Blog | 11 de Septiembre de 2020

La iniciativa del Gobierno británico de legislar para combatir la deforestación importada es un paso positivo, pero debemos ir más lejos

Las imágenes de incendios forestales devastadores y selvas tropicales taladas se están volviendo demasiado habituales a medida que los bosques, críticos para el clima mundial, se destruyen a un ritmo alarmante. Según los últimos datos, en 2019 perdíamos la superficie equivalente a un campo de fútbol de selva tropical primaria cada seis segundos.

Los países consumidores como el Reino Unido desempeñan un papel decisivo en la lucha contra la deforestación mundial. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y la Royal Society for the Protection of Birds (Real Sociedad para la Protección de las Aves) han demostrado que las tierras utilizadas para producir importaciones británicas de materias primas asociadas a la deforestación -como carne de vacuno, cuero, soja, aceite de palma y madera- abarcan una superficie casi del tamaño del propio Reino Unido.

Por lo tanto, es una buena noticia que el gobierno británico haya iniciado una consulta sobre la nueva ley propuesta para abordar el impacto de la deforestación importada del país. Las propuestas actuales prohibirían que las grandes empresas utilicen, ya sea en la producción o el comercio en el Reino Unido, materias primas de riesgo forestal (incluidas las integradas en productos) que no se hayan producido de acuerdo con la legislación aplicable del país en el que se cultivan. Se exigiría a las empresas que actúen con la debida diligencia e informen sobre esta práctica públicamente, con posibles multas y sanciones por incumplimiento.

Esto responde a las recomendaciones publicadas a principios de año por el grupo de trabajo del gobierno británico sobre el impacto global del país en cuanto a la deforestación (la Iniciativa de Recursos Globales) que instó al Reino Unido a adoptar «urgentemente» la legislación de diligencia debida obligatoria para exigir a las empresas, incluidas las financieras, que verifiquen que sus cadenas de suministro y financiación no estén vinculadas a la deforestación. Esta iniciativa se unión a los llamamientos similares de organizaciones como Global Witness, así como de un número creciente de empresas.

Sin embargo, para que el gobierno logre su ambición de crear una legislación medioambiental «líder en el mundo» antes de celebrar las conversaciones sobre el clima de la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP26) en Glasgow el próximo año, tendrá que utilizar esta consulta para desarrollar la legislación propuesta más allá de lo que está actualmente sobre la mesa.

La deforestación, legal o ilegal, alimenta la crisis climática

Un problema fundamental de la propuesta del Gobierno del Reino Unido es que solo se centra en la deforestación ilegal, al basarse en un pequeño número de leyes relacionadas con los bosques de los países productores, sin hacer referencia a leyes más amplias, que incluyen la propiedad de las tierras indígenas.

Como reconoce el gobierno británico en su propio documento de consulta, solo la mitad de toda la deforestación tropical reciente es el resultado de la tala ilegal para la agricultura comercial y las plantaciones madereras. Tolerar la participación del Reino Unido en la deforestación legal podría alentar los esfuerzos para revertir las leyes que tanto ha costado sacar adelante y los sistemas de control forestal, como Jair Bolsonaro está haciendo actualmente en Brasil. Por lo tanto, el alcance de la propuesta británica debe ampliarse para que se aplique a toda la deforestación si se quiere que la legislación sea eficaz a la hora de proteger nuestro clima y el medioambiente.

Este enfoque limitado de la deforestación ilegal también va a la zaga de la estrategia adoptada por la industria en la última década: los estándares industriales, las políticas de las empresas y las iniciativas mundiales, como la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, abordan la deforestación en su conjunto, en lugar de centrarse únicamente en la deforestación ilegal.

El establecimiento de una norma clara para evitar la deforestación supondrá una aplicación más sencilla a nivel mundial

El enfoque en la deforestación «ilegal» no solo limitará la efectividad de la ley, sino que también podría plantear dificultades a las empresas, que pueden debatirse entre una plétora de leyes nacionales y locales y las vistas judiciales en curso para determinar si la deforestación es ilegal en cada caso específico. El gobierno británico tiene la oportunidad de ofrecer la precisión que las empresas tanto necesitan mediante el establecimiento de una norma clara contra la deforestación que se aplique a todas las industrias de riesgo forestal en todos los países. Una norma de cumplimiento sólido y uniforme sobre la deforestación garantizaría que las empresas la descarten en sus cadenas de suministro. La ley debería aplicarse a todas las empresas para garantizar que nadie esté exento de actuar en caso de deforestación. Una vez aprobada la ley, se podría proporcionar orientación a los reguladores para que centren su aplicación en las empresas con mayor riesgo y exposición a la deforestación.

La legislación británica ya ha definido sus propias normas en cuestiones como el soborno, la corrupción y el tráfico de animales silvestres. Esto garantiza que las empresas del Reino Unido no apoyen estas prácticas perjudiciales, independientemente de lo que permitan las normas locales. Para la deforestación, este establecimiento de normas podría inspirarse en medidas y puntos de referencia existentes, como los articulados en la Iniciativa marco de responsabilidad (Accountability Framework), internacionalmente reconocida, y el gobierno británico también podría considerar el establecimiento de un grupo científico que asesore sobre el desarrollo de normas específicas para diferentes productos agrícolas.

No obstaculizar la labor de los que luchan por la protección forestal

La destrucción forestal, ya sea legal o ilegal, a menudo, se basa en ignorar o intimidar a los pueblos indígenas y a las comunidades forestales que dan la señal de alarma. Las comunidades y defensores locales están en primera línea de combate para proteger los bosques que han conservado durante generaciones y, con frecuencia, son silenciados con amenazas, violencia o incluso el asesinato cuando alzan la voz en contra de la destrucción de los bosques y la ilegalidad, como Global Witness ha mostrado repetidamente.

Las Naciones Unidas, destacados científicos, las normas de la industria, las políticas de las empresas y las propias comunidades afectadas han reiterado la importancia de exigir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales para superar estos problemas. Si los pueblos indígenas y las comunidades forestales son conscientes y consienten las actividades que se realizan en su zona, y tienen derecho a opinar sobre cómo se llevan a cabo, el riesgo de deforestación, corrupción, violencia y abuso será mucho menor.

El gobierno británico debe incorporar el consentimiento libre, previo e informado en la legislación, inspirándose en los precedentes en el derecho nacional e internacional, la orientación y las normas de la industria, y los casos presentados bajo la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial.

No se debe obviar la financiación

Como destacó el propio grupo de trabajo de la Iniciativa de Recursos Mundiales (GRI, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, es importante que cualquier medida de diligencia debida obligatoria sobre la deforestación aborde la financiación. El grupo de trabajo llegó a esta conclusión después de interminables discusiones sobre las prácticas actuales del sector, y lo más probable es que esto produzca cambios y una reconsideración de las iniciativas financieras y climáticas actuales.

La industria financiera proporciona un balón de oxígeno a las empresas involucradas en la deforestación, y las instituciones financieras con sede en el Reino Unido son algunos de los peores infractores. Como informamos el año pasado, las instituciones financieras con sede en el Reino Unido han sido la mayor fuente de financiación internacional de seis de las empresas agroindustriales más perniciosas involucradas en la deforestación de los bosques críticos para el clima de Brasil, la Cuenca del Congo y Papúa Nueva Guinea, al proporcionar una abrumadora cantidad de 5000 millones de libras en los últimos seis años.

Exigir la debida diligencia obligatoria de las financieras del Reino Unido en lo que respecta al riesgo de deforestación es crucial para garantizar un estándar coherente para todas las empresas británicas. De lo contrario, existe el riesgo de que las empresas atiendan a un conjunto de prioridades del gobierno, mientras que las financieras que determinan el precio de las acciones de su empresa y las amortizaciones de los préstamos no tienen en cuenta la destrucción forestal.

Una oportunidad importante para poner fin a la complicidad del Reino Unido en la deforestación mundial

Si bien creemos que queda mucho por hacer para que la ley propuesta cumpla la ambición del gobierno, es importante que el gobierno británico reconozca que necesita poner orden en su propia casa para poder ser visto como un líder en la lucha contra el cambio climático. Si el gobierno británico se presenta como anfitrión de la COP26 después de haber aprobado una ley rigurosa que pone fin a la complicidad de los negocios y finanzas británicas en la deforestación mundial, es probable que otros sigan su ejemplo.

COP Climate Summit

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