Blog / 9 Mar 2018

Un paso adelante y varios atrás: el sector de la madera peruano afronta su “momento de la verdad”

Un nuevo informe de la Agencia de Investigación Ambiental sostiene que el comercio de madera ilegal sigue fuera de control a pesar de haberse logrado algunos avances.

¿Qué ha sucedido en el sector peruano de la madera en los últimos años, tras haber prevalecido durante tanto tiempo la ilegalidad, la corrupción y la impunidad? Ciertamente, pocos estén en una mejor posición para responder esta pregunta que la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), que recientemente publicó su nuevo informe, “El Momento de la Verdad: Oportunidad o Amenaza para la Amazonía Peruana en la Lucha contra el Comercio de Madera Ilegal.”

“El Momento de la Verdad” está lleno de información extraordinaria y explosiva. He aquí los 10 aspectos que más han llamado nuestra atención:

1. Ha habido algunos “avances importantes” en la lucha contra la ilegalidad desde que EIA publicara su último informe en 2012. Estos incluyen una mejora en las herramientas de transparencia desarrolladas por el organismo de supervisión OSINFOR, nueva legislación otorgando mayores poderes a los fiscales, nueva legislación incrementando las penas de prisión, y diversas intervenciones que demuestran que “el cumplimiento [de la ley] es posible.”

2. Dichas intervenciones incluyen dos redadas a sendas “mafias” en la zona central de Perú, que proporcionaban madera a dos de los mayores exportadores del país –Maderera Bozovich e IMK– aunque la más significativa de lejos fue la pionera investigación relacionada con la exportación de madera conocida como Operación Amazonas en 2014 y 2015. El centro de atención fue el navío Yacu Kallpa –objeto de unas grabaciones encubiertas y un informe de Global Witness, “Compradores de Buena Fe”. Según EIA, el Yacu Kallpa fue el responsable de aproximadamente el 25% de toda la madera exportada desde Perú, pero en tres de los cinco cargamentos que exportó en 2015 desde la Amazonía hasta la República Dominicana, México y los EE.UU., un pasmoso 86%, 90% y 96% del total de la madera que fue inspeccionada resultó ser ilegal.

3. A pesar de estos importantes avances, “muy poco ha cambiado” en lo concerniente a los métodos básicos empleados para lavar madera ilegal. Los planes operativos y los censos de árboles se falsifican, mientras que las guías de transporte para transportar la madera desde las áreas de aprovechamiento autorizadas se emplean para mover otra proveniente de áreas no autorizadas. Tales documentos “no son suficiente” para garantizar el origen legal de la madera, según EIA, quien se refiere a este asunto como un “secreto a voces.”

4. Peor aún, en respuesta a estos avances, ha habido una fuerte reacción del sector empresarial de la madera. Ello ha incluido protestas y paros en alguns de las ciudades más importantes de la Amazonía, el debilitamiento de nueva legislación relativa los poderes de los fiscales, e incidencia política de alto nivel en México y en los EE.UU., además de en Perú, donde, afirma EIA, la oficina de la fiscalía ambiental fue “intimidada” y acusada de poner en peligro el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los EE.UU.

Además, las reacciones han incluido intentos de lavar madera a través de distintos tipos de áreas de aprovechamiento que OSINFOR no tiene competencia para inspeccionar, así como afirmaciones de que la trazabilidad de la madera desde su punto de origen hasta el de exportación o comercialización es “imposible”. EIA se refiere a esto como un “alarmante cambio de rumbo luego de años de un compromiso explícito con la trazabilidad” y afirma que ello suscita “serias dudas acerca de las fuertes inversiones en programas de trazabilidad” realizadas por donantes como USAID y GIZ.

5. Podría afirmarse que OSINFOR es quien ha sufrido las reacciones de forma más severa. Sus oficinas han sido atacadas –una de ellas incendiada con un cóctel Molotov– y su presidente despedido y forzado a huir a los EE.UU. temiendo por su vida, mientras que ha habido numerosos intentos de acallar a OSINFOR situándolo bajo el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente. 

Además, los fiscales han visto limitada la manera en que pueden usar los informes de inspección de OSINFOR, y se han propuesto formas con que restringir la manera en que las inspecciones se planifican y se llevan a cabo. EIA se refiere a esto como “matar al mensajero” en lugar de “abordar los problemas de fondo” del sector, y arguye que el objetivo de “actores clave” del gobierno es asegurarse de que Operación Amazonas no pueda volver a llevarse a cabo.

6. Un actor que ha jugado un papel fundamental en esta reacción ha sido la autoridad forestal, SERFOR, a quien EIA acusa de ejercer bloqueos repetidamente y de socavar las posibilidades de reforma. Esto incluye defender el supuesto origen legal de la madera del Yacu Kallpa, tratar de debilitar la nueva legislación antes y después de que entrara en vigor, y tratar de “destruir las herramientas existentes para la recolección de datos y la transparencia”, tal vez “lo más alarmante para la salud a largo plazo del sector forestal peruano”.

Tales intentos son de diversa índole. Incluyen la modificación de las guías de transporte para que no se requieran los números de identificación tributaria de los propietarios o representantes del área de aprovechamiento, así como la modificación de las guías de transporte emitidas por los aserraderos para que no se precise especificar el punto de origen de la madera. Además, SERFOR ha bloqueado los intentos de incluir en la Declaración Aduanera de Mercancías el lugar de origen de la madera, y aparentemente también ha reducido las inspecciones de exportación en el puerto de Lima desde 900 en 2015 hasta 23 en 2016 y cero en 2017. No parece sorprendente entonces que, como han hecho otros actores involucrados en el sector de la madera, tales como la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), SERFOR ahora afirme que la trazabilidad es “imposible”.

7. El destino mayoritario de la madera que exporta Perú es China – pero China no cuenta con legislación para detener la madera ilegal que llega a su frontera. De hecho, EIA afirma que las cantidades exportadas a dicho destino están incrementándose según se aprueban leyes más estrictas en EE.UU., la Unión Europea, Australia y Japón. “La reforma del sector maderero de Perú depende ahora de una acción decisiva por parte de China”, afirma EIA en un informe complementario, Destino China.

8. México es otro de los destinos más importantes de la madera peruana de exportación – pero tampoco cuenta con legislación que detenga los productos ilegales. El 73% del último cargamento del Yacu Kallpa tenía como destino México, y EIA afirma que un “alto porcentaje” de la madera que se vendía allí era ilegal. El mensaje es claro: “Existe una urgente necesidad por que México apruebe legislación que restrinja la importación de madera extraída ilegalmente, no solo para salvaguardar a sus productos maderables nacionales de la competencia desleal, sino también a las comunidades nativas y locales que son seriamente afectadas por la tala ilegal.”

9. Uno de los líderes del sector empresarial de la madera y exportador clave, Maderera Bozovich, ha declarado que las guías de transporte que ha estado proporcionando a las autoridades y a sus clientes no demuestran el lugar de origen de la madera porque las “mezclas constantes de volúmenes de la misma especie con diferentes [guías] de distintos lugares geográficos” hacen que exista una “imposibilidad técnica.” Esta es una afirmación similar a la que realizan SERFOR, ADEX y el SNI, y una burla a la Ley Lacey de los EE.UU. y legislación similar de la Unión Europea, Australia y Japón, por no mencionar la misma Política de Compras Responsables de Bozovich. EIA lo denomina “un exportador “se confiesa””.

10. Los exportadores podrían estar explotando de manera perversa una de las herramientas de transparencia desarrolladas por OSINFOR, la llamada SIGO, que declara las áreas de aprovechamiento como “rojas” si hay un nivel de “riesgo inaceptable” de algún tipo de ilegalidad, o “verde” si el riesgo es “aceptable” o “tolerable”. EIA cita un análisis del Centro para el Derecho Internacional Ambiental recientemente publicado sobre una selección de datos de exportación de 2015 que revela que los países donde “no hay prohibición al comercio de madera ilegal, y donde no existen estándares de debida diligencia y debido cuidado” recibían porcentajes mucho más elevados de madera “roja” que otros países. 

Por ejemplo, mientras que las importaciones de China y México fueron de un 71% y un 75% respectivamente de madera “roja”, para los EE.UU. y Francia fue solo de un 28% y un 9% respectivamente. “Es posible que los exportadores estén empezando a utilizar las herramientas que tienen a su disposición, como el SIGO, para escoger selectivamente madera más limpia para enviar a los compradores europeos o norteamericanos, donde existe requerimientos de debida diligencia o debido cuidado”, afirma EIA, mientras que por otro lado podrían estar enviando madera “roja” a países como México y China.

¿Y la conclusión? EIA afirma que el sector peruano de la madera se enfrenta ahora a su “momento de la verdad” o a su “encrucijada”: puede bloquear la reforma, “matar“ a mensajeros como OSINFOR y seguir permitiendo la predominante ilegalidad actual, o construir aprovechando los recientes progresos institucionales e intervenciones de aplicación de la ley. El informe termina con numerosas recomendaciones para una gran variedad de actores, incluidos el gobierno peruano, los gobiernos de EE.UU. y de la Unión Europea, la industria peruana e importadores de países como China y México.

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