y sus arroyos con mercurio
• El aumento del riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades graves
• La escalada de la violencia y las amenazas contra las comunidades indígenas y la incitación por parte del personal minero ilegal a la violencia y a las luchas internas entre las comunidades
• La falsa promesa de elevados beneficios que hace el personal minero a miembros de comunidades indígenas para que apoyen la minería ilegal mientras se destruye el bosque que los sustenta

Cansados de que los ignoraran las autoridades locales —entre ellas, la Fiscalía y la Policía Federal— los pueblos kayapós decidieron actuar por su cuenta. En 2021, dirigentes indígenas y miembros de las comunidades del territorio indígena Baú unieron fuerzas para intentar recuperar el control de la zona de explotación minera ilegal de Pista Velha, situada en sus tierras. El grupo indígena recorrió la larga distancia hasta aquella zona y exigió que el personal minero ilegal se marchara de inmediato, una demanda que finalmente se cumplió. Posteriormente, construyeron un campamento provisional de monitoreo y vigilaron la zona durante semanas tras la reocupación.

No obstante, un año después, el personal minero volvió y reanudó la exploración. En mayo de 2022, kayapós del territorio indígena Baú, liderados por el cacique Bepdjo Mekrãgnotire, un reconocido líder indígena que se oponía a la minería ilegal, viajaron a pie durante varios días para detener la explotación. La Policía Federal no intervino para ayudar a impedir la minería ilegal hasta que los miembros del pueblo kayapó volvieron a ocupar las tierras y construyeron otro campamento de monitoreo.

Poco después, las autoridades gubernamentales clausuraron otro yacimiento minero ilegal llamado Pista Nova, en tierras kayapós.

Las ya desaparecidas zonas mineras de Pista Velha y Pista Nova requerirán un monitoreo perpetuo debido a las posibles riquezas que aún albergan. Sin embargo, hay otras zonas mineras en territorios indígenas de toda la Amazonia que siguen activas y que ponen en peligro los derechos y los medios de vida de las comunidades indígenas.

Miembros de las comunidades indígenas kayapós y el Instituto KABU han informado a Global Witness de incendios provocados para desmontar tierras y destruir aldeas indígenas, altercados por el uso del suelo, agresiones físicas y amenazas de muerte.

En septiembre de 2022, pocas semanas después de la clausura de los yacimientos mineros ilegales, el Instituto KABU recibió una carta anónima con amenazas de muerte a sus miembros. También recibió mensajes de audio anónimos por WhatsApp en los que se exigía al Instituto que pusiera fin a sus actuaciones y protestas contra la minería de oro.

El cacique Bepdjo Mekrãgnotire ha recibido muchas veces graves amenazas del personal de las minas ilegales. Él describió a Global Witness la voluntad de su pueblo de seguir protegiendo el bosque.

«¿Que por qué queremos proteger el territorio y arriesgar nuestra vida por él? Bueno, no somos los únicos que necesitamos el bosque para sobrevivir, tenemos que luchar por nuestra cuenta, pero lo hacemos por todo el planeta, por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que puedan vivir en paz. Mantendremos viva la selva, protegeremos el aire, los ríos, los peces y los animales. Eso es por lo que luchamos».

Con el telón de fondo de esta violencia, se ha relacionado a empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos con violaciones de derechos humanos cometidas contra kayapós. El oro extraído ilegalmente de sus tierras indígenas se ha encontrado en las cadenas de suministro de varias empresas internacionales, entre ellas:

• La refinería de metales preciosos italiana Chimet
• La empresa minera Serabi Gold, que cotiza en la Bolsa de Londres
• Gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft y Amazon, que ya han comprado oro ilegal a Chimet y a la refinería brasileña Marsam, la cual se ha abastecido de este metal en una empresa minera que está siendo investigada actualmente por extraerlo ilegalmente de tierras kayapós

No se sugiere aquí que que ninguna refinería ni empresa manufacturera haya ordenado directamente violaciones de derechos humanos en las regiones brasileñas de las que se extrae oro.

No obstante, un representante kayapó, que prefiere no ser identificado por motivos de seguridad, considera que estas empresas «refuerzan directamente las actividades delictivas y contribuyen a la violencia contra pueblos indígenas, las invasiones de tierras, la contaminación y la deforestación».

La falta de transparencia en el negocio del oro, unida a la prevalencia del blanqueo de este metal precioso en Brasil, convierte al país en un mercado de riesgo para los compradores de todo el mundo, ya que el oro extraído de tierras indígenas es particularmente probable que se extraiga de forma ilegal, violenta y destructiva.

Una investigación de la Policía Federal desveló que Chimet adquiría oro obtenido ilegalmente en territorio kayapó por la empresa brasileña Cooperouri (Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores de Ourilândia e Região). Este es el oro que podrían haber comprado después los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Según una investigación llevada a cabo por Unearthed, la unidad de periodismo de investigación de Greenpeace en el Reino Unido, en colaboración con SUMAÚMA y The Guardian, Serabi Gold explotaba una mina de oro ilegal llamada Coringa, situada en una zona en disputa que antiguamente pertenecía al territorio indígena Baú de la Amazonia y ahora colinda con él.

Una sentencia de diciembre de 2021 de un tribunal regional federal de Brasil dictaminó que no se debía conceder a Serabi Gold ninguna licencia ni autorización gubernamental para explotar minas hasta que se hubiera llevado a cabo un proceso de consulta con el pueblo kayapó. A pesar de la sentencia judicial y de que una autoridad gubernamental competente aclarara que la licencia de Serabi había caducado, la empresa declaró que tenía intención de continuar con sus operaciones mineras en el yacimiento de Coringa. Serabi dijo a Global Witness que la empresa respeta la sentencia del Tribunal y opera con licencias válidas que concedieron organismos brasileños antes del dictamen y que la sentencia no anuló. Según Serabi, una de estas licencias es válida hasta febrero de 2024. La empresa sostiene que en abril de 2023 llevó a cabo un estudio sobre las comunidades indígenas, que concluyó que el yacimiento de Coringa no tiene ninguna repercusión directa para las comunidades indígenas que viven en el TI Baú. Supuestamente, el estudio se ha presentado a las comunidades indígenas y se está revisando para incluir sus comentarios. Serabi dice haber confirmado que los miembros de la comunidad indígena apoyan sus operaciones.

«Nuestro territorio es la vida que dejamos a las generaciones futuras»

La irresponsable búsqueda de oro, coltán, diamantes y otros minerales en la Amazonia venezolana

Indígenas uwottüjas

A unos 2.000 km del territorio de los kayapós se encuentran los indígenas uwottüjas, que viven a lo largo de los afluentes del Orinoco Medio, en la Amazonia venezolana. También ellos se han enfrentado a violencia, invasiones de tierras y amenazas de muerte relacionadas con la expansión de la minería ilegal en su territorio.

En 2022, uno de los líderes más destacados de la comunidad fue asesinado por defender sus tierras ancestrales y oponer resistencia a la minería ilegal y a los grupos delictivos.

Virgilio Trujillo Arana era uno de los líderes del grupo de defensa de la comunidad indígena uwottüja, la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Este grupo se creó originalmente para advertir a las comunidades de catástrofes naturales inminentes, por ejemplo, inundaciones. Sin embargo, al carecer de una protección estatal adecuada, la comunidad empezó a movilizar a los guardianes para proteger sus tierras contra lo que denominan una «invasión silenciosa» de grupos delictivos y personal minero ilegal.

En 2016, el Gobierno venezolano constituyó el Arco Minero del Orinoco, al sur del río Orinoco, como una zona de desarrollo estratégico controlada exclusivamente por el Gobierno para la extracción de oro y otros metales. Las tierras indígenas uwottüjas quedan fuera del Arco y en sus territorios no se permite la minería. Sin embargo, disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, así como otros grupos armados delictivos y paramilitares, han ido invadiendo nuevas zonas cercanas al Arco, incluido el territorio uwottüja, para buscar metales preciosos.

Según se dice, la mayor parte del oro extraído de las zonas mineras ilegales de Venezuela se introduce de contrabando en Colombia, Brasil y Guyana. Supuestamente, allí se blanquea y se exporta a África, Oriente Medio y la Unión Europea.

Esta extracción y comercio han tenido consecuencias devastadoras para los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades. Por ejemplo, la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas ha denunciado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por causa de la extracción de oro y otros «recursos estratégicos», afirmando que: «Entre [esas violaciones] figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».

Además, los daños sufridos por el Orinoco representan un ecocidio que queda patente en la contaminación del agua, la deforestación, la degradación del suelo y la pérdida de diversidad biológica, entre otros problemas medioambientales. Las personas de las comunidades indígenas que intentan oponerse a la minería ilegal en sus tierras suelen ser reprimidas con violencia u obligadas a huir de sus territorios ancestrales.

Virgilio fue uno de los que denunció la minería ilegal y las violaciones que esta conlleva en la Amazonia venezolana. Un sicario no identificado le dio tres tiros en la cabeza. Su muerte generó una profunda preocupación por la seguridad de las personas defensoras de la Amazonia en Venezuela. Desde 2014, se ha asesinado a 20 personas que defendían la tierra y el medioambiente del país, a 17 de ellas en la región amazónica.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), una coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, Colombia y Perú, expresó su gran preocupación por este asesinato y afirmó que Virgilio «luchaba por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la región».

La Asociación Civil Kapé Kapé es un grupo de la sociedad civil que trabaja con personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela. En conversaciones con Global Witness, María Mariela Alejandra Molero (también conocida como «Mariela»), representante, asesora legal de la Asociación, comentó que Virgilio era un gran defensor del medioambiente, que interactuaba con funcionarios estatales que representaban los intereses de la comunidad y que lo asesinaron minutos después de reunirse con las autoridades gubernamentales.

Las personas defensoras de la tierra y el medioambiente consideran la muerte de Virgilio un ataque contra toda una comunidad y contra sus esfuerzos por proteger un modo de vida concreto y el medioambiente que lo sustenta.

La explotación cada vez más acelerada de la Amazonia venezolana está causando daños irreversibles a su frágil diversidad biológica: la minería y la agroindustria han contribuido de forma devastadora a la pérdida de 140.000 hectáreas de bosque primario.

En un vídeo grabado antes de su asesinato, Virgilio afirmaba que la comunidad seguiría defendiendo su tierra porque, sin ella, sus miembros desaparecerían: 

«Somos una cultura viva, tan viva como la Amazonia»

El costo mortal de la lucha contra la deforestación en los pueblos indígenas de la región amazónica de Perú

Los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven a lo largo de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu de las regiones de Ucayali y Huánuco en la Amazonia peruana, tienen una historia similar a la de las comunidades indígenas de Brasil y Venezuela. Llevan años denunciando reiteradamente las invasiones de sus tierras ancestrales y la explotación ilegal de sus recursos naturales, como la extracción de madera. También han visto desaparecer sus bosques para dar paso a cultivos de coca, el ingrediente principal de la cocaína. La producción y el tráfico de esta droga ilegal son cada vez más preocupantes en Perú. En 2022 las tierras dedicadas al cultivo de hoja de coca habían ascendido a un nivel sin precedentes en comparación con los 20 años anteriores, mientras que, desde 2020, el cultivo en tierras indígenas prácticamente se ha duplicado.

Según los datos de Global Witness, al menos tres personas defensoras de la tierra y el medioambiente de la región de Ucayali han sido asesinadas en los dos últimos años. Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau murieron por defender sus tierras y bosques. Otras personas de liderazgo indígena han sido víctimas de violencia y otras agresiones sin consecuencias mortales, como la intimidación y el hostigamiento. Algunas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y vivir en la clandestinidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido las amenazas a las que se han visto sometidas las comunidades indígenas. De igual manera, personas expertas en la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas instaron también al Gobierno peruano a que se asegurara de cumplir los estándares y normas internacionales y de proteger a las personas defensoras y sus familias.

Un miembro de una comunidad indígena, que prefiere permanecer en el anonimato, habló con Global Witness sobre los riesgos a los que se exponen constantemente y expresó su gran preocupación por la vida, la salud y los medios de subsistencia de su comunidad: «Somos una comunidad indígena y, sin nuestro territorio, no somos nada. Hemos visto desaparecer a otras personas. Nosotros no existimos fuera de esta tierra porque somos uno con ella. Para nuestra gente, la Amazonia está viva: es nuestro mercado, nuestra farmacia y una parte fundamental de nuestra vida. Somos una cultura viva, tan viva como la Amazonia».

Perú es el cuarto país del mundo con mayor superficie de bosques tropicales, después de Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia. Según datos de Global Witness, también se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, como demuestran los 42 asesinatos acaecidos entre 2014 y 2022. Más de la mitad de esas muertes tuvieron lugar en la región amazónica del país.

Un total de 177 personas perdieron la vida en 2022 por defender su tierra y el medioambiente. Si bien la cifra es un poco más baja que la del año anterior, cuando se asesinó a 200 personas, sigue exponiendo un panorama desolador. Al menos 1.910 personas han perdido la vida en todo el mundo por defender su tierra y el medioambiente desde que Global Witness empezó a documentar estos homicidios en 2012. Al menos 1.390 de ellas han sido asesinadas desde que se aprobó el Acuerdo de París en 2015. Y son vidas que no podemos darnos el lujo de perder.

También es importante señalar que estas cifras solo contabilizan los asesinatos de los que tenemos conocimiento: dado que la falta de denuncias es un problema generalizado, por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos.

Los pueblos indígenas siguen siendo objeto de ataques. Con los 64 asesinatos del año pasado, sus miembros fueron víctimas de más de un tercio de las agresiones con consecuencias mortales, a pesar de que solo constituyen el 6 % de la población mundial.

Aunque las personas defensoras de todo el mundo se enfrentan a muchos problemas similares, el patrón de ataques mortales dista mucho de ser uniforme. Lo que sí es cierto es que, año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentran en los mismos países. Más del 70 % de los casos (125 asesinatos de un total de 177) ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Se trata de países con antecedentes históricos muy distintos y con contextos sociopolíticos muy diferentes; sin embargo, tienen algo en común: sus Gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico.

América Latina

Desde que empezamos a recopilar datos en 2012, un total de 1.335 personas defensoras han perdido la vida en toda América Latina, lo que supone el 70 % de todas las muertes. Sin embargo, se ha hecho justicia a muy pocas familias por estos asesinatos. En un análisis reciente de la red colombiana de la sociedad civil Programa Somos Defensores, que documenta y denuncia los ataques contra personas defensoras, se desvela que el Estado colombiano les ha fallado a las personas defensoras al dejar impunes prácticamente todos los ataques: solo se han resuelto por la vía judicial el 5,2 % de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas las que defienden la tierra y el medioambiente. En México, el 90 % de las agresiones contra activistas y periodistas han quedado sin castigo.

El año pasado fue especialmente trágico para Colombia, donde se produjeron casi el doble de asesinatos que en Brasil o México. Con la apabullante cifra de 60 homicidios (casi el doble que en 2021), el total de muertes desde 2012 asciende a 382, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados.

El año 2022 fue testigo de una transición política en Colombia. El Gobierno de Iván Duque —muy criticado por su inacción y por el llamado «genocidio» de dirigentes sociales que provocó— dio paso al de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 2022, junto a la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia, Francia Márquez. Su programa político es el primero de la historia del país que incluye expresamente la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques contra ellas. Se trata de un cambio bienvenido y muy necesario respecto a Gobiernos anteriores, que han hecho caso omiso a la violencia contra las personas defensoras y se han negado a actuar.

En octubre de 2022, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer pacto medioambiental regional de América Latina y el Caribe y el primero del mundo que contiene disposiciones específicas sobre las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Además, este acuerdo pretende mejorar el acceso de la ciudadanía a la información medioambiental y defender su participación en los procesos de toma de decisiones, unos compromisos que deben ir acompañados de acciones. Las cifras de 2022 de Colombia son un recordatorio elocuente de lo mucho que aún queda por hacer y de su apremiante urgencia.

La situación en Brasil sigue siendo preocupante. Con los 34 asesinatos del año pasado, 376 personas defensoras han perdido la vida en el país desde 2012.

Tras llegar al poder en 2019, el entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro impuso su programa antiambiental y en contra de los derechos humanos. Desde el principio de su Gobierno, dejó claro que no concedería a los pueblos indígenas la titularidad de ningún territorio más, lo que no es de sorprender si se tiene en cuenta que, en una ocasión, los describió como personas que vivían en la pobreza «como animales en zoológicos». Los ataques contra los pueblos indígenas y sus tierras se triplicaron durante su presidencia y, en 2022, 10 de los 34 asesinatos que registramos en Brasil fueron de indígenas. Poco después, se pidió que se juzgara a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno de Bolsonaro trató el medioambiente con tanto desdén como los derechos humanos y abrió las puertas de la Amazonia a industrias destructivas. Además, recortó drásticamente el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente: en 2022 solo fue ligeramente superior al de 2021, el presupuesto más bajo con el que había contado en los 20 años anteriores. Otros organismos importantes vieron igualmente recortado su presupuesto. También en 2022, el mundo fue testigo del peor día en 15 años de incendios en la Amazonia.

El 1 de enero de 2023, Luiz Inácio «Lula» da Silva tomó posesión como presidente de Brasil tras derrotar a Bolsonaro, que se presentaba a la reelección. El presidente Lula y Marina Silva, a quien nombró ministra de Medio Ambiente, se enfrentan al extraordinario desafío de revertir los daños sociales y medioambientales iniciados por Bolsonaro. Su tarea deberá incluir, ante todo, la protección efectiva de los pueblos indígenas y sus tierras. Dado que las fuerzas conservadoras son mayoría en el Congreso, su labor entrañará una gran dificultad.

México fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del mundo en 2021: un abrumador total de 54. En 2022, la cifra se ha reducido considerablemente a 31, y el total desde 2012 es de 185. Al menos 16 de las personas asesinadas el año pasado eran indígenas, mientras que 4 eran abogados.

México también fue testigo del implacable ataque a personas defensoras de una misma familia: el padre del líder indígena rarámuri José Trinidad Baldenegro fue asesinado cuando José tenía solo 11 años. Años después, en 2017, también fue asesinado el hermano de José, Isidro Baldenegro, galardonado con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2005. José fue una de las personas defensoras asesinadas en 2022.

Con 14 asesinatos de personas defensoras en 2022, Honduras fue el país con el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita del mundo. A principios de 2022, Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de la historia del país y se comprometió a proteger a las personas defensoras. Cumplir esta promesa supondrá todo un reto, pero urge tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos.

Asia

El hecho de que los ataques no suelan denunciarse es un problema importante tanto en Asia como en África. Desde 2012, Global Witness ha documentado 443 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el continente asiático; se produjeron en un total de 18 países, la mayoría de los cuales están clasificados como espacios «cerrados» o «reprimidos», según el Monitor CIVICUS, una herramienta de investigación sobre el espacio cívico de los países. Aquí a menudo se acalla a las personas defensoras o se las criminaliza por alzar la voz.

De los 16 casos registrados en Asia en 2022, 11 se produjeron en Filipinas, 3 en Indonesia y 2 en la India.

Filipinas siempre ha sido el peor lugar de Asia para quienes defienden la tierra y el medioambiente, al haberse producido 281 asesinatos desde 2012. De estos, un tercio fueron de personas defensoras que se pronunciaban en contra de las operaciones de empresas vinculadas al sector minero. El presidente Ferdinand «Bongbong» Marcos, elegido para el cargo en 2022, ha anunciado que la exploración y la extracción de minerales son esenciales para el plan económico de su administración de avanzar hacia la tecnología verde y las energías renovables. Su predecesor, el presidente Rodrigo Duterte levantó la prohibición de nuevas explotaciones mineras en Filipinas en 2021.

La criminalización de personas defensoras y activistas por los derechos humanos está muy extendida y, para silenciar a las personas críticas y a las comunidades, se utiliza habitualmente el «etiquetado rojo», una práctica gubernamental para señalar a las personas activistas y acusarlas de insurgencia comunista. En el momento de redactar este informe, acababa de aprobarse en comisión en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que aspira a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y castigar los actos de intimidación o violencia contra ellas, lo que supone un avance para la protección de las personas defensoras. Sin embargo, una declaración del Gobierno calificó el proyecto de ley de «peligroso y destructivo» para el país.

Africa

En 2022, registramos cinco asesinatos en África. De las personas asesinadas, cuatro eran guardas de parques: dos, en la República Democrática del Congo; una, en Malaui; y otra, en Sudáfrica. A lo largo de los años, este tipo de profesionales siempre han sido víctimas de ataques. Más de 200 guardas forestales han muerto mientras trabajaban en el Parque Nacional de Virunga, el área protegida con mayor diversidad biológica de África. Estas personas también están en la primera línea de la lucha contra la crisis climática. Y a ellas también se las está matando por hacer su trabajo.

Los habitantes de Sibuyan, una pequeña isla filipina con forma de media luna, tuvieron noticia por primera vez en enero de 2023 del permiso de exportación de minerales que tenía la empresa minera Altai Philippines Mining Company. Según el activista por los derechos Rodne Galicha, se le escapó a un representante del Gobierno en una reunión comunitaria en la que él también estuvo presente.

Según la empresa minera, el permiso la autoriza a extraer y exportar más de 50.000 toneladas métricas de mineral de níquel de la isla. Y esta no es una isla cualquiera; conocida como «las Galápagos de Asia», Sibuyan tiene un 81 % de cubierta forestal y alberga varias especies en peligro de extinción.

Pocos días después de la reunión y del desliz del funcionario, las personas residentes, alarmadas por la posibilidad de que las operaciones mineras asolaran la valiosa diversidad biológica de la isla, ya habían instalado tiendas improvisadas frente al almacén de la empresa. Los habitantes de Sibuyan llevan casi 20 años intentando impedir las prospecciones mineras en su isla, y no piensan rendirse justo ahora.

Rodne describió la llegada de policías antidisturbios, a medida que crecía la oposición de la comunidad: «Dijeron que los habían enviado [para mantener] la paz y el orden […]. Los pusieron a todos en fila en la autopista e intentaron abrirles el paso a los camiones de la empresa».

En un intento de obstaculizar las operaciones de la empresa minera, una barrera de personas bloqueó la carretera. Charles Rocil, líder juvenil en la esfera medioambiental, describió el primer intento de la empresa de transportar el mineral de níquel extraído y el consiguiente enfrentamiento iniciado por el cuerpo policial: «Era una mezcla de ansiedad y miedo a que pudiera morir alguien en cualquier momento por culpa de los camiones [que avanzaban…], pero resultó que eran los policías los que intentaban hacernos daño. Y, de hecho, lo consiguieron». Hay imágenes que muestran camiones mineros atravesando sin problema la barricada mientras la policía dispersa por la fuerza a residentes y manifestantes en contra de la minería.

Rodne conoce muy bien los intentos de silenciar la voz de las personas activistas medioambientales. Lleva años defendiendo la diversidad biológica de Sibuyan y ha soportado múltiples amenazas por Internet, llamadas telefónicas anónimas y una supuesta vigilancia. Se ha presentado una denuncia anónima contra él ante la Oficina Nacional de Investigación por su activismo ambiental.

«Bosques, aguas limpias, suelos ricos»

Una lucha que atañe a todo el mundo

En Sibuyan, parece que las personas defensoras han logrado un instante de éxito en su lucha contra los intereses de las grandes empresas. En febrero de 2023, el Gobierno filipino ordenó que Altai Philippines suspendiera sus operaciones, tras sus supuestas violaciones de la normativa ambiental. La empresa no contaba con los documentos necesarios para construir la calzada que utilizaba para transportar el mineral de níquel. En una inspección gubernamental se confirmaron también las denuncias de la comunidad de que se habían talado árboles ilegalmente para construir el puerto. La población también sostiene que para la aprobación del permiso de Altai no se cumplió el debido proceso, ya que se obviaron las consultas a la comunidad local. En junio de 2023, el Tribunal Supremo dictó un auto de kalikasan (un recurso jurídico para la protección del derecho a un medioambiente sano) contra varios organismos gubernamentales y la empresa minera.

En 2010, Altai Philippines fue vendida a una subsidiaria de Pelican Resources, una empresa australiana, por más de 1,2 millones de dólares canadienses. Después, Pelican acordó un memorando de entendimiento con Dynamo Atlantic Limited – el usufructurario del proyecto minero situado en la isla de Sibuyan. Dynamo está supuestamente relacionada con Kenneth Gatchalian, hermano del Senador William Gatchalian y hermano del Senador Sherwin Gatchalian, Secretario de Bienestar Social y Desarrollo. Según los documentos de la empresa, la venta se completó en 2020.

El sentimiento antiminero no ha decaído: «La lucha por preservar un lugar como Sibuyan no puede llevarla a cabo una sola persona o un grupo individual. Es un esfuerzo colectivo de la ciudadanía […]. Participaría toda la gente de aquí, desde pequeños hasta abuelos», dice la lideresa de la comunidad, Elizabeth Ibañez. En Sibuyan las personas defensoras están oponiendo una gran resistencia a los poderosos intereses empresariales. Hay mucho en juego. «Abundantes bosques, aguas limpias y suelos ricos —dice Elizabeth—. Esto se ha convertido en una cuestión climática». Por eso, se trata de una lucha que debería preocupar al mundo entero.

Asociación para una Transición Energética Justa (ATEJ)

Los compromisos mundiales para alcanzar la neutralidad climática para 2050 se ven obstaculizados por las desiguales repercusiones de la crisis climática. El cambio hacia economías verdes es fundamental para las iniciativas mundiales encaminadas a abandonar las industrias basadas en los combustibles fósiles, que producen grandes cantidades de carbono. Los países que más han contribuido a la emergencia climática y más se han beneficiado de ella tienen una mayor responsabilidad de contribuir a las transiciones mundiales «justas». Las Asociaciones para una Transición Energética Justa (ATEJ) son modelos de financiación que aspiran a salvar esa brecha y, en ese marco, hay países desarrollados que ya han prometido un total de 44.000 millones de dólares (USD) a Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, países vulnerables al cambio climático. Según se dice, Filipinas e India están negociando compromisos similares con países donantes de esta financiación, y recientemente se ha anunciado un acuerdo nuevo con Senegal.

Ahora más que nunca, Gobiernos y empresas deben detectar, prevenir y mitigar los riesgos para las personas defensoras. En junio de 2023, Hoang Thi Minh Hong se convirtió en la quinta activista por el clima destacada que ha sido detenida en Vietnam por presunta evasión fiscal en los últimos dos años. Su detención se produjo días después de que grupos en defensa de los derechos humanos acogieran con satisfacción la pronta puesta en libertad de la defensora del medioambiente vietnamita Nguy Thi Khanh, que había sido detenida y condenada a dos años de prisión por evasión de impuestos, cargo que se cree que responde a motivaciones políticas. Otros tres activistas medioambientales vietnamitas (Dang Dinh Bach, Mai Phan Loi y Bach Hung Duong) siguen encarcelados. Todos ellos defendieron el desarrollo de energías limpias y una menor dependencia de los proyectos en los que se utiliza carbón térmico. Por todo el mundo, organizaciones en favor de la justicia climática anunciaron una huelga de hambre sin precedentes de un mes de duración en solidaridad con Dang Dinh Bach, que inició una huelga de hambre hasta la muerte antes del segundo aniversario de su detención «para defender su inocencia».

Desde entonces, a pesar del silenciamiento de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en Vietnam, el G7 y otros Gobiernos del mundo han suscrito con Vietnam una ATEJ por valor de 15.500 millones de dólares para ayudar al país a reducir sus emisiones. Sin embargo, la criminalización de quienes defienden el medioambiente y los derechos humanos en Vietnam hace temer que la sociedad civil quede excluida de las deliberaciones sobre la transición energética. En su lugar, el anuncio parece defender solo de boquilla la transición energética «justa». Si las personas responsables de adoptar decisiones no garantizan la participación significativa (y sin temor a detenciones) de la sociedad civil en el desarrollo y la aplicación de este acuerdo, los ambiciosos objetivos de la ATEJ podrían verse comprometidos.

En 2022, los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente aparecieron a menudo en las noticias locales, incluso a veces en las nacionales. Unas pocas llegaron incluso a salir en primera plana de la prensa internacional.

Pero los asesinatos no son más que la punta del iceberg. Por debajo se esconden innumerables agresiones (en su mayor parte sin denunciar) que, si bien no acaban con la vida de una persona defensora, sí que la transforman radicalmente. La criminalización es una de ellas.

Las personas defensoras se están viendo obligadas a enfrentarse al propio sistema jurídico que debería protegerlas. Según la organización internacional de derechos humanos Front Line Defenders, la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos (que incluye su detención, reclusión y procesamiento) fue la forma más habitual de agresión en 2022, ya que representó más de un tercio (34 %) de las violaciones registradas ese año.

Por todas partes, el discurso predominante presenta a las personas defensoras como una amenaza para el desarrollo de su país. Se las describe como agitadoras, terroristas o rebeldes a quienes hay que controlar. Esos mismos sistemas jurídicos que tardan una eternidad en investigar y acusar a quienes asesinan a las personas defensoras son sorprendentemente rápidos cuando se trata de emprender acciones legales contra estas. Enfrentarse a acusaciones que las convierten en delincuentes es una carga incesante para las personas defensoras, que puede durar años.

En algunos casos, la criminalización es la antesala de los homicidios de las personas defensoras. Tomemos el caso de Teófilo Acuña, reconocido líder social colombiano y voz de miles de pequeños campesinos que dependen de la agricultura y la minería del oro. Fue asesinado en febrero de 2022 junto con Jorge Alberto Tafur, su compañero en la lucha. Ambos habían denunciado amenazas pocos días antes de su muerte.

Antes de todo aquello, Teófilo había sido criminalizado en repetidas ocasiones. Lo habían golpeado y posteriormente detenido arbitrariamente en 2007 en el marco de una causa judicial que posteriormente fue desestimada. Volvió a ser detenido arbitrariamente en 2020 bajo cargos inventados de rebelión con agravantes. Aquello ocurrió poco después de que el Congreso de los Pueblos, movimiento local cofundado por Teófilo, presentara denuncias ante las autoridades por persecuciones arbitrarias y hostigamiento judicial contra miembros de movimientos campesinos. Quienes optan por apoyar a las comunidades locales e indígenas también pueden convertirse en blanco de la criminalización.

Chad Booc, por su parte, era un licenciado en informática de Filipinas. Trabajaba de profesor voluntario de indígenas lumades y se convirtió en defensor de sus luchas. La policía y el ejército lo detuvieron a él y a otras seis personas en 2021 para acusarlos de secuestro y tráfico de personas. Las autoridades argumentaron que mantenían cautivos a menores lumades y los entrenaban como «futuros combatientes armados». Chad y otro personal docente, así como varios estudiantes lumades, pasaron tres meses en prisión antes de que el caso fuera sobreseído por falta de pruebas. Chad fue asesinado en febrero de 2022 mientras viajaba con otro profesor voluntario, un profesional sanitario de la comunidad y dos conductores voluntarios. Tenía 27 años.

La criminalización no es el único tipo de agresión sin consecuencias mortales al que se enfrentan las personas defensoras. Además, aunque no siempre conduce a su asesinato, es una forma despiadada y eficaz de silenciarlas. Las personas defensoras deben correr con los gastos de su defensa, incluidas las tasas judiciales y el costo de los desplazamientos a tribunales que suelen estar lejos de su hogar. La criminalización supone enormes riesgos para la familia y la comunidad de una persona defensora, porque la señala, aumenta su visibilidad y facilita la identificación y el posible ataque de sus allegados. Además, puede impedir que la persona defensora se gane la vida, ya que dificulta su capacidad de trabajar. Este tipo de ataque puede tener un profundo efecto psicológico en las personas a las que va dirigida. Es preocupante, aunque quizá no tan sorprendente, que la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente vaya en aumento en todo el mundo.

El doctor Yesid Blanco es un pediatra colombiano que vive exiliado en Estados Unidos tras haber recibido amenazas de muerte por denunciar la existencia de un vertedero de residuos tóxicos cerca de su ciudad. Al parecer, el relleno sanitario ha tenido efectos devastadores para la salud de una comunidad vecina y ha supuesto una catástrofe para el medioambiente. Esta es su historia.

Supe que teníamos un problema grave poco después de 2015. Como pediatra y jefe de la única unidad de cuidados intensivos de mi ciudad, Barrancabermeja (Colombia), estaba acostumbrado a tratar a criaturas vulnerables y muy enfermas. Pero los casos que empezaron a presentárseme a partir de 2016 no se parecían a nada que hubiera visto antes.

En particular, los bebés de una comunidad rural llamada Patio Bonito nacían con una serie de problemas peculiares y horripilantes. Algunos incluso venían al mundo sin que se les hubiera desarrollado el cerebro en el útero y morían al poco de nacer. Padecían una enfermedad mortal conocida como anencefalia. Algunos bebés nacían con deformidades, mientras que otros tenían erupciones y forúnculos por todo el cuerpo.

Pero no solo sufrían los bebés. También empezaron a acudir a mi clínica niños y niñas con enfermedades muy raras, que presentaban una serie de síntomas alarmantes. Otros habitantes de Patio Bonito empezaron a sufrir problemas respiratorios y gastrointestinales; incluso cáncer.

Me quedó claro que estos innumerables problemas de salud estaban causados por la contaminación de la zona. Los defectos congénitos y los daños en el ADN eran compatibles con la ingestión de determinados metales pesados, como el mercurio y el arsénico. Además, coincidieron con la construcción de un enorme vertedero cerca de Patio Bonito (en el centro de unos humedales protegidos), que empezó a funcionar en enero de 2015. No había otra explicación. Patio Bonito se había convertido en una zona de sacrificios humanos.

Las cicatrices de un vertedero

El vertedero de Yerbabuena, situado en un río que desemboca en el humedal de la ciénaga de San Silvestre —la única fuente de agua que abastece a una ciudad de 200.000 habitantes—, recoge la basura de Barrancabermeja, así como los residuos de una refinería de petróleo cercana.

En aquel momento me di cuenta de que las sustancias químicas de la basura acabarían contaminando los alimentos y el agua de la comunidad, y que los residuos tóxicos del vertedero acabarían llegando a las casas y al cuerpo de la gente. No solo eso, sino que, además, el relleno se encuentra en un ecosistema valioso, que alberga jaguares y otras especies diversas, y ha tenido consecuencias devastadoras para la inmensa biodiversidad de la región.

Antes de que empezara a funcionar, ya sabía que el vertedero iba a presentar un grave problema para la comunidad local de Patio Bonito. Y así fue. Para mí, se convirtió, además, en una pesadilla.

La vida en el limbo

Sabía que era responsabilidad mía velar por la salud de quienes vivían en la zona, incluso fuera de mi clínica. Tenía que sacar a la luz la relación entre el vertedero y sus repercusiones sanitarias.

En septiembre de 2018, tras denunciar la contaminación del agua y los daños que había ocasionado el vertedero a especies en peligro de extinción, empecé a recibir amenazas de muerte. Me enteré de que estaban intentando encarcelarme y de que hasta habían planeado que unos sicarios nos atacaran a mi familia y a mí. Ante la persecución y los procesos penales por cargos falsos (entre ellos, terrorismo y fraude), me vi obligado a huir, temiendo por mi vida.

El vertedero y todos los horrores que trajo consigo se habían apoderado de toda mi existencia. Ahora vivo en el exilio y me estoy convirtiendo en algo que no soy, en alguien a quien ya no reconozco. Vivo en el limbo.

Es difícil describir el dolor de tener que dejarlo todo y a todos atrás. Y lo peor es saber que el vertedero sigue ahí, causando daños catastróficos a la población local y al medioambiente. Es a la vez increíblemente frustrante y desgarrador ver tanto sufrimiento y saber que la causa es totalmente evitable.

Sé que no soy el único que siente pesar y frustración. Quienes habitan Patio Bonito también han soportado esta penuria y esta rabia, durante más de ocho años. Sienten un gran cansancio emocional.

Han visto que nadie se ha puesto en pie para dar solución a sus problemas de salud. Ellos también viven en el limbo, a la espera de que alguien asuma la responsabilidad. Pero no ha aparecido nadie. No les queda más remedio que marcharse, si es que pueden.

Hablar de mi hogar desde un lugar tan lejano es el peor castigo que pueda existir. En Colombia, el castigo por alzar la voz es la destrucción física o económica, pero también moral y emocional. Es una guerra en la que activistas y personas con liderazgo en la esfera medioambiental se enfrentan a diversas formas de ataque.

Debemos hablar a nuestros hijos de las personas activistas que han dado su vida y han hecho grandes sacrificios para intentar dejarles un planeta mejor. Esta es la mejor enseñanza para las generaciones futuras.

También tenemos que seguir defendiendo lo que es justo y plantando cara a quienes valoran los beneficios por encima de las personas, especialmente por las personas más vulnerables de entre nosotros, quienes aún no han nacido, y por el medioambiente del que dependemos. Quienes pretenden silenciarnos no pueden vencer; no lo harán.

Los beneficios por encima de las personas

En 2018, se puso en contacto conmigo un abogado que me dijo que trabajaba para la empresa francesa de gestión de residuos Veolia. Quería más información sobre el vertedero. Varias personas activistas les advertimos en diversas ocasiones a él y a Veolia de todos los problemas medioambientales y de derechos humanos asociados. Hicieron caso omiso a casi toda nuestra correspondencia.

Un año después, en julio de 2019, Veolia compró el vertedero a sus anteriores propietarios, Rediba, una empresa con vínculos a grupos paramilitares.

Nunca imaginamos que una empresa europea compraría este vertedero. A mí me sorprendió inmensamente que una compañía como Veolia pudiera adquirirlo a pesar de nuestras advertencias.

Han negado rotundamente los efectos sobre el agua, sobre la comunidad y sobre las miles de personas que hoy se ven afectadas por el relleno sanitario.

La Unión Europea debe tomar medidas y presionar para que empresas como Veolia no adquieran activos como este vertedero, y para que las organizaciones medioambientales, económicas y sociales también tengan poder para impedir que ocurra algo así.

10 éxitos del año pasado

Se nos acaba el tiempo y activistas de todo el mundo trabajan sin descanso para frenar la crisis climática. A pesar de enfrentarse a importantes riesgos y desafíos, las personas defensoras han estado al frente de varios logros durante el año pasado.

Desde Global Witness, queremos conmemorar el vigesimoquinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrando algunos de estos logros y reconociendo los avances realizados hacia una mayor protección de las personas defensoras y hacia la justicia para quienes han perdido la vida. También celebramos el creciente reconocimiento del papel que desempeñan las personas defensoras para hacer frente a la emergencia climática.

Unión Europea

Innovadora propuesta de la UE sobre diligencia debida de las empresas

En febrero de 2022, la Comisión Europea publicó una esperada propuesta de directiva que promueve la responsabilidad corporativa y que sería el primer marco regional encaminado a obligar a las empresas a operar de forma sostenible. Si se aprueba, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad exigirá a las grandes empresas que operan en la UE que apliquen la diligencia debida para determinar, prevenir y mitigar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus actividades y que reparen los daños y perjuicios que hayan provocado.

América Latina y El Caribe

Primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1 - Acuerdo de Escazú)

Un año después de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe y el primero del mundo que contiene disposiciones específicas sobre las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, en abril de 2022 se celebró en Chile la primera reunión anual de las Partes. Es más, tras la elección mediante votación abierta en línea de seis representantes públicos, Escazú se convirtió en el único acuerdo ambiental de alcance internacional con participación directa de representantes electos del público. Este grupo se encarga de monitorear la participación del público en el Acuerdo. Asimismo, se ha creado un comité de apoyo al cumplimiento para asesorar sobre la aplicación del Acuerdo.

A escala mundial

Primer Relator Especial sobre las personas defensoras del medioambiente

En junio de 2022, Michel Forst recibió el nombramiento, por primera vez en la historia, de Relator Especial sobre los defensores del medioambiente en el marco del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (también conocido como Convenio de Aarhus). El Convenio obliga a los Estados a proteger a las personas activistas que alzan la voz para proteger los derechos medioambientales. Cualquier ciudadano o Parte del Convenio de Aarhus o su secretaría pueden presentar una queja al Relator Especial. Este tiene a su disposición varias herramientas para resolver las denuncias, como dictar medidas de protección, utilizar la vía diplomática, hacer declaraciones públicas o señalar el asunto a la atención de otros organismos competentes en materia de derechos humanos y de los Gobiernos interesados.

Naciones Unidas reafirma el derecho universal a un medioambiente limpio y saludable

En julio de 2022, Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se reconocía el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. En un momento en que el mundo se enfrenta a la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, la resolución exhorta a «los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes» a que intensifiquen los esfuerzos para defender este derecho.

Indonesia y Brasil

Importantes empresas internacionales excluyen a una proveedora local de aceite de palma

En Indonesia, en septiembre de 2022, Nestlé anunció sus planes de dejar de abastecerse de las filiales de Astro Agro Lestari, una importante productora indonesia de aceite de palma vinculada a presuntos acaparamientos de tierras y violaciones de los derechos humanos. Varias empresas de bienes de consumo —como Hershey's, P&G y Colgate Palmolive, fabricantes de conocidas marcas de productos para el hogar, desde chocolate hasta dentífrico— rápidamente siguieron su ejemplo. En Brasil, en diciembre de 2022, tras una investigación de Global Witness, Cargill, Nestlé, Hershey's, General Mills y Kellogg informaron a Global Witness de que habían excluido de sus cadenas de suministro de aceite de palma a Brasil BioFuels, una importante productora brasileña de aceite de palma vinculada a supuestas violaciones de los derechos humanos en la Amazonia.

A escala mundial

Acuerdo histórico en la COP27 sobre un fondo para pérdidas y daños

En la COP27, celebrada en Egipto en octubre de 2022, se alcanzó un acuerdo histórico; las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordaron crear un fondo para compensar a las naciones más afectadas por la crisis climática por las pérdidas y daños sufridos. Esta decisión supuso una gran victoria para los países más vulnerables a las catástrofes climáticas y para la sociedad civil, que llevaba décadas reclamando un fondo de este tipo. Este paso allana el camino para que los países desarrollados paguen por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Aun así, sigue siendo necesario actuar con urgencia para poner en marcha el fondo, con una participación significativa de la sociedad civil y las comunidades en primera línea.

Sierra Leona

Sierra Leona sienta un precedente en materia de derechos sobre la tierra, el clima y el desarrollo sostenible

El Gobierno de Sierra Leona aprobó la Ley de Minas y Explotación de Minerales, cuyo objetivo es proteger a las comunidades afectadas por futuros proyectos mineros en el país. La nueva ley exigirá a las empresas que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas y aumentará los derechos de los propietarios locales a vetar proyectos, lo que incluye el reconocimiento de la igualdad de derechos sobre la tierra para las mujeres.

Perú

Justicia para las familias de las personas defensoras peruanas

Tras ocho años de incesante promoción y peticiones de justicia, la Corte Suprema de Perú condenó a cinco madereros ilegales a más de 28 años de prisión cada uno por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas: Edwin Chota Varela, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.

México

Apoyo judicial a la diligencia debida y la consulta pública

Un tribunal superior federal de México revocó los permisos concedidos por las autoridades federales para la construcción del puerto de Veracruz. Residentes del estado de Veracruz y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) celebraron una decisión que «apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano […] y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental». La sentencia también exige a las autoridades competentes que refuercen las evaluaciones de impacto ambiental utilizando la mejor información científica disponible y garantizando la participación pública en la toma de decisiones.

Australia

Una comunidad indígena recupera sus tierras de manos de un coloso del gas

La comunidad munupi presentó una denuncia contra el Gobierno australiano por no llevar a cabo una consulta cuando aprobó la prospección de combustibles fósiles en más de 300 km de costa de la isla de Tiwi. Dennis Tipakalippa, anciano de la comunidad, alegó que nadie los había consultado antes de decidir que se podía poner en marcha el proyecto (propiedad de Santos, segundo productor independiente de gas de Australia). A raíz de la denuncia, el Tribunal Federal australiano dictó una sentencia por la que se revocaba la licencia del proyecto, y las operaciones se paralizaron.

Urge tomar medidas para que las empresas y los Gobiernos rindan cuentas por la violencia, la criminalización y otros ataques a los que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medioambiente mientras intentan proteger su tierra, sus comunidades y nuestro planeta. Los Gobiernos y las empresas deben adoptar las medidas que se indican a continuación para hacer frente a los principales factores que impulsan y facilitan los ataques contra las personas defensoras.

Los Gobiernos deben:

• Crear un entorno seguro para que prosperen las personas defensoras y el espacio cívico: deben aplicarse las leyes vigentes que protegen y reconocen los derechos de las personas defensoras y sus comunidades, así como de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Allá donde no existan tales leyes, deben establecerse marcos nuevos. También deben introducirse salvaguardias en la legislación que pueda utilizarse indebidamente para criminalizar a las personas defensoras, y deben revocarse las leyes que persiguen o criminalizan a las personas manifestantes. Los Gobiernos han de proteger los derechos de las personas defensoras, en particular los derechos al consentimiento libre, previo e informado; los derechos de los pueblos indígenas a sus medios de vida y su cultura; los derechos a la vida y la libertad y a la libertad de expresión; y el derecho a un medioambiente seguro, saludable y sostenible. Se trata de derechos humanos básicos, que ya están consagrados en diversas leyes nacionales y regionales, así como en resoluciones internacionales no vinculantes. Deben utilizarse los mecanismos y los instrumentos vigentes que sean pertinentes para proteger mejor a las personas defensoras y promover el espacio cívico, como el Acuerdo de Escazú, los procedimientos del Relator Especial de las Naciones Unidas y el Protocolo de la Esperanza. Cuando proceda, los Estados deben aceptar y aplicar plenamente estas normas internacionales y regionales fundamentales, incluidas las que plantean inquietudes respecto a las prácticas empresariales perjudiciales.
  
  
• Demostrar liderazgo para denunciar, investigar y exigir responsabilidades por las represalias contra las personas defensoras: se necesita un liderazgo internacional que ayude a garantizar la participación segura y significativa de las personas defensoras en la toma de decisiones nacionales, regionales y multilaterales. Las medidas para reforzar las políticas y la aplicación de la ley deben combinarse con el monitoreo de los ataques contra personas defensoras, así como de lo que ocurre después de ellos, a fin de contribuir a que se dé prioridad a las acciones para abordar la impunidad. Las iniciativas de monitoreo existentes deben ajustarse al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que exige una mayor protección de las personas defensoras. Los datos sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos deben desglosarse y diferenciar entre grupos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas, y las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
  
  
• Promover la responsabilidad jurídica de las empresas: se deben formular y promulgar leyes para exigir a las empresas y a las instituciones financieras que lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos y riesgos medioambientales y climáticos en todas sus operaciones mundiales (lo que incluye sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales). Así se lograría que las empresas y las instituciones financieras fueran más transparentes y rindieran cuentas por la violencia y otros daños y perjuicios perpetrados contra quienes defienden la tierra y el medioambiente. Dichas leyes deben proteger a las personas defensoras en su interacción con las empresas, reconocer sus esfuerzos por proteger el planeta y establecer la responsabilidad de las compañías de determinar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño o perjuicio contra ellas. Las leyes de responsabilidad corporativa deben respetar las normas establecidas en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas; las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales; y la Guía de la OCDE de Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Responsable.

Las empresas deben:

• Determinar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño o perjuicio que puedan provocar sus operaciones a las personas defensoras: deben aplicar procedimientos sólidos de diligencia debida, con el objetivo de determinar, prevenir, mitigar y remediar los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medioambiente de todas sus operaciones. Las políticas de las empresas deben determinar explícitamente cualquier riesgo contextual posible para las personas defensoras y salvaguardar sus derechos. Ello conlleva determinar y mitigar los factores que impulsan las amenazas y agresiones, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la corrupción, los conflictos violentos, la prevalencia de la impunidad y la reducción del espacio cívico. Las empresas deben ofrecer una pronta reparación cuando se produzcan daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medioambiente, impedir futuros ataques y reconocer públicamente el papel positivo que desempeñan las personas defensoras.
  
  
• Garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa a todos los niveles: deben aplicar estrictamente una política de tolerancia cero con las agresiones y represalias contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, la adquisición ilegal de tierras y las violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado. Deberá hacerse a todos los niveles de las operaciones de una empresa, incluidas sus actividades internacionales, sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales. Este tipo de políticas deben establecer qué puestos ejecutivos son los responsables del cumplimiento de la ley, así como la forma en que se aplicará y supervisará dicho cumplimiento. Además, deben especificar líneas rojas claras para la rápida suspensión o terminación de los contratos para las empresas proveedoras que no cumplan las políticas.

Los Gobiernos y empresas deben:

• Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el cambio climático: han de garantizar que los compromisos de aplicación del Acuerdo de París sean acordes a las obligaciones y normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos, y que promuevan soluciones justas y equitativas al cambio climático. Esto debería incluir el fortalecimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas y tradicionales y el aumento de su participación en la toma de decisiones, en reconocimiento del papel esencial que desempeñan en la protección de las últimas zonas de diversidad biológica que quedan en el mundo.

Recomendaciones a la Unión Europea

Al ser uno de los principales bloques comerciales de alcance mundial, la Unión Europea tiene el cometido y la oportunidad de abrir camino en el ámbito de la responsabilidad corporativa. Está obligada a contribuir a la protección de los derechos humanos y el medioambiente, sobre todo cuando las actuaciones de sus Estados Miembros tienen repercusiones internacionales.

En concreto, quienes formulan las leyes de la UE deben garantizar que la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad cumpla los siguientes requisitos:

• Proteger a las personas defensoras y a sus comunidades exigiendo a las empresas que colaboren de forma segura, significativa e inclusiva con las comunidades locales afectadas, entre ellas los pueblos indígenas y otras personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Ello conllevaría la obligación de determinar, prevenir y mitigar los posibles riesgos para las comunidades que alzan la voz, lo que incluye reconocer los efectos desproporcionados y diferenciados que sufren los distintos géneros y grupos vulnerables como los pueblos indígenas.
  
  
• Garantizar el acceso a la justicia de las personas y comunidades afectadas a través de la reparación jurídica cuando se producen daños y perjuicios derivados de las actividades empresariales. Es crucial que se puedan presentar denuncias o iniciar acciones legales contra las empresas en los tribunales europeos, aunque el perjuicio se produzca fuera de la UE. La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad debe garantizar el acceso a la justicia, indemnizaciones y medios para poner fin a las prácticas perjudiciales. Entre las disposiciones más importantes para lograrlo figuran un plazo amplio para interponer una demanda judicial, así como medidas cautelares.
  
  
• Reflejar las normas internacionales que establecen claramente que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y las normas ambientales internacionales, incluido el derecho universal a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, el cual reconoció oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2022. Como parte de su diligencia debida, las empresas deben evaluar y abordar los riesgos y los efectos negativos de sus operaciones, lo cual incluye los riesgos que atañen a las personas defensoras. También debe exigirse a las empresas que respeten la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
  
  
• Exigir a las instituciones financieras que ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente de acuerdo con las normas internacionales. El sector financiero sigue financiando proyectos empresariales nocivos y no debería beneficiarse de ninguna exención en virtud de la nueva legislación. Por el contrario, la directiva sobre diligencia debida de las empresas debe exigir a las instituciones financieras que lleven a cabo una diligencia debida continua de la totalidad de sus cadenas de suministro y carteras de inversión, así como facultarlas para que retiren sus inversiones en entidades perjudiciales cuando proceda.

La campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness aspira a poner fin a toda la variedad de amenazas y ataques a los que se enfrentan estas personas y sus comunidades. Busca sensibilizar sobre estos abusos y hacerse eco de la voz de las personas defensoras para apoyar su labor y la de sus redes.

Nuestra definición de «personas defensoras de la tierra y el medioambiente» incluye a las personas que se ponen en pie y llevan a cabo acciones pacíficas contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o el medioambiente. Quienes trabajan en defensa de la tierra y el medioambiente son un tipo específico de personas defensoras de los derechos humanos y, a menudo, es a quienes más se persigue por su trabajo.

Nuestra definición abarca un amplio abanico de personas. A menudo, viven en comunidades cuyas tierras, salud y medios de vida se ven amenazados por las operaciones de empresas mineras, madereras y agroindustriales o industrias de otro tipo. Otras defienden la biodiversidad de nuestro entorno. Y otras apoyan este tipo de labores con su trabajo, por ejemplo, juristas en la esfera de los derechos humanos o el medioambiente, gobernantes, guardas de parques, periodistas o miembros de campañas u organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2012, Global Witness elabora un recuento anual de aquellas personas defensoras de la tierra y el medioambiente a las que se ha asesinado. Mantenemos una base de datos de estos homicidios para que quede constancia de estos trágicos incidentes, así como para poder seguir las tendencias y poner de relieve los principales problemas que esconden. Elaboramos estadísticas a partir de nuestros propios datos y recurrimos a otras bases de datos de acceso público para elaborar estadísticas adicionales, como los asesinatos por bioma (como en el estudio de caso de la Amazonia) o los asesinatos per cápita. Esta última estadística nos permite arrojar luz sobre aquellos países en los que quizá las cifras absolutas de los homicidios sean bajas, pero se vuelven mucho más significativas en términos relativos si se tiene en cuenta el tamaño de la población total. Queremos recalcar que los asesinatos a cualquier nivel que se cometen en cualquier jurisdicción son siempre motivo de preocupación.

Investigación sobre los homicidios y desapariciones forzosas de personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022

Global Witness determina los casos de asesinatos consultando y comprobando fuentes fiables de información en línea de acceso público, mediante el siguiente proceso:

• Buscamos conjuntos de datos de fuentes internacionales y nacionales con información concreta de personas defensoras de los derechos humanos a quienes se ha asesinado, como el informe anual de Front Line Defenders y el informe anual del Programa Somos Defensores de Colombia, y posteriormente estudiamos cada caso.
• Creamos alertas en buscadores utilizando palabras clave y realizamos otras búsquedas en línea para encontrar casos relevantes en todo el mundo.
• Cuando es posible o necesario, consultamos a nuestros socios nacionales o regionales para recabar más información sobre los casos. Para ello trabajamos con unas 30 organizaciones locales, nacionales y regionales de más de 20 países. Hacemos lo posible por ampliar nuestra red año tras año, con el objetivo de consolidar nuestros datos y nuestra cobertura mundial.

Para cumplir nuestros criterios, un caso debe estar respaldado por la siguiente información:

• Fuentes de información en línea creíbles, publicadas y actualizadas
• Datos concretos sobre el tipo de acto y el método de violencia, incluidos la fecha y el lugar
• Nombre y datos biográficos de la víctima
• Conexiones claras, estrechas y documentadas con un problema medioambiental o territorial

En algunas ocasiones, incluimos un caso que no cumple los criterios anteriores si una organización local reputada nos proporciona pruebas convincentes que no están disponibles en línea, pero se basan en sus propias investigaciones.

Global Witness incluye en su base de datos a las amistades, colegas y familiares de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas si cumplen una condición: o bien parece que han sido asesinados como represalia por la labor de la persona defensora correspondiente o bien murieron en un ataque en el que esta también falleció.

Asimismo, Global Witness registra las desapariciones forzosas de personas defensoras de la tierra y el medioambiente y comprueba cada caso un mínimo de seis meses después de la desaparición para tener datos actualizados. Si, pasado ese tiempo, la persona sigue desaparecida, su caso se registra como asesinato.

Es probable que nuestros datos sobre homicidios sean una subestimación, dado que muchos asesinatos no se denuncian, sobre todo en las zonas rurales y en determinados países. Nuestro conjunto de criterios no siempre puede cumplirse con una comprobación de la información pública, como informes de prensa o documentos legales, ni a través de contactos locales. Por ello, tener esta metodología tan estricta implica que nuestras cifras no representan la magnitud completa del problema, pero trabajamos constantemente para mejorar esta situación.

En resumen, las cifras que se presentan en este informe deben considerarse solo un reflejo parcial del alcance de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo en 2022. Ese año, identificamos casos relevantes en 18 países, pero es probable que también se produjeran agresiones contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente en otros países en los que las violaciones de derechos humanos están muy extendidas. Entre las razones por las que es posible que no hayamos podido documentar dichos casos siguiendo nuestra metodología y criterios figuran las siguientes:

• La escasa presencia de organizaciones de la sociedad civil, ONG y otros grupos para monitorear la situación
• La represión de los medios de comunicación y otros medios informativos por parte del Gobierno
• Conflictos o violencia política a mayor escala, incluso entre comunidades, que dificultan la identificación de casos concretos

Desde Global Witness queremos rendir homenaje a la labor crucial, valerosa y a menudo invisible que realizan cada día las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Gracias a su determinación tenemos la oportunidad de que nuestro planeta siga siendo saludable para esta generación y las futuras. Estamos profundamente agradecidos.

Nuestro trabajo de documentación de las agresiones contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente no sería posible sin la generosa ayuda de organizaciones que llevan un cuidadoso registro de estos ataques en sus respectivos países.

Este año agradecemos especialmente la ayuda de las siguientes: 

ACI-PARTICIPA, HONDURAS
ALLIANCE FOR LAND, INDIGENOUS AND ENVIRONMENTAL DEFENDERS (ALLIED)
ALYANSA TIGIL MINA (ATM), FILIPINAS
AMAZÔNIA REAL, BRASIL
AMNISTÍA INTERNACIONAL
BASE-IS, PARAGUAY
CENTRO DE ASISTENCIA LEGAL A PUEBLOS INDÍGENAS (CALPI), NICARAGUA
CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL (CEMDA), MÉXICO
CENTRO POR LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA (CEJUDHCAN), NICARAGUA
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT), BRASIL
COMITÉ CEREZO, MÉXICO
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PERÚ
CORPORACIÓN REGIONAL YARIGUÍES - GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES EXTRACTIVOS Y AMBIENTALES DEL MAGDALENA MEDIO, COLOMBIA
FRONT LINE DEFENDERS
GREEN ADVOCATES INTERNATIONAL, LIBERIA
HUMAN RIGHTS DEFENDERS ALERT (HRDA)
HUMAN RIGHTS WATCH
INICIATIVA MESOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, CHILE
KALIKASAN PEOPLE'S NETWORK FOR THE ENVIRONMENT (KALIKASAN PNE), FILIPINAS
KARAPATAN, FILIPINAS
LIVING LAUDATO SI', FILIPINAS
NATURAL JUSTICE, SUDÁFRICA
OBSERVATORIO PARA LA DEFENSA DE LA VIDA (ODEVIDA), VENEZUELA
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, COLOMBIA
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, MÉXICO
OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
ORGANIZACIÓN KAPÉ KAPÉ, VENEZUELA
PARQUE NACIONAL DE VIRUNGA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
PROÉTICA, PERÚ
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)
PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, COLOMBIA
PROTECTION INTERNATIONAL, INDONESIA
PROTECTION INTERNATIONAL, TAILANDIA
REPÓRTER BRASIL
SIBUYANONS AGAINST MINING (SAM)
UNIDAD DE PROTECCIÓN A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (UDEFEGUA), GUATEMALA