12 de abril de 2024, Londres - Casi una década después del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad de Saweto, cerca de la frontera entre Perú y Brasil, las familias finalmente han logrado que se haga justicia con la condena de cinco hombres por los asesinatos. En un veredicto histórico, a cuatro de ellos se les ha impuesto una sentencia de 28 años y tres meses de prisión.
Los cinco hombres ya habían sido declarados culpables de los asesinatos en febrero de 2023, pero sus sentencias fueron revocadas solo seis meses después y se ordenó un nuevo juicio. Se cree que todos ellos han sido madereros ilegales.
El fallo de ayer se produce después de años de incertidumbre para las familias de los cuatro líderes del pueblo Asháninka, quienes se vieron obligados a revivir los acontecimientos en torno a los asesinatos.
Javier Garate, Asesor Principal de Políticas de Estados Unidos en Global Witness, dijo: “Creemos que cuando se retrasa la justicia, se niega la justicia. En este caso, las familias han tenido que revivir los hechos en el tribunal por segunda vez, casi 10 años después de que ocurriesen.
“Este fallo envía un mensaje muy claro: estos ataques no pueden quedar impunes. El caso Saweto debe marcar el inicio de una nueva era donde las autoridades obliguen a los perpetradores a rendir cuentas y garanticen que la impunidad deje de ser la norma”.
En septiembre de 2014, Edwin Chota Varela, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados frente a miembros de la comunidad mientras viajaban hacia la frontera peruana para reunirse con otros líderes indígenas en Brasil. Durante años habían estado documentando y denunciando la tala ilegal en la región de Ucayali en la Amazonia. Además, presentaron quejas ante los gobiernos regionales y nacionales sobre la invasión de sus tierras por parte de mafias madereras.
El caso ha atraído un gran interés nacional e internacional, con la presencia del Ministro de Justicia en la lectura del veredicto, junto a los viceministros de Interculturalidad y Derechos Humanos. También estuvieron presentes representantes de ocho embajadas diferentes, lo que subraya lo emblemático del caso.
Si bien Perú ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable, la justicia pocas veces llega para las personas defensoras. Un gran número de asesinatos y desapariciones siguen impunes y lastrados por deficientes investigaciones.
El caso Saweto resalta los peligros que enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, incluyendo a sus familiares. En la última década, Global Witness ha registrado al menos 54 asesinatos de este tipo en Perú. Las comunidades indígenas son víctimas de estos ataques de manera desproporcionada, y de hecho más de la mitad de los asesinados entre 2012 y 2022 han sido de personas indígenas.
Este también es el caso a nivel mundial. En 2022, más de un tercio de los asesinatos a quienes defienden la tierra y el medio ambiente fueron contra personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas, y que solo representan alrededor del 6% de la población del planeta. Los ataques continúan ocurriendo a pesar de que los pueblos indígenas son actores fundamentales para la protección de nuestro planeta.