Comidas contaminadas

Enclavado entre Brasil y Argentina, en el corazón de América del Sur, Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo. Sin embargo, las repercusiones sociales y ambientales de la industria paraguaya de la soja se han sometido a un escrutinio escaso en comparación con el de sus enormes vecinos.

Esto se debe en parte a que la producción de soja en Paraguay genera menos deforestación. La soja se cultiva principalmente en la fértil zona este del país, que ya había perdido la mayor parte de sus bosques en los albores del siglo xxi.

No obstante, como demuestra la investigación de Global Witness, esta situación ha alentado a las empresas occidentales a hacer la vista gorda ante violaciones generalizadas de derechos humanos. En el núcleo de la producción de soja de Paraguay, las comunidades rurales están padeciendo desalojos ilegales, ataques armados, intoxicación por fumigaciones ilegales y criminalización, todo ello por un afán de obtener tierra en la que cultivar soja para la exportación.

En 2022, viajamos al este de Paraguay para investigar este conflicto.

Visitamos diversas comunidades indígenas y campesinas en cuatro de los principales departamentos de cultivo de soja de Paraguay, con el fin de reunir pruebas de las violaciones de derechos e identificar a los productores de soja responsables.

Observamos que el Estado paraguayo ha abocado al desamparo a las comunidades, que se ven indefensas ante la intensa expansión de la industria agrícola a gran escala. Fuimos testigos de los esfuerzos de las comunidades de defensores de la tierra y el medio ambiente por ofrecer resistencia. Y documentamos la vinculación que existe entre las denuncias de violaciones de los derechos humanos y algunas de las empresas más importantes del mundo.

El 90 % de la cosecha de soja de Paraguay se exporta, y estas exportaciones las gestionan inmensas multinacionales de productos básicos que controlan el comercio mundial de los cereales y oleaginosas. Cerca del 40 % de las exportaciones de soja de Paraguay las gestionan únicamente dos de estas empresas: Cargill y ADM. Juntos, estos gigantes estadounidenses dominan la economía paraguaya y perciben una enorme cantidad de ingresos de la tierra paraguaya.

Para cada uno de los conflictos comunitarios que detectamos, determinamos quiénes eran los comerciantes que compraban soja a aquellos productores que cometían violaciones de derechos humanos. En todos los casos, encontramos vínculos con ADM o Cargill. En dos, también descubrimos vínculos con un tercer gigante estadounidense: Bunge.

A continuación, trazamos el viaje que seguía esa soja posteriormente. El 80 % de la cosecha mundial de soja se destina a la alimentación animal. A partir de datos de los envíos y entrevistas a personas que trabajan en los sectores pertinentes, logramos delimitar las rutas por las opacas cadenas de suministro que relacionan las violaciones de los derechos en Paraguay con dos de las mayores empresas cárnicas de Europa.

Una de las rutas nos llevó a 2 Sisters, la mayor empresa de producción de pollo del Reino Unido, proveedora de gigantes corporativos como Tesco, Marks and Spencer, KFC y Nando’s.

La segunda nos llevó a Danish Crown, la mayor empresa de transformación de carne de Europa, que suministra a un gran número de los principales minoristas del continente, entre ellos, Sainsbury’s, Carrefour, Intermarché, Lidl y Netto.

Las compras históricas y continuadas de soja por parte de los comerciantes a agricultores paraguayos que han violado derechos humanos básicos representan atroces incumplimientos de las normas internacionales de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, las empresas europeas que hemos identificado en nuestra investigación heredan sin demasiadas contemplaciones esos incumplimientos e incluso los incorporan a los compromisos voluntarios de sostenibilidad que han adoptado para garantizar que la soja de sus cadenas de valor «se produzca de forma responsable» para 2025.

Nuestra investigación demuestra que las empresas implicadas han adoptado lo que nosotros consideramos una trampa contable: la llamada «certificación de balance de masas». Mediante este sistema —aparentemente diseñado para contribuir a sanear las importaciones de soja de Europa—, se mezcla soja procedente de explotaciones como las que visitamos en Paraguay en remesas con una certificación nominal, lo que provoca que la mayoría de las importaciones de soja paraguaya de Europa procedan parcialmente de un origen turbio.

La aceptación y promoción de esta soja supuestamente «sostenible» por los propios comerciantes, las empresas de alimentación animal a las que abastecen, las explotaciones industriales, los procesadores de carne y los minoristas de grandes marcas mencionados en este informe constituyen una negligencia disfrazada de sostenibilidad y garantizan el riesgo de que se violen derechos humanos en estas cadenas de suministro.

Nuestra investigación demuestra que, como resultado de esos fallos, es probable que millones de consumidores europeos de productos de 2 Sisters y Danish Crown también estén comprando productos fabricados a expensas de los derechos humanos fundamentales de comunidades indígenas y campesinas de Paraguay.

Global Witness envió sus hallazgos a todas las empresas implicadas. Prácticamente todas las que nos respondieron afirmaron que investigarían lo que consideraban violaciones de sus políticas en materia de derechos humanos y territoriales. Todas las respuestas recibidas se resumen en la tabla que aparece a continuación y algunas se incluyen en este informe.

Los Gobiernos europeos hace tiempo que adquirieron el compromiso de poner fin a la complicidad de las empresas en los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente.

La Unión Europea (UE) ha propuesto recientemente dos instrumentos legislativos que obligan a las empresas a eliminar de sus cadenas de valor las violaciones de derechos humanos y las agresiones contra el medio ambiente y el clima.

El reglamento sobre la deforestación y la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que se han propuesto exigirán a las empresas que lleven a cabo controles de sus cadenas de suministro (conocidos como «diligencia debida») para determinar las repercusiones que tienen y podrían tener, para evitar que sus actividades contribuyan a causar más daños y perjuicios y para abordar aquellos que ya se hayan producido.

Este proceso podría contribuir a la erradicación de estas malas prácticas de las cadenas de valor de las empresas, especialmente en el caso de los productos agrícolas polémicos, como la soja.

Sin embargo, estas propuestas aún se están negociando y resulta crucial garantizar que la rendición de cuentas que exijan sea suficiente.

Las campañas de presión de la industria, que incluye a muchos de los comerciantes y empresas de alimentación animal mencionados en esta investigación, han propuesto que las nuevas normas sobre deforestación acepten sistemas de certificación falibles que garantizarían la continuidad de las importaciones de soja manchada por el acaparamiento de tierras y las vulneraciones de los derechos humanos. Si bien el Parlamento Europeo se está esforzando por oponer resistencia, el reglamento sobre la deforestación propuesto por la UE solo se aplicará a los casos de derechos humanos relacionados con una deforestación reciente, con lo que no abarcará los casos como los mencionados en este informe.

El proyecto de directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de derechos humanos también tiene muchas fisuras. Podría ser que empresas como ADM y Cargill no estuvieran obligadas a ejercer la diligencia debida con todos los agricultores de los que se abastecen, como los de Paraguay que reveló nuestra investigación.

El proyecto de directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de derechos humanos debe apoyar y en ningún caso sustituir o socavar los derechos existentes en virtud del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre ellos, el derecho de los pueblos indígenas a no ser expulsados de sus tierras o territorios, su derecho a la reparación o compensación por las violaciones de sus derechos territoriales y su derecho a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

También se ha instado al Gobierno del Reino Unido a que introduzca una legislación similar sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas, pero este aún no ha propuesto planes concretos para hacerlo. Por otra parte, algunos de los casos de este informe podrían abordarse en el marco del anexo 17 de la Ley de Medio Ambiente de 2021. Sin embargo, este anexo exige que la Secretaría de Estado formule otra normativa antes de que pueda pedirse cuentas a las empresas como las de este informe y las fechas previstas para su aprobación están en el aire. 

Deben imponer normas sólidas y ejecutables que responsabilicen a las empresas de la eliminación de los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente producidos en sus cadenas de suministro y de la provisión de reparación cuando estos se produzcan. 

Las comunidades campesinas indígenas y marginadas afectadas por violaciones de los derechos humanos en las zonas rurales de Paraguay dependen de ello.

• La producción de soja en Paraguay está fomentando una oleada de conflictos y desposeimientos que afecta tanto a los pueblos indígenas del país como a las comunidades de pequeños agricultores, o campesinos.
• En 2022, Global Witness visitó varias de las comunidades afectadas en diferentes puntos de cuatro de los principales departamentos productores de soja de Paraguay: Alto Paraná; Candindeyú; San Pedro y Caaguazú.
• En ese viaje, documentamos una gran cantidad de graves violaciones de derechos humanos: desalojos forzosos, ataques armados, intoxicaciones químicas, amenazas, intimidaciones y la criminalización de comunidades que reivindicaban legítimamente sus tierras.

La comunidad de Cerrito

La comunidad indígena de Cerrito está asentada en los infinitos campos de soja que cubren el Alto Paraná, la región productora de soja más extensa de Paraguay. Sus residentes, miembros del pueblo ava guaraní originario del este de Paraguay, pugnan por volver a la tierra que un día perteneció a sus antepasados, pero que hoy está dominada por la agroindustria.

«Cuando tenía 12 o 13 años, esto era todo bosque y había muchos frutos —recuerda Arnalda Martínez, una mujer de más de 60 años que, como sus padres y abuelos, creció en la zona que reivindica la comunidad de Cerrito—. Cazábamos y pescábamos en el bosque y recolectábamos miel y plantas medicinales. ¿Y qué ha pasado ahora? Que ya no hay bosque. Solo hay soja, no queda nada más».

Esa transformación comenzó una mañana de 1955, cuando a un joven capitán del Ejército se le encomendó una misión histórica: abrir una ruta a través del denso bosque que cubría el sureste de Paraguay. El proyecto supuso el pistoletazo de salida de un proceso de colonización apodado «la marcha al este», por el que toda esa zona habitada por una rica diversidad de pueblos indígenas pasó a manos de terratenientes privados.

«Los indígenas acabaron arrinconados en las zonas más remotas de propiedades inmensas —explica la antropóloga Gloria Scappini—. Primero optaron por huir y buscar refugio; más tarde, emigraron». Fallecieron miles de personas y Alfredo Stroessner, el brutal dictador paraguayo que colaboró en la Guerra Fría, fue acusado de genocidio.

En 1992, tras la destitución de Stroessner, Paraguay aprobó una nueva constitución progresista, cuyo artículo 64 otorga a los pueblos indígenas derechos nuevos de gran alcance y prohíbe «la remoción o traslado [de los pueblos indígenas] de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos». Respaldándose en estos derechos, las comunidades indígenas como Cerrito luchan ahora por volver a suantiguo territorio.

«No dejaremos que nadie nos despoje de nuestra cultura —dice Martínez sentada frente al jeroky o templo de madera de Cerrito—. Por eso, nos organizamos para volver al lugar del que nos habían expulsado. Regresamos para recuperar el bosque para nuestros hijos e hijas».

La comunidad de Cerrito volvió a unas tierras que ahora están en manos de un poderoso productor de soja local, Germán Hutz, que posee la titularidad dedecenas de miles de hectáreas entre los departamentos del Alto Paraná y el vecino Itapúa. En 2020, Hutz estuvo implicadoen una orden judicial para retener su posesión de ciertas tierras que reivindicaba la comunidad. Poco después, en marzo de 2021, funcionarios de justicia citaron ese caso con el fin de solicitar ayudapolicial para desalojar a la comunidad de Cerrito. 

Desde entonces, la policía ha desalojado a la comunidad en tres ocasiones disparando pistolas y usando gas lacrimógeno para expulsar a los residentes y, más tarde, quemando sus casas y su templo, destruyendo sus cultivos y matando a sus animales. Tras el tercer desalojo, en mayo de 2022, losmiembros de la comunidad se quedaron sin hogar en el frío invierno; algunos de los menores ni siquiera tenían ropa, ya que no les dieron tiempo para recoger sus posesiones.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) reprobó los desalojos y enumeró una serie de instituciones, entre ellas, el propio instituto, a las que debería haberse consultado antes de tomar medida alguna. Hubo senadores del Congreso de Paraguay que cuestionaron los procedimientos por los que se habían autorizado los desalojos. Los grupos en defensa de los derechos señalan una serie de irregularidades, la más flagrante de las cuales es que no fue un juez, sino un fiscal, quien autorizó los tres desalojos, lo que privó a la comunidad de toda oportunidad de hacer oír su reivindicación territorial. En consecuencia, los desalojos fueron ilegales y pueden considerarse «desalojos forzosos», lo que las Naciones Unidas describe como «graves violaciones de una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmente».

La soja cosechada en la zona que reivindica la comunidad de Cerrito se transporta en camiones a un gran silo propiedad de Germán Hutz situado en el asentamiento cercano de San Lorenzo. Fuentes de la industria local indicaron que ADM podría estar abasteciéndose de soja de este silo, algo que la empresa estadounidense no desmintió cuando se le planteó la pregunta. Hutz no respondió a ninguna de las alegaciones cuando Global Witness se puso en contacto con él.

Un poco más al sur de Cerrito, otra comunidad ava guaraní, llamada Ka’a Poty, también sufrió dos desalojos forzosos en 2021, además de la destrucción de decenas de viviendas y su escuela estatal, a pesar de poseer la titularidad de más de 1.000 hectáreas y una sentencia judicialque ratificaba su tenencia. La comunidad vivió en la calle en Asunción durante ocho meses después del segundo desalojo, en noviembre de 2021. Sin embargo, tras una nueva verificación de su título de propiedad por parte de los organismos estatales competentes, el Gobierno les permitió volver a sus tierras en junio de 2022. No obstante, las tensiones con los agricultores siguieron siendo numerosas y, en agosto de 2022, algunos miembros de la comunidad asaltaron una explotación agraria situada en tierras comunitarias; supuestamente amenazaron, golpearon y atacaron a los residentes, por lo que ahora se enfrentan a toda una serie decargos. 

Los productores de soja que operan en el territorio que reivindica la comunidad Ka’a Poty incluyen a Agrícola Entre Ríos y Agro Integración[i]. Tanto Cargill como ADM se abastecen de Agrícola Entre Ríos, entre otras formas, a través de un intermediario local llamado COPRANAR. Cargill también adquiere soja de Agro Integración. Agrícola Entre Ríos no respondió a las alegaciones que presentó Global Witness. Y, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no pudimos ponernos en contacto con Agro Integración.

Ni ADM ni Cargill negaron que se abastecieran de Agrícola Entre Ríos o Agro Integración ni de ningún productor de soja específico identificado en nuestra investigación como sus proveedores. Ambas empresas estadounidenses indicaron que habían emprendido investigaciones sobre las violaciones de sus políticas que ha revelado nuestra investigación. El 13 de septiembre, dos semanas después de recibir información de Global Witness, ADM dijo que en su registro público de reclamaciones se incluiría «en los próximos días» una entrada relativa a su investigación de los casos comunitarios mencionados en este informe. En el momento de redactar este documento no se había publicado ninguna entrada al respecto.

El 19 de septiembre, ADM afirmó que su investigación preliminar había concluido lo siguiente: «ninguna de las propiedades o explotaciones agrarias (polígonos) pertenecientes a los proveedores que abastecen a ADM se solapan con territorios indígenas ni asentamientos comunitarios de pequeños propietarios ni los invaden de manera alguna. Ninguna de las explotaciones de las que ADM se abastece de soja sufrió desalojos». Sin embargo, la empresa no explicó cómo eso era posible en relación con las comunidades de Cerrito y Ka’a Poty, al igual que tampoco indicó que hubieran consultado a las comunidades pertinentes. Los protocolos dereclamación de ADM exigen que la empresa colabore con las partes interesadas pertinentes y publique una entrada de las cuestiones correspondientes en su registro público de reclamaciones en un plazo de dos semanas tras la recepción de información sobre violaciones de su política.

A lo largo de los últimos 50 años, la producción de soja ha transformado Paraguay. De cubrir poco más de mil hectáreas en los años sesenta, este cultivo ha pasado a ocupar 3,5 millones de hectáreas, lo que convierte al país, que tiene una población de apenas 7 millones de habitantes, en el cuarto exportadorde soja del mundo.

La mayor parte de esta expansión se produjo en la frondosa zona subtropical del este del país ganándole terreno al gran bosque atlántico que penetra en Paraguay desde la costa atlántica de Brasil. Entre 1973 y 2000, desaparecieron dos tercios del bosque atlántico de Paraguay, lo que supone una pérdida de 40.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que ocupa Suiza.

Hoy en día, lo que queda de este bosque está protegido por una ley que prohíbe porcompleto la deforestación. Sin embargo, a pesar de que actualmente la producción de soja provoca una deforestación menor en Paraguay que en el vecino Brasil, está fomentando una oleada de conflictos y desposeimientos que ha pasado desapercibida fuera de esta pequeña nación de América del Sur.

Las historias de Ka’a Poty y Cerrito son solo una muestra ínfima de lo que supone esta crisis. En solo un año, entre 2020 y 2021, los grupos en defensa de los derechos documentaron 12 desalojos forzosos de comunidades indígenas, que afectaron a 725 familias. También registraron otros 10 intentos de expulsar violentamente de sus tierras a comunidades de campesinos.

Casi todos esos conflictos estaban relacionados con la producción de soja para satisfacer la demanda internacional. El 90 % de la cosecha de soja de Paraguay se exporta y cerca del 40 % de las exportaciones las gestiona o bien ADM o bien Cargill. La Unión Europea (UE) es elprincipal destino de la soja paraguaya, mientras que el Reino Unido ocupa el cuarto lugar, con lo que millones de consumidores de toda Europa podrían estar implicados en violaciones de los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas de Paraguay.

Rubén Portillo tenía apenas 26 años cuando empezó a tener dolorosas erupciones en la cara y los dedos. Al principio las ignoró y siguió trabajando en su granja familiar en el pueblo de Yerutí, plantando frijoles y sandías en el sofocante verano paraguayo. Pero, unas semanas más tarde, empezó a tener fiebre alta, náuseas y diarrea. Poco después, no tenía fuerzas ni para ponerse en pie. 

Su hermana, Norma, alquiló una camioneta para llevarlo al hospital más cercano, pero era demasiado tarde y Rubén murió de camino.

En los días siguientes, otros 22 residentes de Yerutí fueron ingresados en el mismo hospital, entre ellos Diego, el hijo de Rubén de dos años. Esa llegada masiva de enfermos alarmó a la directora del hospital. Al darse cuenta de que era enero, un mes en el que en Paraguay se fumiga intensamente los campos antes de cosechar la soja, se puso en contacto con el Ministerio del Ambiente para expresar su preocupación[i].

Una semana después, inspectores del Gobierno viajaron a Yerutí, donde documentaron toda una relación de atroces violaciones de la legislación ambiental paraguaya, como grandes extensiones de soja que lindaban con explotaciones familiares sin ninguna zona de amortiguación que las separara o soja sembrada hasta el borde de senderos comunitarios sin ninguna franja de vegetación amortiguadora que protegiera a los residentes. Gracias a los análisis, en el agua del pozo del que bebía la familia Portillo, se encontró endosulfán, aldrín y lindano, plaguicidas prohibidos o de uso restringido en Paraguay.

Los inspectores también sacaron a la luz la flagrante negligencia de dos empresas, Hermanos Galhera y Cóndor Agrícola, que cultivaban soja cerca de la vivienda de las víctimas. Según constataron, «la mala gestión de residuos de envases químicos tirados en el suelo» estaba provocando la filtración de residuos químicos a las fuentes de agua. Ambas empresas lavaban sus equipos de fumigación en los arroyos que utilizaba la comunidad y ninguna de ellas tenía un permiso ambiental que autorizara sus operaciones. «Ninguna de las dos cumplía las normas más básicas de control ambiental», declaró uno de los inspectores a una emisora de radio católica local.

A raíz de estos hallazgos, se impusieron multas administrativas a ambas empresas. No obstante, ambas recurrieron la decisión y, poco después, se retiraron las causas contra ellas.

Sin embargo, Norma se negó a abandonar la lucha por la justicia. Tras perder la fe en la justicia paraguaya, llevó el caso de su hermano a las Naciones Unidas. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un dictamen abrumador, en el que concluía que «[no se investigó] de manera efectiva, adecuada, imparcial y diligente la contaminación ambiental que implicó la intoxicación de los autores y la muerte del Sr. Portillo Cáceres». El comité condenó fallos tan básicos como que nunca se efectuara una autopsia del cadáver de Rubén Portillo, ni análisis de sangre y orina de otras víctimas de Yerutí, «a pesar de haber sido requerido en cuatro ocasiones».

En consecuencia, las Naciones Unidas ordenaron al Gobierno paraguayo «realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos» y «sancionar,en las vías penales y administrativas, a todos los responsables». En particular, la resolución destaca las investigaciones fallidas llevadas a cabo sobre las empresas Hermanos Galhera y Cóndor Agrícola.

Tres años después de la publicación de la resolución, no se ha llevado ante la justicia a nadie por la muerte de Rubén. Mientras tanto, la situación en Yerutí sigue deteriorándose. Cuando Norma llevó su caso ante las Naciones Unidas por primera vez, los campos de soja aún no habían llegado hasta su parcela, según cuenta ella misma. Ahora, la producción del monocultivo llega hasta su valla, quema los pastos de su pequeño rebaño de vacas y echa a perder los cultivos de su huerto. «Están a cincuenta metros de mi casa y no hay ninguna barrera», se lamenta.

Dicen los residentes que el inexorable avance del monocultivo de soja ha ido consumiendo a toda la comunidad. Yerutí se fundó en el marco del optimismo que reinaba durante los primeros años tras el Gobierno de Stroessner, en unos terrenos que un antiguo ministro de Educación había devuelto al Estado como compensación por malversación de fondos públicos. Por aquel entonces, contaba con 223 parcelas, todas ellas con una gran actividad. Hoy quedan poco más de 30. En 2021, las autoridades cerraron la escuela del pueblo, alegando que había escasez de estudiantes. Diego, que sobrevivió a la intoxicación que mató a su padre y ahora es un adolescente, debe recorrer 20 kilómetros al día solo para asistir a clase. Al no haber transporte público, va hasta allí en moto.

Global Witness descubrió que Hermanos Galhera sigue operando a pocos kilómetros de Yerutí: cosecha soja y se la entrega a ADM, que posee un silo a 10 km de Yerutí. Hermanos Galhera también suministra soja a Cargill y Bunge, según afirman personas que trabajan en el sector. Cóndor Agrícola también sigue operando en la zona y es probable que esté suministrando soja a ADM. Ni Hermanos Galhera ni Cóndor Agrícola respondieron a las alegaciones que les presentó Global Witness.

Dos años después de condenar los errores del Estado en Yerutí, las Naciones Unidas emitieron otro dictamen, en el que se condenaba el efecto devastador de las fumigaciones en una comunidad indígena cercana.

Campo Agua’e es el fruto de una lucha que los líderes del pueblo ava guaraní llevan décadas librando para salvaguardar una parte de su territorio ancestral. La comunidad, que se estableció en la década de 1960, cuando la marcha al este de Stroessner cobraba fuerza, cuenta hoy con 980 hectáreas que se expropiaron a una empresa agrícola local. Para los ancianos ava guaraníes que lucharon por la tierra (y ahora están enterrados en un cementerio en una ladera cercana), esta garantizaba un espacio en el que sus descendientes podrían mantener su cultura.

No obstante, es precisamente esa cultura la que está amenazada por fumigaciones incontroladas e ilegales. La destrucción de la diversidad biológica local está provocando una pérdida de «conocimientos tradicionales asociados a sus prácticas culturales de caza, pesca, recolección y agroecología guaraní», según las Naciones Unidas, que cita las preocupaciones de la comunidad relativas al hecho de que «los árboles frutales [han dejado] de dar frutos» y «las colmenas silvestres [han desaparecido] por la mortalidad masiva de abejas». Han desaparecido elementos esenciales para la danza y los rituales del pueblo ava guaraní, como la cera para las velas ceremoniales o una variedad específica de maíz necesaria para elaborar una bebida fermentada llamada «chicha». De igual manera, las prácticas ceremoniales de bautismo han dejado de celebrarse, ya que los materiales necesarios ya no se pueden obtener.

«El cese de realización de esta ceremonia deja a los niños sin un rito crucial para la consolidación de su identidad cultural», advierte el dictamen de las Naciones Unidas.

De hecho, las fumigaciones han tenido un efecto especialmente grave en los niños y niñas de la comunidad en edad escolar. Una inspección gubernamental realizada en 2009 descubrió que se fumigaba a tan solo 10 metros de la escuela mientras el alumnado estaba en clase, lo que supone una flagrante violación de la legislación paraguaya, que estipula una distancia mínima de 100 metros. También se descubrieron productos agroquímicos no registrados en la propiedad de una de las dos empresas responsables de las fumigaciones ilegales, Issos Greenfield, y se concluyó que «incumplían sistemáticamente la normativa medioambiental».

«Nos poníamos enfermos: teníamos fuertes dolores de cabeza, diarrea, tos y fiebre —dice Rosana Riveros, una joven que ahora tiene poco más de 20 años y que estudió en la escuela de la comunidad—. Era muy difícil concentrarse, no podíamos aprender lo que debíamos».

Se abrió una investigación sobre estas violaciones, pero, tal y como le ocurrió a Norma en Yerutí, esta se desestimó al poco tiempo sin que se procesara a nadie. En octubre de 2021, las Naciones Unidas observaron: «a más de doce años de la presentación por los autores de la denuncia penal por las fumigaciones con agrotóxicos, a las cuales además han quedado expuestos todo este tiempo, las investigaciones no han avanzado sustantivamente, sin que el Estado parte haya ofrecido explicación para justificar dicho retraso».

«Está todo escrito en la legislación, pero ¿quién va a asegurarse de que se cumpla si no son ellos?», se pregunta Lucio Sosa, docente de Rosana Riveros, que se ha puesto al frente de la batalla de la comunidad contra la producción de soja.

Mientras operaba en las cercanías de Campo Agua’e, Issos Greenfield recibía financiación de ADM y vendía la soja producida en el terreno a esta firma estadounidense. Issos Greenfield dejó de trabajar en la zona hace unos años; la que opera ahora allí es una empresa paraguaya llamada Somax SA. Si bien Somax no es responsable de las violaciones cometidas por Issos, tanto las Naciones Unidas como los residentes afirman que las fumigaciones siguen afectando gravemente a la comunidad. Según Sosa, Somax ha instalado las barreras de protección necesarias en algunos lugares, pero no en otros. El líder comunitario Benito Oliviera, que colaboró con Lucio en la alegación comunicada a las Naciones Unidas, es más rotundo: «La situación no ha mejorado en absoluto. Es peor con cada día que pasa».

Somax vendió soja de ese terreno a ADM, Cargill y Bunge, empresas que tienen silos a menos de 10 kilómetros de Campo Agua’e.

ADM no negó haberse abastecido de Hermanos Galhera ni de Cóndor Agrícola. Tampoco desmintió haberse abastecido de soja de Issos Greenfield ni de Somax SA ni haber proporcionado fondos a Issos Greenfield después de que el Gobierno paraguayo acusara a la empresa de llevar a cabo fumigaciones ilegales. Ni Cargill ni Bunge negaron haberse abastecido de Somax SA. Las tres empresas estadounidenses afirmaron que habían emprendido investigaciones sobre las violaciones de sus políticas que ha revelado nuestra investigación.

La expansión de la industria de la soja en Paraguay ha traído consigo un aumento masivo del uso de agroquímicos en el país. Las importaciones de estos productos (principalmente los plaguicidas glifosato, 2,4D y Paraquat) se multiplicaron casi por seis entre 2009 y 2017, ya que pasaron de 8.800 a 52.000 toneladas. Un estudio estimó que, en 2017, Paraguay (donde habita el 0,09 % de la población mundial) importó más del 6 % de todos los agroquímicos vendidos en el mundo, esto es, 7,4 kilogramos por habitante.

La legislación paraguaya exige una zona de amortiguación de 100 metros, como mínimo, entre las fumigaciones y los asentamientos humanos, incluidas las escuelas y los centros de salud. Esta medida ya es escasa en comparación con jurisdicciones similares; la vecina Argentina, por ejemplo, exige una zona de amortiguación de un mínimo de 500 metros. Y, sin embargo, en Paraguay incluso las normas poco rigurosas que existen rara vez se aplican, como demuestran las experiencias de las dos comunidades mencionadas.

Además, Yerutí y Campo Agua’e no son casos aislados. En octubre de 2022, el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas emitió un comunicado crítico con la situación en Paraguay. Llamó al Gobierno a que cumpliera con los dictámenes sobre Yerutí y Campo Agua’e y concluyó que «no se cumplen las leyes de control de pesticidas» y que esto «genera impunidad ante las violaciones y abusos de derechos humanos de millares de personas expuestas a la contaminación tóxica». 

Durante una visita al país, encontró muchas comunidades indígenas y campesinas arrinconadas por vastas plantaciones del monocultivo. «Quienes se oponen a la contaminación de sus comunidades son muchas veces criminalizados por el Ministerio Público», observó.

Otro estudio reciente, publicado en 2020, destacó la repercusión entre los niños y niñas en edad escolar. En él se identificaron 51 escuelas situadas a menos de 100 metros de extensas plantaciones de monocultivos, lo que ponía en peligro la salud de casi 4.000 estudiantes. El equipo de investigación descubrió que, en algunos casos, las escuelas cerraban durante varios días seguidos cuando las fumigaciones eran más intensas.

Uno de los distritos gravemente afectados es Minga Pora, en el Alto Paraná, el mismo en el que se encuentra la tierra ancestral de la comunidad de Cerrito a la que sus miembros están luchando por volver. Según los hallazgos del estudio, casi una tercera parte de las escuelas de Minga Pora (8 de 25) se encuentran a menosde 100 metros de donde se producen fumigaciones intensivas. Al igual que en otros distritos que visitó el equipo de investigación, los miembros de esta comunidad afirmaron haberse quejado a las autoridades locales, pero dijeron que no se había tomado medida alguna.

Cuando Aida González y sus vecinos decidieron luchar por un terreno que habían usurpado los productores de soja, ella sabía que se enfrentaría a intereses poderosos. Cinco años después, ha sufrido una serie de desalojos violentos, ataques de civiles armados y múltiples amenazas de encarcelamiento. Ahora se enfrenta a nuevos intentos de encarcelarlas a ella y a otras personas por un periodo de hasta 10 años simplemente por resistirse a un acaparamiento ilegalde tierras por parte de la agroindustria de Paraguay.

Aida es una de las muchas personas de familias campesinas tradicionales del país que carecen de acceso a la tierra. Dado que la mayor parte de la tierra fértil del país ha sido ocupadapor la industria agrícola a gran escala, cientos de miles de agricultores sintierra viven con sus familiares en casas abarrotadas en ciudades y pueblos pobres de Paraguay.

Junto con vecinos en la misma situación, Aida encontró tierras estatales en una antigua comunidad de campesinos que unos productores de soja habían ocupado de forma irregular. Los productores habían comenzado a cultivar la tierra después de que la abandonaran sus habitantes originales, campesinos que se habían visto obligados a dejarla por las fumigaciones intensivas. «Las plantaciones me rodeaban; estaban a 28 metros de mi puerta», dice Catalino Silva, uno de los pocos residentes originales que se negaron a irse. Silva culpa a «las fumigaciones, la corrupción y el abandono estatal» de la desintegración de su localidad de nacimiento, denominada colonia Sexta Línea Yvypé.

Al enterarse de la situación en Yvypé, Aida y sus vecinos decidieron solicitar que les entregaran las tierras abandonadas. Hicieron su reivindicación al amparo de las leyes de reforma agraria de Paraguay, que exigen que las tierras estatales se entreguen a los pequeños agricultores y no a la industria agrícola a gran escala. Y adoptaron la táctica tradicional del activismo territorial paraguayo para forzar a un Estado indiferente a actuar: en 2017, ocuparon las tierras que reivindicaban.

Tal y como esperaba Aida, la ocupación ocasionó una respuesta feroz por parte de los productores de soja, que, durante los cuatro años siguientes, instigaron una serie de desalojos, en los que tanto la policía como civiles armados destruyeron repetidamente viviendas y cultivos. Un productor, Georg Matthies Derksen, contraatacó con una serie de acusaciones penales contra Aida y otras personas con la intención de procesarlas por invasión de inmueble ajeno, entre otros delitos. En un momento dado, Aida y otro activista, Ceferino Peralta López, pasaron dos semanas en la cárcel.

Luego, cuatro años después de ocupar el lugar, la resiliencia de Aida, por fin, dio sus frutos. Las decisiones sobre la adjudicación de las tierras del Estado son prerrogativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra de Paraguay, denominado INDERT. Inicialmente, el INDERT se había pronunciado a favor de los productores de soja e incluso les había asignado tierras ocupadas por campesinos. Pero, en 2021, el presidente del INDERT fue destituido en pleno escándalo de corrupción. Su sustituta, Gail González Yaluff, volvió a evaluar el caso de Sexta Línea; halló «graves irregularidades» en el trato de favor que la anterior administración había dado a los productores de soja y concluyó (tal y como habían argumentado Aida y su comisión) que esta había actuado «en total violación a lo que establece el Estatuto Agrario». En consecuencia, González revocó varias de las resoluciones tomadas y pasó a «suspender todos los procedimientos relacionados con la colonia Yvypé».

Tras cuatro años de lucha, por fin, parecía que el esfuerzo estaba valiendo la pena y que la colonia de Sexta Línea podría regenerarse.

Pero las cosas nunca son así de sencillas en Paraguay, un país que está pasando sus horas más bajas y ocupa el puesto 128 del índice de corrupción de Transparency International. En lugar de acatar la resolución del INDERT, los sojeros intensificaron sus ataques. En marzo de 2021, la policía y los civiles armados obligaron a 14 familias a abandonar sus hogares y quemaron sus cultivos y posesiones. Cuatro meses después, una enorme fuerza policial, parte de ella a caballo, desalojó a seis familias más. «Mi esposa estaba embarazada y ver a cien agentes cabalgando hacia ella la dejó aterrorizada —asegura Gerardo Lezcano, un agricultor reservado, cuyo hogar destruyeron durante el desalojo de julio—. Perdió el bebé: la hija que había llevado en su vientre durante ocho meses».

Simultáneamente, Matthies Derksen intensificó los esfuerzos para encarcelar a los campesinos. Aida y varios miembros de la comunidad se enfrentan a cargos de «invasión de tierras», que, tras un reciente cambio de la legislación, pueden conllevar una pena de prisión de hasta 10 años. Los acusados se enfrentarán, en noviembre de 2022, a una audiencia preliminar fundada en un presunto allanamiento cometido en octubre de 2021, tras la resolución del INDERT en la que se determinaron «graves irregularidades» en la posesión de los terrenos por parte de Derksen.

«Por exigir nuestros derechos, por el mero hecho de solicitar acceso a un terreno, nos consideran delincuentes», dice Aida.

Matthies Derksen también ha arremetido contra la nueva presidenta del INDERT: en 2021, presentó una denuncia penal acusándola de instigación a la delincuencia. El INDERT respondió con una desafiante declaración, en la que acusaba a Matthies Derksen de intentar «intimidar» a la administración para «conseguir la titularidad ilegal de inmuebles rurales para la explotación extensiva».

El comunicado reza: «Las artimañas jurídicas planteadas por ciertos sectores […] constituyen un flagrante intento de amedrentamiento a esta administración» y finaliza: «Esta administración […] NO SE DEJARÁ INTIMIDAR POR SECTORES MOTIVADOS POR OSCUROS INTERESES».

Sin embargo, mientras haya cargos penales contra Aida y Ceferino, el INDERT no puede fallar a su favor, ya que los cargos que pesan sobre ellos imposibilitan que se les adjudiquen tierras estatales. Además, si la campaña de Derksen para encarcelarlos tiene éxito, ambos podrían pasar años en el brutal y superpoblado sistema penitenciario de Paraguay.

Matthies Derksen pertenece a una cooperativa llamada Friesland. Suministra soja tanto a un silo operado por la cooperativa como, al parecer, a un segundo silo cercano propiedad de una cooperativa similar llamada Volendam. Toda la soja que se envía al silo de Friesland la exporta el gigante ruso del cereal Sodrugestvo. ADM y Cargill son los dos comerciantes internacionales con infraestructuras para la soja (como silos y puertos) que más cerca están de la cooperativa de Volendam.

El productor de soja responsable del desalojo de Gerardo Lezcano y su familia vende soja a un silo cercano llamado Seagri, que tiene una relación de suministro con Cargill desde hace mucho tiempo.

Ni Matthies Derksen ni Friesland ni Volendam ni Seagri respondieron a estas alegaciones cuando Global Witness se puso en contacto con ellos. Cargill no negó abastecerse de las propiedades de Derksen a través de Volendam ni de otras propiedades situadas en tierra que reivindica la comunidad a través de Seagri. Además, dijo que había puesto en marcha investigaciones sobre las violaciones de sus políticas descubiertas por nuestra investigación.

Paraguay es uno de los países con la distribución de la tierra más desigual del mundo. Solo 12.000 personas son propietarias del 90 % de las tierras paraguayas; el 10 % restante se reparte entre más de 280.000 pequeños y medianos productores. Fuera de esos confines, existe una periferia desposeída de 300.000 familias campesinas que no tienen acceso a ningún tipo de tierra. Esto genera un coeficiente de Gini de 0,93, mucho más alto que el de cualquier otro lugar, incluso en la región notoriamente desigual de América Latina.

Las empresas multinacionales se benefician directamente de esta desigualdad. Según estimaciones de las Naciones Unidas, solo el 6 % de la superficie agrícola de Paraguay está disponible para la producción de alimentos a escala nacional, mientras que el 94 % restante se destina a cultivos para la exportación. La soja es, con mucha diferencia, el producto que más exporta Paraguay y, en 2020, el 40 % de las exportaciones de esta legumbre las gestionó o bien ADM o bien Cargill.

Las organizaciones que representan a las comunidades agrícolas o campesinas tradicionales de Paraguay han luchado para hacer frente a esta absorción. Una de ellas, la Federación Nacional Campesina (FNC), afirma haber obtenido la titularidad de más de 300.000 hectáreas desde la caída de la dictadura en 1989. Su estrategia consiste en la acción directa: buscan tierras que hayan pasado a la posesión de grandes productores de forma ilegal y luego organizan ocupaciones para exigir al Estado que reconozca la reivindicación.

Pero su lucha ha tenido un coste: desde el restablecimiento de la democracia en 1989, al menos 128 campesinos y campesinas han muerto asesinados y miles de agricultores han sido encarcelados.

Los objetivos de la FNC cuentan con el respaldo de expertos. Por ejemplo, durante una misión a Paraguay en 2016, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación declaró: «Es de vital importancia implementar plenamente la reforma agraria pendiente desde hace mucho tiempo». La experta instó al Gobierno a incorporar «los principios de derechos humanos con el fin de proteger a los pequeños agricultores y sus medios de vida».

Pero, en lugar de aplicar esas medidas, el Gobierno paraguayo está aumentando la represión del activismo campesino. En 2021, el presidente Benítez promulgó una ley que aumentó de 6 a10 años la pena por invasión de inmueble ajeno, el instrumento más utilizado para criminalizar a quienes exigen la restitución de tierras.

Al mismo tiempo, el Estado ha recortado el presupuesto precisamente de las instituciones estatales encargadas de resolver los conflictos de tierras. Tanto el INDERT como el INDI han sufrido un recorte de su presupuesto en los últimos años. El del INDERT se ha reducido en dos tercios en tan solo seis años, pasando de 43 millones de dólares estadounidenses (300 mil millones de guaraníes) en 2014 a 26,8 millones en 2019, 22,6 millones en 2020 y tan solo 15,62 millones (108 mil millones de guaraníes) en 2021.

De igual manera, el INDI experimentó un recorte presupuestario del 16 % en 2021. Un análisis realizado por un grupo paraguayo en defensa de los derechos determinó que el presupuesto total destinado a la adquisición de tierras en 2021 solo habría permitido al INDI comprar 600 hectáreas para las comunidades indígenas de Paraguay, una cantidad que el grupo calificó de «dramáticamente insuficiente».

Los grupos en defensa de los derechos de Paraguay establecen un paralelismo entre esta falta de capacidad del Estado y los bajos impuestos que se aplican a la agroindustria, el sector principal del país. Según las estimaciones de un grupo de la sociedad civil, BASE-IS, los exportadores de soja, trigo y maíz (que en conjunto representan más del 10 % de todo el PIB de Paraguay) contribuyen solo en un 1,72 % a los ingresos fiscales totales del país.

En el caso de los comerciantes de productos básicos de Paraguay, las cifras fiscales obtenidas por Global Witness indican que solo pagan en impuestos una ínfima parte de los enormes ingresos que generan. Los datos de aduanas muestran que ADM exportó 512 millones de dólares en bienes en 2020, un año en el que la empresa pagó 6,18 millones de dólares en concepto de impuestos sobre la renta, lo que equivale a un mero 1,2 % de los abundantes ingresos por exportación de la empresa. Las cifras de Cargill describen un panorama aún más extremo: en 2020, la empresa exportó bienes por valor de 713 millones de dólares, pero solamente pagó 1,46 millones de dólares en impuestos sobre la renta, lo que apenas representa un 0,2 % de sus altísimos ingresos por exportación. En su respuesta a Global Witness, ADM no negó estas cifras, pero afirmó que «tiene un firme compromiso de cumplir con todas las normas fiscales del país», como demuestran sus «auditorías y obligaciones de presentación periódica de informes». Cargill no hizo comentarios sobre sus asuntos fiscales.

Estas facturas fiscales tan reducidas se ven favorecidas por la inexistencia de un impuesto a la exportación de soja, en marcado contraste con Argentina, país vecino de Paraguay, que impone un gravamen del 33 %. La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas instó a Paraguay a «promulgar una ley introduciendo impuestos sobre la exportación de granos, incluyendo la soja, ya que podría contribuir a aumentar el ingreso fiscal y por ende el gasto social». Sin embargo, los intentos de crear un impuesto de este tipo han sido rechazados en repetidas ocasiones, tanto por el Congreso de Paraguay como, en la única ocasión en la que se logró que lo aprobara el poder legislativo, directamente por veto presidencial.

Los habitantes de Hugua Po’i, una comunidad indígena del este de Paraguay, habían jurado luchar contra cualquier intento de expulsarlos de su hogar, pero, cuando llegó el momento del desalojo, el ataque fue abrumador: 400 policías antidisturbios, metralletas, caballos e incluso un helicóptero surcando el aire. Armados únicamente con arcos y ramas, no tuvieron más remedio que abandonar su pueblo y marcharse bajo una lluvia torrencial.

Mientras la policía alejaba a la gente, civiles armados llegaban desde los campos de soja que quedaban al norte. Aquellos hombres, que actuaban bajo las órdenes de productores de soja locales, usaron tractores y motosierras para destruir las granjas y tierras de cultivo de la comunidad. Derribaron sus casas e incendiaron su opy, el templo espiritual de los mbya guaraníes, parientes cercanos de los ava del este de Paraguay.

Los vecinos se negaron a dejarse amedrentar y, apenas tres meses después del desalojo (que se produjo el 18 de noviembre de 2021), volvieron a ocupar el lugar. Empezaron de nuevo el arduo trabajo de construir viviendas, plantar cultivos y erigir un nuevo opy cerca de un antiguo lugar de enterramiento.

Pero la amenaza de otro desalojo ensombrecía sus labores. Una cooperativa agrícola local llamada Tres Palmas reivindicaba la misma tierra. La cooperativa había adquirido las tierras del Estado paraguayo en 1977, mientras las comunidades mbya residían allí, lo que desencadenó el conflicto que continúa hoy en día en Hugua Po’i.

Con el objetivo de evitar un segundo desalojo, el INDI solicitó a los tribunales una medida de protección para Hugua Po’i. Finalmente, el mediodía del 12 de julio de 2022, se les concedió. Pero llegó demasiado tarde: esa mañana, cientos de policías habían vuelto a sitiar a la comunidad para ejecutar una orden de desalojo de un juez local que, según los grupos en defensa de los derechos, notenía competencia para pronunciarse sobre el caso. Los residentes de Hugua Po’i no pudieron más que observar mientras sus hogares y cultivos eran arrasados por segunda vez. Dos semanas después, uno de los habitantes más jóvenes de Hugua Po’i, un bebé de dos meses llamado Néstor Villalba Mendoza, falleció por dificultades respiratorias.

Tres Palmas explota un silo a cinco kilómetros de Hugua Po’i, donde almacena la soja cosechada en las tierras objeto de controversia. Desde allí, la soja se transporta directamente en camiones a las instalaciones portuarias de ADM situadas en Puerto Sara, al sur de Asunción.

Tres Palmas defiende que los desalojos fueron autorizados por los tribunales civiles de acuerdo con un título de propiedad que ha estado en su poder durante más de 50 años. Según argumenta la empresa, la reivindicación de Hugua Po’i no es un caso en el que los pueblos indígenas busquen la restitución de sus tierras, sino uno en el que los políticos locales utilizan los derechos indígenas como arma para extorsionar a los terratenientes particulares.

Para los mbya guaraníes, la tierra que se encuentra entre los ríos Acaray y Monday, en el este de Paraguay, se conoce como «Mbae Vera», esto es, la tierra que brilla. Si bien el bosque que antaño alfombraba la región ha desaparecido en su mayor parte, sus claros y senderos forestales siguen hilando la mitología mbya.

«Para nosotros, la tierra es lo que da vida a toda la humanidad —dice Mario Rivarola, líder de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes—. Sin tierra, no hay vida. Venimos de la tierra y después volvemos a formar parte de ella».

Hoy en día, en lugar de árboles, la Mbae Vera está cubierta de inmensos monocultivos de soja. Los líderes mbya advierten de que este desposeimiento amenaza con desintegrar por completo su cultura y los vínculos de su comunidad. Hugua Po’i representa una acción decidida para preservar su conexión con esa tierra ancestral.

A tan solo 12 km al norte de Hugua Po’i, otra comunidad mbya lucha por mantener ese vínculo con su territorio tradicional. La comunidad Loma Piro’y también ha sufrido graves violaciones de derechos humanos perpetradas por individuos que, según se dice, actuaban en nombre de productores locales de soja.

En diciembre de 2020, un grupo de hombres armados con escopetas y picanas eléctricas marcharon hacia Loma Piro’y. Abrieron fuego por encima de la gente y les ordenaron que abandonaran el terreno o se arriesgarían a que los dispararan.

Una denuncia presentada ante la Fiscalía por dos vecinos de Loma Piro’y describe lo que ocurrió después: «Procedieron a golpear a algunos compañeros y compañeras, echando al suelo a los menores, a consecuencia de eso sufrieron fracturas de brazos y antebrazos, para luego quemar nuestras casas». 

Luego quemaron la iglesia y la escuela de la comunidad y robaron sus teléfonos, su comida y sus animales.

A pesar de la violencia y las amenazas de muerte, la comunidad permaneció tenaz. Pero, al parecer, la policía no hizo nada y, tres meses después, Loma Piro’y sufrió otro ataque. Esta vez, nueve residentes resultaron gravemente heridos.

«A mi primo le dieron un machetazo aquí —dice Dominga Coronel, la líder de la comunidad, señalándose la parte superior de la cabeza—. Su hermano recibió un corte en la cara y a cuatro o cinco mujeres las golpearon con palos en los brazos». En esa ocasión, las autoridades sí que tomaron medidas y varios terratenientes y sojeros locales fueron acusados de coacción.

La chispa que originó esos ataques también fue un choque fundamental de formas de ver la vida. En ambos conflictos, los terratenientes eran descendientes de comunidades menonitas desarraigadas que llegaron a Paraguay sin casi nada, pero con la intención de labrarse una vida en aquella tierra fértil. En el caso de Loma Piro’y, tanto los menonitas como los mbya guaraníes reivindican la posesión de la tierra que dejaron los pastores alemanes a los indígenas en los años ochenta. A lo largo de las décadas siguientes, los agricultores comerciales a gran escala fueron absorbiendo gradualmente la tierra.

«Nuestros abuelos vivían en este, nuestro territorio ancestral; aquí tenían su opy —dijo Armado Portillo, residente de Loma Piro’y, a la publicación local Joaju—. Era un lugar boscoso, pero ahora no hay bosques, solo soja».

La soja que se produce en las tierras que reivindica la comunidad de Loma Piro’y se cosecha y se envía a un silo cercano propiedad de una empresa llamada Agro Panambi. Según las investigaciones de Global Witness, Cargill se ha abastecido de esta empresa. Agro Panambi no respondió a la solicitud de información de Global Witness.

Ni ADM ni Cargill negaron haberse abastecido de Tres Palmas ni de Agro Panambi, respectivamente. Ambas empresas estadounidenses afirmaron que habían emprendido investigaciones sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos y de sus políticas.

Los desalojos de Hugua Po’i, Ka’a Poty y Cerrito, al igual que los de doce comunidades más que documentaron grupos en defensa de los derechos solo en 2021, se produjeron a pesar de que la legislación paraguaya consagra con claridad los derechos territoriales de los indígenas. Estas protecciones nacionales se amplían en varios acuerdos internacionales que Paraguay ha ratificado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a favor de la cual votó Paraguay.

Sin embargo, esta reciente oleada de desalojos forzosos no es la primera vez en que se acusa al Gobierno paraguayo de violar los derechos de los indígenas. Desde 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias condenando las violaciones. En un caso, la corte subrayó específicamente que el hecho de que la tierra esté en manos privadas no es justificación suficiente para negar el derecho de una comunidad a la restitución de su territorio.

Los defensores de los derechos sostienen que la falta de respeto de los derechos territoriales de los indígenas refleja un profundo deterioro del sistema judicial paraguayo. Juan Rivarola, abogado de CODEHUPY, un grupo en defensa de los derechos humanos, dice que los jueces y fiscales son conscientes de que fallar en contra de los poderosos intereses de la agroindustria podría acabar con su carrera. «Me dicen: ‘Tengo que ser flexible con esto o podrían despedirme’. Es algo muy grave porque afecta a la independencia del poder judicial», advierte.

Una funcionaria que lo vivió en sus propias carnes es Eresmilda Román Paíva, jueza de la ciudad de Itakyry, ubicada a 20 km al norte de Ka’a Poty, en el Alto Paraná. Román comenzó a trabajar como magistrada en 1995. Veinte años después, llegó a su mesa un caso que le cambiaría la vida para siempre.

«En 2015, el jefe de un pueblo indígena presentó una demanda en mi juzgado», comienza Román. Tenía problemas con un agricultor brasileño que cultivaba soja en las tierras de su comunidad. El agricultor había alquilado el terreno al predecesor del líder, pero este consideraba que el acuerdo era abusivo y quería recuperar las tierras.

A Román no le costó mucho llegar a una conclusión. La Constitución de Paraguay prohíbe el alquiler de tierras indígenas y el acuerdo no había sido aprobado por el Instituto Paraguayo del Indígena. «Anulé el contrato y devolví la tierra a la comunidad», dice.

Sin embargo, antes de emitir su sentencia definitiva, comenzó a recibir amenazas del abogado del sojero, Nelson Alcides Mora. «Incluso lo puso por escrito», añade Román mostrando una carta firmada por Alcides, en la que advierte de que magistrados que actuaron en igual forma «[terminaron] en el Jurado de Enjuiciamiento».

Sin embargo, Román se toma en serio la responsabilidad de su cargo. Se negó a ceder ante las presiones del abogado y ordenó que se devolviera el terreno a la comunidad.

Fue entonces cuando realmente empezaron sus problemas. En primer lugar, Alcides recurrió su sentencia y consiguió que se anulara. Luego cumplió su amenaza y denunció a Román ante un tribunal profesional. Según la jueza, al mismo tiempo, el abogado llevó a cabo una campaña de difamación en los medios de comunicación, en la que afirmaba que ella se había embolsado dinero de forma corrupta robando la soja de su cliente.

Durante los siguientes siete años, Román esperó el veredicto del caso. Cada día, la amenaza se cernía sobre ella: una carta o una llamada telefónica que le prohibiría ejercer su profesión y destruiría la carrera a la que había dedicado casi treinta años.

En diciembre de 2021, el grupo en defensa de los derechos CODEHUPY intervino en el caso: alertó al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas y presentó un amicus curiae ante los tribunales paraguayos. Finalmente, en octubre de 2022, los esfuerzos dieron sus frutos y el caso contra Eresmilda acabo desestimándose. «Tener que esperar tanto tiempo provoca daños psicológicos —asegura Román—. Lo siento siempre aquí, como una espada de Damocles, una hoja cerca de la parte superior de mi cabeza que no me deja moverme».

La investigación de Global Witness demuestra que es probable que millones de consumidores de toda Europa estén contribuyendo al desalojo forzoso, intoxicación, represión y criminalización de las comunidades indígenas y campesinas de Paraguay.

Combinando los datos de los envíos y la información proporcionada por personas que trabajan en los sectores de la soja, la carne y el pienso, encontramos las conexiones existentes entre los conflictos documentados en este informe y varias empresas europeas.

En primer lugar, rastreamos el flujo de la soja desde los productores de las plantaciones en conflicto con las comunidades indígenas hasta los silos y las instalaciones portuarias de ADM y Cargill. Y, a continuación, trazamos el viaje de la legumbre a través del Atlántico hasta las empresas de pienso, los productores de carne y, por último, los minoristas y restaurantes que venden productos con soja paraguaya a consumidores de toda Europa.

Europa importó 34,3 millones de toneladas métricas de soja en 2019 y alrededor de dos tercios procedían de América del Sur. Las investigaciones de Greenpeace indican que ese mismo año Europa movilizó casi 12 millones de hectáreas de tierra en el extranjero para satisfacer su demanda de soja para forraje.

El continente juega un papel desmedido como fuente de demanda de soja paraguaya y, durante años, la Unión Europea (UE) ha sido el primer mercado de exportación de Paraguay.

La soja cultivada en Paraguay entra en Europa por dos vías principales, directa e indirectamente. La mayor parte (alrededor de 1,1 millones de toneladas en 2019) se importa con registro de origen de Paraguay principalmente como harina de soja.

Dentro de Europa, Polonia, el Reino Unido y Dinamarca son los mayores compradores de harina de soja procedente directamente de Paraguay y, algunos años, Italia también ocupa una posición importante en la clasificación. La Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) indica que, en 2021, Polonia importó poco menos de 372.000 toneladas de harina de soja paraguaya; el Reino Unido, 290.000; y Dinamarca, 70.000.

Sin embargo, resulta probable que el volumen real de las importaciones de soja paraguaya de Europa sea mucho mayor y que haya matices respecto a su destino final y su uso dentro de Europa.

Más allá de esas importaciones directas, en 2019, por ejemplo, existe la posibilidad de que se importaran a Europa otros 0,7 millones de toneladas de soja paraguaya entre los 7,7 millones de toneladas de harina de soja que Argentina suministró al continente, ya que más de 3,3 millones de toneladas de soja cultivada y cosechada en Paraguay se procesaron en la inmensa industria de trituración argentina y luego se reexportaron como soja triturada argentina.

De este modo, en 2019-2020 Europa podría haber adquirido alrededor de 1,8 millones de toneladas métricas de soja paraguaya (esto es, más del 5,2 % de las importaciones del continente), una cantidad significativamente mayor que la contribución de cerca del 3 % de Paraguaya la producción mundial de soja.

Por lo tanto, Europa ha sido un motor clave de la expansión de la soja en Paraguay y, para producir esa legumbre para el continente, se han ocupado unas 615.000 hectáreas de tierra paraguaya, una superficie cuatro veces mayor que el Gran Londres y casi cuatro veces mayor que la superficie combinada de París, Berlín, Bruselas y Roma.

Además, el Reino Unido es una fuente especialmente importante de demanda de soja paraguaya, que supone una proporción mucho mayor del suministro global del Reino Unido de lo que sugiere el comercio directo.

Los datos proporcionados a la Confederación de Industrias Agrícolas (AIC, por sus siglas en inglés) por los principales comerciantes, entre ellos ADM, Cefetra y Cargill, que incluyen las importaciones indirectas a través de los estados miembros europeos, indican que el Reino Unido realmente importó 375.215 toneladas del equivalente de harina de soja paraguaya en 2020 y 371.000 toneladas en 2019, lo que representa el 15,6 % y el 16 % de la soja para pienso importada al Reino Unido en los años respectivos.

El enorme uso de soja paraguaya que aparentemente se hace en el Reino Unido lo origina la demanda del sector del pollo y probablemente en una proporción significativa el grupo alimentario británico 2 Sisters.

Las rutas precisas que sigue la soja paraguaya en dirección a las cadenas de suministro europeas se encubren bajo transbordos solapados en gigantescas terminales de tránsito de terceros países, en particular, en Argentina. La mayoría de los datos comerciales disponibles no aclaran quién envía qué a quién ni tampoco dónde ni cuándo.

Pero nuestra investigación ha logrado descubrirlo.

Dado que Paraguay no tiene litoral, casi toda su cosecha de soja sale por vía fluvial.

El crecimiento de las exportaciones de soja ha impulsado un rápido desarrollo de las infraestructuras fluviales del país: en los últimos 30 años, su flota se ha multiplicado por 50, pasando de 100 a 5.000 barcos. Este desarrollo ha convertido a Paraguay en «el líder inequívoco de la navegación fluvial de América Latina, y en el tercero del mundo, después de EE. UU. y China».

En 2016, Paraguay contaba con 26 puertos cerealeros fluviales dedicados exclusivamente al traslado de soja: 16 en las orillas del río Paraguay y 10 en las del río Paraná. La mayor concentración se alza sobre el río Paraguay allá donde bordea el oeste de Asunción. Cargill (Puerto Unión), ADM (Puerto Sara) y el gigante ruso Sodrugestvo (SARCOM) operan puertos privados en esa zona, mientras que el gigante estadounidense Bunge, el comerciante francés Louis Dreyfus Company y COPAGRA, la filial paraguaya del coloso agroindustrial argentino AGD, comparten un puerto y una enorme planta de transformación de nombre CAIASA.

En esos y otros puertos, la soja se carga en barcazas que harán un largo viaje río abajo. Su destino suele ser la ciudad argentina de Rosario, el mayor centro de exportación de soja del mundo, en el que los puertos y las plantas de transformación se alinean a lo largo de 70 km de ribera.

Allí, los comerciantes de productos básicos operan puertos para el transbordo de harina de soja paraguaya: ADM tiene una instalación llamada Muelle El Tránsito, Cargill tiene Muelle Quebracho y Bunge y COPAGRA (o AGD) comparten un complejo llamado Terminal 6. Siguiendo el curso del río, ADM también opera una terminal de transbordo en Nueva Palmira, Uruguay.

En Rosario, la soja paraguaya entera se tritura y se reexporta como harina de soja argentina, lo que significa que millones de toneladas de soja paraguaya desaparecen cada año en la inmensa trituración de soja que tiene lugar en Argentina. La harina de soja paraguaya se transfiere entonces en los puertos de transbordo de los comerciantes a los enormes buques de carga a granel que la entregan a compradores de todo el mundo, con Europa como principal destino.

Nuestra investigación rastreó el viaje que sigue la harina de soja paraguaya desde las instalaciones de transbordo de ADM, Cargill y Bunge hasta las empresas de alimentación animal que suministran a dos de las mayores empresas cárnicas de Europa: 2 Sisters, en el Reino Unido, y Danish Crown, en Dinamarca.

En 1993, Ranjit Singh Boparan, un ayudante de carnicero que había dejado la escuela a los 16 años, fundó 2 Sisters. Desde entonces, la empresa se ha convertido en el mayor productor de pollo del Reino Unido, ya que transforma más de 10 millones de aves a la semana y suministra un tercio de todos los productos a base de pollo que se consumen en el país.

Paraguay es una fuente clave de la soja que se usa en el pienso para pollos de 2 Sisters, según la propia política en materia de abastecimiento de soja de la empresa, que afirma: «A lo largo de muchos años la experiencia de 2SFG ha demostrado que la harina de soja brasileña y paraguaya ha sido de calidad superior a otras fuentes».

Esta política también establece que toda la soja del pienso para pollos de 2 Sisters la suministran tres comerciantes que dominan el flujo de la soja paraguaya hacia Europa: Cargill y ADM (el primer y segundo exportador de soja de Paraguay, respectivamente) y el Grupo Cefetra, una empresa con operaciones en el Reino Unido que es a su vez propiedad del Grupo BayWa, un gigante de productos agrícolas, energía y materiales de construcción con sede en Alemania. Cefetra declaró que el 45 % de sus importaciones al Reino Unido e Irlanda de equivalente de soja previstas para 2020 eran de origen paraguayo.

Nuestra investigación descubrió múltiples envíos de soja paraguaya al Reino Unido por parte de ADM, Cargill y Bunge, entre ellos, envíos de Bunge a Cefetra. La soja paraguaya de estos envíos la adquieren fabricantes de pienso del Reino Unido y se utiliza para la producción de los pollos que sacrifica y vende 2 Sisters.

Entre estas empresas de pienso se encuentran 2Agriculture (asociada de 2 Sisters que también es propiedad de la familia Boparan) y ABN, una empresa de pienso propiedad de AB Agri, parte de Associated British Foods. También es probable que a 2 Sisters lleguen cantidades menores a través de ForFarmers UK, filial de uno de los mayores conglomerados europeos de alimentación animal: ForFarmers BV. Las empresas 2Agriculture y ForFarmers UK anunciaron recientemente sus planes de fusionar sus operaciones, lo que dará a ForFarmers una cuota mayor del mercado de pollos británico gracias a los contratos de 2 Sisters.

Ninguna de estas empresas de pienso negó haber utilizado la soja paraguaya de ADM, Cargill y Bunge (a través de Cefetra) cuando suministró pienso para aves a 2 Sisters.

Nuestra investigación descubrió dos rutas específicas por las que la harina de soja paraguaya de ADM llega a los pollos de 2 Sisters: una es a través de Portbury, en el suroeste de Inglaterra, y otra es a través de Seaforth, en el noroeste de Inglaterra, junto a Liverpool.

El 10 de julio de 2022, un buque mercante de 200 metros de eslora llamado Shandong Fu You se abrió paso hasta el muelle de Portbury, en Inglaterra. A bordo había 24.200 toneladas de harina de soja paraguaya, que se habían cargado tres semanas antes en el puerto de transbordo de ADM en Nueva Palmira.

El año anterior, en 2021, otros dos buques habían realizado la misma ruta: el Mandarin Phoenix llevó 10.000 toneladas de harina de soja desde el puerto de El Tránsito de ADM hasta Portbury en diciembre, mientras que el Amis Unicorn entregó 22.000 toneladas pasando por el mismo puerto de ADM en junio.

Desde Portbury, la harina de soja paraguaya de ADM se transporta en camiones a un parde fábricas de pienso operadas por ABN en los bonitos pueblos de Uffculme y Cullumpton, en Devonshire, donde se mezcla con otros insumos como trigo y maíz para producir pienso para pollos destinado a 2 Sisters.

Este pienso se transporta por estrechos caminos rurales hasta el conjunto de explotaciones avícolas de producción intensiva de la región. La principal de todas ellas es Swanhams, una explotación industrial de pollos explotada por Hook 2 Sisters, una empresa conjunta de 2 Sisters y el criadero PD Hook. Desde la puerta principal, la explotación avícola de Swanhams es una discreta serie de seis graneros de madera. Sin embargo, una mirada más atenta revela que la fachada de madera solo se mantiene en la parte frontal y que hacia atrás se extienden más de cien metros de estructuras de metal ondulado. Dentro de cada una de ellas hay 60.000 pollos y todo el complejo contiene 350.000 a la vez.

Estos pollos pasan entre cinco y seis semanas en las explotaciones avícolas de producción intensiva y luego están listos para el sacrificio. Los recogen «cuadrillas decaptura», que los meten en cajas y los apilan en camiones para su transporte al vasto matadero avícola de 2 Sisters en el pueblo de Willand, donde se sacrifica a un millón depollos a la semana.

Ni ADM ni 2Agriculture ni ABN ni 2 Sisters refutaron estas conclusiones cuando se las planteamos.

ADM: el nexo de Seaforth

Más hacia el norte en la costa inglesa, 2 Sisters también se abastece de harina de soja paraguaya de las instalaciones de ADM en el puerto de Seaforth, cerca de Liverpool. En lo que va de 2022, ADM ha enviado a Seaforth al menos 37.615 toneladas de esta harina en dos remesas desde su terminal de transbordo en Nueva Palmira, Uruguay.

Desde Seaforth, la harina de soja paraguaya de ADM se transporta en camiones a una instalación cercana de producción de pienso en Llay, Gales del Norte, operada por 2Agriculture, la asociada de 2 Sisters.

Desde la fábrica de 2Agriculture, el pienso para pollos se suministra a los numerosos complejos de Hook 2 Sisters de la zona, entre ellos, la granja avícola de Treuddyn y el conjunto de explotaciones avícolas de producción intensiva de la empresa en el noroeste de Gales. Los pollos que se crían en estos complejos se sacrifican en el matadero avícola principal de 2 Sisters en Sandycroft, cerca de Deesyde, en el que también se mata a un millón de aves cada semana.

Cargill

Cargill también envía harina de soja paraguaya a Seaforth a través de Muelle Quebracho, su centro de transbordo en Rosario. En 2021, Cargill transportó casi 60.000 toneladas de harina de soja paraguaya en tres remesas a sus instalaciones en Seaforth. Al igual que la de ADM, la soja de Cargill (incluida la importada de Paraguay) se vende a fabricantes de pienso, entre ellos 2Agriculture y ABN, para su uso en la producción de los pollos de 2 Sisters.

Ninguna de estas empresas refutó estos vínculos de la cadena de suministro cuando se los planteamos. ABN nos dijo que utiliza el sistema de certificación Triple S de procedencia y suministro sostenible de Cargill.

Una parte sustancial de las importaciones de soja de Cargill al Reino Unido también abastece a la propia operación integrada de pollo del gigante estadounidense: Avara Foods, una empresa conjunta con el productor británico Faccenda Foods. Una investigación reciente de Unearthed descubrió que la soja de la planta de Cargill en Seaforth se transporta primero a las fábricas de pienso para aves de la empresa en Hereford y Banbury y luego a las granjas de pollos de Avara.

Bunge

Por último, Bunge también envía harina de soja paraguaya al Reino Unido. En lo que va de 2022, el gigante estadounidense ha entregado tres remesas que alcanzan un total de 18.260 toneladas a las instalaciones de Belfast de Cefetra, comerciante de ingredientes para pienso. Cefetra, a su vez, vende soja (incluida la paraguaya suministrada por Bunge y otros) a empresas que satisfacen la demanda de pienso de 2 Sisters, por ejemplo, ABN y 2Agriculture. Ninguna de estas empresas refutó estos vínculos de suministro cuando se los planteamos.

También rastreamos la entrega de soja paraguaya de ADM y Cargill a empresas de la cadena de suministro de Danish Crown, uno de los mayores exportadores del mundo, además de uno de los principales productores de carne de cerdo de Europa y la mayor empresa de transformación de carne de este continente.

Danish Crown, una cooperativa de más de 6.000 ganaderos, sacrifica 18 millones de cerdos al año. Sus miembros crían los cerdos en enormes instalaciones de tecnología avanzada, necesarias para que la carne de cerdo danesa mantenga su bajo costo en los mercados europeos y mundiales. La soja desempeña un papel fundamental en su modelo de producción.

La soja paraguaya llega a las explotaciones porcinas de producción intensiva de Danish Crown a través de otro gigante nórdico de la agroindustria, Danish Agro. Se trata de una de las 10 mayores empresas de alimentación animal de Europa: gestiona alrededor del 40 % de las importaciones de soja de Dinamarca y produce 2,8 millones de toneladas de pienso al año. ADM es su principal proveedor de soja.

Rastreamos dos envíos de soja paraguaya desde el puerto El Tránsito de ADM en Rosario hasta las instalaciones de almacenamiento que Danish Agro alquila a Associated Danish Ports (ADP) en Fredericia, una ciudad portuaria en la península danesa de Jutlandia. Los envíos, de un total de 48.000 toneladas, llegaron en junio y diciembre de 2021: 20.000 a bordo del Amis Unicorn y 28.000 en el Mandarin Phoenix.

Desde los muelles, la soja se transporta en camiones a las fábricas de pienso de Danish Agro. Allí, la soja puede mezclarse con otros insumos, como la cebada y el trigo, para fabricar pienso para cerdos, que se entrega a las granjas de cría porcina que abastecen la red de mataderos de Danish Crown.

Danish Agro afirmó que desaprobaba enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y territoriales, que eran incompatibles con sus exigencias, y que se había puesto en contacto con su principal proveedor de soja, ADM, y estaba a la espera de los resultados de una investigación que ADM estaba llevando a cabo.

Los mataderos de esta empresa son también complejos enormes; el más grande se encuentra en Horsens y en él se sacrifica a 100.000 cerdos a la semana, cuya carne se envasa allí mismo.

El principal competidor de Danish Agro en Dinamarca es DLG, otra de las mayores empresas europeas de alimentación animal, que importa 900.000 toneladas de harina de soja al año. Cargill envió 11.500 toneladas de harina de soja paraguaya a DLG en 2022, pero esta empresa alegó que no se había utilizado para la alimentación de cerdos, con lo que no se había suministrado a Danish Crown.

También rastreamos un envío de 30.000 toneladas de soja paraguaya de ADM en el Apogee Endeavour, que descargó su mercancía el 22 de abril de 2021 junto a unas instalaciones de la terminal granelera de Aarhus que múltiples fuentes indican que es propiedad de DLG o está bajo su control. Sin embargo, aunque DLG reconoció que el envío se había producido, negó que la soja se les hubiera entregado a ellos o en una instalación operada por ellos o bajo su posesión.

Al igual que Danish Crown, tanto Danish Agro como DLG son cooperativas propiedad de ganaderos porcinos daneses, muchos de los cuales podrían ser también socios propietarios de Danish Crown. Ambas empresas de pienso tienen acuerdos con Danish Crown en virtud de los cuales se controlan y comparten datos sobre los volúmenes de pienso, los ingredientes y las ventas de cerdos a Danish Crown.

El pollo de 2 Sisters y la carne de cerdo de origen danés del grupo Danish Crown reinan en las tiendas, los supermercados y las cadenas de restaurantes de todo el continente y los consumen docenas de millones de consumidores europeos cada día.

El pollo de 2 Sisters y la carne de cerdo de origen danés del grupo Danish Crown reinan en las tiendas, los supermercados y las cadenas de restaurantes de todo el continente y los consumen docenas de millones de consumidores europeos cada día.

Hemos identificado 3 cadenas de comida rápida que utilizan el pollo de 2 Sisters en el Reino Unido; al menos 10 minoristas británicos que venden o hasta hace poco vendían productos de 2 Sisters y Danish Crown o que utilizaban su carne; y otros 13 minoristas importantes de Francia, Alemania e Italia que venden carne de cerdo de Danish Crown.

La empresa 2 Sisters afirma ser proveedora de Kentucky Fried Chicken (KFC) en el Reino Unido. Nando’s Reino Unido e Irlanda y McDonald’s también son clientes de 2 Sisters.

Además, 2 Sisters especifica que, entre sus clientes del Reino Unido, se encuentran los minoristas británicos Aldi, Asda, Co-op, Lidl, Marks & Spencer (M&S), Morrisons, Sainsbury’s, Tesco y Waitrose, aunque Waitrose nos dijo que ya no adquiere productos a esta empresa. Según se dice, Iceland, el gigante de los alimentos congelados, también es uno de sus clientes.

Estos minoristas utilizan 2 Sisters para sus productos de marca blanca. Algunos ejemplos son la línea Willow Farms de Tesco y la marca GastroPub de platos precocinados de M&S.

Todos estos minoristas británicos venden también productos fabricados por Danish Crown o por filiales del grupo.

La división de carne en conserva de Danish Crown, llamada Tulip, es una de las operaciones más conocidas de la empresa, ya que produce más de 130 millones de latas de carne al año. 

Tulip tiene la licencia de la empresa estadounidense de bienes de consumo Hormel Foods para producir su mundialmente famosa marca de fiambre de carne SPAM® para el mercado europeo. SPAM® se vende en muchos de los principales minoristas del Reino Unido, como Sainsbury’s, Tesco, Asda, Morrisons, Co-op, Waitrose y Iceland.

Algunos supermercados del Reino Unido, como Sainsbury’s y Tesco, también venden productos fabricados en las instalaciones de Tulip de Danish Crown con la propia marca Tulip.

Sainsbury’s incluye la empresa Tulip Food Company, de Vejle (Dinamarca), en su lista deproveedores de primer nivel de enero de 2022. El jamón magro y el picadillo de carne de cerdo y jamón en lata de su marca blanca se fabrican en Dinamarca con carne de cerdo danesa y el minorista no negó que fuera en instalaciones de Danish Crown.

Lidl incluye cuatro entidades de Danish Crown, dos de ellas en Dinamarca (una de las cuales es una instalación de Tulip) en una lista de 2022 de sus proveedores.

M&S también se ha abastecido de carne de cerdo cocida y en lonchas de la división Tulip de Danish Crown para sus productos de marca blanca y, aunque el contrato supuestamente terminó en 2019, M&S no negó seguir adquiriendo carne de cerdo de Danish Crown cuando nos pusimos en contacto con ellos.

Aldi Reino Unido también se abastece de Danish Crown.

Tulip también comercializa una amplia gama de ingredientes para pizzas bajo la marca SuperTops. Estos ingredientes los comercializan mayoristas de catering con sede en el Reino Unido que los venden a numerosas pizzerías y fabricantes de pizza independientes de todo el país.

Más allá del Reino Unido, los productos y la carne de Danish Crown también están a disposición de millones de consumidores más en toda la Europa continental.

En Francia, las conservas de carne, salchichas y jamón de la marca Tulip pueden comprarse en Carrefour, Intermarché, Monoprix y Auchan. En Alemania, se venden en los puntos de venta de Edeka, REWE, NETTO, Kaufland, METRO, Aldi Nord y Aldi Sud.

En las instalaciones de Tulip también se fabrican productos de fiambre de cerdo enlatados bajo el nombre Brookdale, una marca registrada a nombre de Aldi Inc, filial estadounidense de Aldi Sud en Alemania. Los registros comerciales indican que las empresas de Danish Crown enviaron miles de toneladas de productos de cerdo Brookdale desde Dinamarca a Estados Unidos entre 2017 y 2022, lo que es probable que represente más de cinco millones de latas durante ese periodo[.

Danish Crown también cuenta con dos marcas principales de cortes de carne de cerdo cruda: su línea genérica de carne de cerdo cruda (Tender Pork) y Pure Pork, una línea de carne libre de aditivos antibióticos y de elevado nivel de bienestar animal.

Pure Pork se ofrece en cortes de carne cruda en los 300 supermercados Decò de toda Italia.

Además, Pure Pork se utiliza para fabricar la popular marca alemana de productos porcinos Reinert HerzensSACHE. Esta marca, propiedad de The Family Butchers, el segundo productor de salchichas y jamón de Alemania, se vende en numerosos supermercados alemanes y en muchos otros de Europa.

La soja que contiene el negocio danés de carne de cerdo de Danish Crown también llega a los consumidores europeos a través de Sokołów, filial de Danish Crown, que es una de las mayores empresas cárnicas de Polonia, entre otras vías, bajo la marca Sokoliki. 

Los productos de Sokołów se venden principalmente en Polonia, pero cada vez están más presentes en los supermercados de toda Europa, como en los británicos Sainsbury’s, Tesco, Morrisons y Asda.

Como muestra este resumen no exhaustivo, los europeos que consumen pollo o cerdo comprarán casi con toda seguridad productos fabricados por 2 Sisters o Danish Crown, los cuales contienen soja paraguaya suministrada por comerciantes vinculados a vulneraciones de derechos humanos en Paraguay.

Una vez establecidos los claros vínculos entre los agentes implicados de la cadena de suministro, de nuestra investigación surgió una pregunta clave: ¿contiene la carne de Danish Crown y 2 Sisters soja procedente de las explotaciones que visitamos en Paraguay?

De ser así, todas las empresas mencionadas en este informe estarían «directamente vinculadas» a las vulneraciones de derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de Paraguay, según las normas internacionales en materia empresarial y de derechos humanos.

Entre estas normas se encuentran los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011) y las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, así como la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable (2018) y el principio del consentimiento libre, previo e informado, que es un aspecto fundamental de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

Además, cuando las empresas muestran negligencia a la hora de evaluar, detectar, prevenir o mitigar ese tipo de vulneraciones de los derechos humanos, según estas normas, se considera que han «contribuido» a las vulneraciones, lo que las hace responsables de brindar reparación a las comunidades afectadas.

En nuestro informe de investigación se plantea que todas las empresas posteriores a los grandes comerciantes de la soja en la cadena de suministro, como mínimo, corren el riesgo estructural de estar directamente vinculadas (si es que no tienen un claro vínculo directo) a las vulneraciones que descubrimos en Paraguay. Un gran número de empresas también muestran muchos, si no todos, los incumplimientos de diligencia debida asociados a la contribución a las violaciones.

Ninguna empresa mencionada en este informe refutó esta valoración cuando se la planteamos, salvo ADM (que afirma que su investigación preliminar —para la cual no ha indicado que haya consultado a las víctimas— concluye que sus proveedores no están causando violaciones y que sus explotaciones no se solapan con ninguna tierra comunitaria).

Es obvio que, según parece, nadie ha brindado reparación a las comunidades ava guaraní, mbya guaraní o campesinas afectadas por la producción industrial de soja en Paraguay.

La industria de la soja es abrumadoramente opaca.

Un informe de 2021 de 3Keel sobre la soja que contienen los productos que venden una serie de minoristas importantes muestra muy claramente la falta de transparencia que reina en el sector.

En él se concluía que, de los 1,63 millones de toneladas de soja que se estimaba que contenían los productos cárnicos vendidos por los minoristas en el Reino Unido y Europa en 2020, solo el 38 % contaba con algún tipo de declaración de «no deforestación» (el 62 % no tenía ninguna);

Para la investigación que formó parte de este informe, Global Witness envió encuestas sobre el abastecimiento de soja a más de 30 empresas de alimentación animal, minoristas y empresas de bienes de consumo que venden productos de 2 Sisters y Danish Crown por toda Europa, así como a estas dos empresas cárnicas, solicitándoles información sobre el volumen, origen, trazabilidad y certificación de sostenibilidad de su soja.

La mayoría no respondieron. De las 15 que lo hicieron, ni una sola empresa pudo o quiso proporcionar información lo suficientemente detallada como para permitir un análisis significativo de su abastecimiento de soja paraguaya. No obstante, muchas seguían proclamando las políticas en materia de sostenibilidad con las que se habían comprometido o las iniciativas del sector que habían suscrito.

La dependencia que tiene el sector industrial cárnico europeo de la soja barata para la alimentación animal ha sido una de las principales causas de los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente que se han dado por toda América Latina durante años.

Los grandes comerciantes de la soja, entre los que se encuentran ADM, Cargill y Bunge, han sido casi siempre los principales cauces de complicidad en esta larga historia de vulneraciones.

Sus compras de soja manchada por violaciones de los derechos humanos en países como Paraguay constituyen incumplimientos graves y reiterados de las normas internacionales en materia empresarial y de derechos humanos. 

A través de su propia negligencia, los agentes corporativos europeos de las fases de la cadena posteriores a los comerciantes también han contribuido durante años a vulneraciones tales como las que nosotros documentamos en Paraguay.

Esto incluye a prácticamente todos los tipos de agentes importantes implicados en la industria cárnica europea: desde las empresas de alimentación animal, los operadores de explotaciones industriales a los que estas abastecen y los grandes procesadores de pollo y cerdo, hasta los minoristas de grandes marcas, las cadenas de comida rápida y las empresas de bienes de consumo que venden productos cárnicos a millones de consumidores europeos. 

A la luz de las numerosas denuncias de deforestación y violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro de la soja, el sector ha adoptado una serie de políticas empresariales, iniciativas del sector y sistemas de certificación voluntarios para ayudar a sanear sus cadenas de suministro.

Para mantener el volumen de soja a escala industrial, las empresas han permitido que el pragmatismo triunfe sobre los principios constantemente.

Las políticas y prácticas de las empresas que participan en las cadenas de valor de la carne de 2 Sisters y Danish Crown solo son un caso más.

Casi todas las empresas europeas mencionadas en este informe son miembros de iniciativas del sector o adoptan políticas por las que afirman garantizar que no aceptan soja de origen turbio o que están trabajando para garantizar que no la aceptarán.

Tanto Danish Crown como 2 Sisters han firmado, por ejemplo, la que quizá sea la iniciativa voluntaria más reciente y coordinada de la industria para sanear el sector: el Manifiesto de la Soja del Reino Unido, publicado en noviembre de 2021. Muchos de los principales minoristas y cadenas de restaurantes pertinentes del Reino Unido también lo han suscrito.

Los firmantes del manifiesto han adoptado o están empezando a adoptar políticas por las que se comprometen a «garantizar que todos los envíos físicos de soja al Reino Unido estén libres de deforestación y conversión» y a hacerlo «a más tardar para 2025».

Resulta importante destacar que el manifiesto mencionado es «coherente» con la Iniciativa del Marco de Rendición de Cuentas, por lo que refleja las normas sobre derechos humanos y derechos territoriales de las comunidadesindígenas y locales de la iniciativa, lo que incluye el consentimiento libre, previo e informado.

Dado que ninguno de los firmantes importa soja al Reino Unido (entre ellos no hay grandes comerciantes ni empresas de pienso), las empresas se proponen alcanzar el objetivo del manifiesto comprometiéndose a realizar cinco acciones básicas y factibles, como el establecimiento de un compromiso de no deforestación para 2025 con un plan de acción o la exigencia de que sus proveedores directos adopten y repercutan ese mismo compromiso.

Ciertamente, la masa crítica de empresas que participan en la iniciativa del manifiesto no tiene precedentes y podría generar un cambio positivo en todo el sector europeo, no solo en el Reino Unido.

Sin embargo, más allá de la ambición y la escala de la iniciativa, hay razones de peso para temer que el objetivo principal no se logre y que, incluso después de 2025, los productos vendidos por los miembros firmantes sigan conteniendo la soja de origen turbio producida en explotaciones como las que visitamos en Paraguay.

El rumbo que sigue 2 Sisters sin duda es alarmante.

Desde la firma del manifiesto en 2021, 2 Sisters publicó en junio una política revisada en materia de adquisición de soja para 2022 que reproduce casi al detalle su política de 2021.

Sin embargo, su política también especifica que el 100 % de la harina de soja sudamericana utilizada en los piensos para aves de 2 Sisters cumple «tres normas de abastecimiento de deforestación cero», a saber, los sistemas de certificación de la sostenibilidad de ADM, Cargill y Cefetra.

Aunque esto parece positivo, 2 Sisters indica que todas estas certificaciones actualmente se basan en el modelo del «balance de masas por área o el balance de masas», y que, para 2025, se espera que el 100 % de su harina de soja esté certificada por balance de masas.

Con esas pocas palabras, la primera política de 2 Sisters relativa a la soja desde que la empresa firmó el Manifiesto de la Soja del Reino Unido garantiza que el objetivo del acuerdo de «garantizar que todos los envíos físicos de soja al Reino Unido estén libres de deforestación y conversión» no se cumplirá, al menos en lo que respecta a los derechos territoriales y los derechos humanos.

Que 2 Sisters acepte la certificación de balance de masas garantiza que gran parte de la soja que utilice hasta 2025 y después de esa fecha incluirá material producido en explotaciones que no están certificadas por los tres sistemas de certificación de deforestación cero especificados en su política o que probablemente incumpla sus respectivas normas de sostenibilidad.

Esto se debe a que los sistemas de certificación de balance de masas en realidad son trampas contables que usa la industria para legitimar soja que no se ha verificado que cumpla las normas de sostenibilidad que se proclaman.

En el marco de los sistemas de certificación de balance de masas o balance de masas por área de la cadena de custodia, ADM, Cargill y Cefetra se abastecen de soja procedente de explotaciones auditadas para cumplir sus normas de sostenibilidad, pero también de explotaciones que no están certificadas y puede que no cumplan las normas.

La soja procedente de explotaciones certificadas y no certificadas puede mezclarse (y a menudo se mezcla) en almacenes, barcos o elevadores de grano y también en molinos cuando se tritura para producir harina y aceite de soja. Una parte de la mezcla resultante se vende a los clientes con una certificación nominal, a pesar de que contiene material no certificado. 

En conjunto, el volumen de producto mixto que se vende como certificado no debe superar el volumen de la soja comprada a explotaciones certificadas. Así, si un comerciante adquiere el 10 % a explotaciones certificadas y el 90 % a explotaciones no certificadas o que no cumplen las normas, solo podrá vender como certificado el 10 % de sus ventas totales.

Sin embargo, por naturaleza, esta soja de certificación nominal puede incluir, incluye y casi siempre incluirá soja de cualquier explotación no certificada de la que se abastezca un comerciante, lo que incluye cualquiera que en sus operaciones viole los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, como las explotaciones que visitamos en Paraguay, o de explotaciones implicadas en la deforestación, por ejemplo.

Aparte de ADM, ninguna de las empresas mencionadas en este informe refutó esta valoración cuando se la planteamos. ADM declaró que «ADM no mezcla la soja, pero es consciente de que cualquier producto ‘a granel’ manipulado a gran escala normalmente se mezclará con otros».

No obstante, a pesar de los juegos semánticos de ADM, la Norma de la Soja Responsable propia de ADM (especificada por 2 Sisters) dice explícitamente que, según su oferta del balance de masas:

Si bien los sistemas de balance de masas exigen que al menos una parte de la soja de cada remesa certificada proceda de explotaciones certificadas, en los sistemas que se basan en el balance de masas por área esto no es así: en ellos, las remesas individuales no tienen por qué contener soja de explotaciones certificadas, siempre y cuando los volúmenes vendidos como certificados no superen los volúmenes procedentes de explotaciones certificadas.

El sistema de certificación de soja responsable certificada de Cefetra, CRS, que solo ofrece la cadena de custodia del balance de masas por área, admite que su sistema «puede dar como resultado una cantidad muy baja o incluso nula de productos certificados en un envío».

El aumento de la demanda de soja con certificado de balance de masas puede aumentar la demanda de la soja certificada y, en teoría, incentiva a más agricultores a adoptar una certificación de sostenibilidad. Esto es bueno; al menos tanto como las auditorías que se realicen.

Sin embargo, la certificación de balance de masas no garantiza en absoluto la exclusión de la soja procedente de operaciones agrícolas polémicas o que no cumplen las normas. De hecho, garantiza que la soja procedente de dichas fuentes pueda entrar y probablemente siga entrando indefinidamente en las cadenas de valor que la utilizan. El riesgo está garantizado estructuralmente.

De este modo, mientras las empresas que aplican los sistemas de balance de masas sigan comprando a fuentes implicadas en graves violaciones de derechos humanos (como hacen los comerciantes mencionados en este informe), estos sistemas no excluirán la soja procedente de esas fuentes y, por el contrario, servirán para certificar falsamente una soja que en realidad procede de fuentes sin certificar.

La segregación de la soja certificada y la no certificada es la forma más creíble de garantizar la exclusión de la soja de fuentes no deseadas, pero la industria cárnica y minorista europea —influida por la resistencia de los comerciantes de soja y los fabricantes de pienso, por consideraciones económicas y por una escasez indefinida de soja segregada— aparentemente no insiste en ella, si es que llega a exigirla expresamente.

Una vez más, el pragmatismo triunfa sobre los principios en lo que respecta a los derechos humanos.

La aceptación de la certificación de balance de masas por parte de los agentes más progresistas de la industria en su conjunto, entre ellos, algunos supermercados británicos, garantiza que el Reino Unido sea un mercado de destino para cualquier agricultor al que compren soja ADM, Cargill, Cefetra y su proveedor Bunge.

Esto incluye la soja de los agricultores que causan directamente los más atroces e inmorales daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente contra comunidades vulnerables como la ava guaraní de Ka’a Poty, la mbya guaraní de Hugua Po’i o las de campesinos que luchan por sus derechos y su vida en Yerutí y en Yvypé.

Ni 2 Sisters ni ninguno de los 10 minoristas ni las 3 marcas de comida rápida del Reino Unido que venden los productos de pollo de esta empresa refutaron esta valoración cuando Global Witness se la planteó. Salvo uno, todos han firmado el Manifiesto de la Soja del Reino Unido.

Por lo tanto, prácticamente todos los consumidores de pollo del Reino Unido se arriesgan a comprar productos contaminados con soja producida en explotaciones operadas por agricultores que vulneran los derechos humanos en Paraguay o en otros lugares.

En 2 Sisters nos dijeron que estaban «preocupados» por los vínculos con las violaciones de derechos en Paraguay que habíamos detectado y que habían pedido explicaciones a sus proveedores. Según mencionaron, los sistemas de balance de masas que especifican están «reconocidos como un medio para facilitar a los agricultores el cumplimiento de normas de producción mejores y son comparables a las directrices de abastecimiento responsable de soja de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC)».

Eso es cierto, precisamente porque esos reconocimientos de la industria y las directrices de la FEFAC permiten el blanqueo de la soja de origen turbio en remesas certificadas a través de sistemas de balance de masas. De hecho, la FEFAC ha presionado de forma proactiva a la UE para asegurarse de que la normativa propuesta sobre deforestación permita que la soja no rastreable, sin segregar y sin certificar procedente de explotaciones como las que visitamos en Paraguay se envíe a Europa mezclada en remesas con certificado de balance de masas (véase a continuación la sección titulada Campaña a favor de una legislación laxa).

’Nando's no refutó ninguna de las alegaciones que le planteamos, pero un portavoz afirmó: «una cadena de suministro sostenible y ética es parte integral de nuestro negocio. Trabajamos estrechamente con nuestros proveedores, que, al igual que nosotros, toman muy en serio su responsabilidad en el abastecimiento de soja. Contamos con sólidos protocolos para garantizar que la producción de soja se ajuste a las normas exigidas. Además, hemos firmado el Manifiesto de la Soja del Reino Unido y seguimos esforzándonos por aplicarlo».

Un portavoz de KFC declaró: «Tenemos requisitos muy claros para nuestros proveedores en cuanto al abastecimiento ético; además, el bienestar de nuestra gente (y de todas las personas que forman parte de nuestra cadena de suministro) es siempre una prioridad absoluta. Somos uno de los principales firmantes del Manifiesto de la Soja del Reino Unido y hemos adquirido el compromiso de garantizar que la soja de nuestra cadena de suministro se adquiera de forma responsable, por lo que nos tomamos muy en serio estas acusaciones. Agradecemos a Global Witness que nos haya avisado sobre este asunto y seguiremos atentos a la situación».

McDonald’s no respondió a nuestros hallazgos.

Los minoristas europeos han creado iniciativas de sostenibilidad similares a las del Reino Unido.

El Manifiesto de la Soja de Francia, firmado a finales de 2020 por los principales minoristas de la nación (entre ellos, los que venden los productos de Danish Crown mencionados anteriormente), también obliga a los firmantes a «movilizar a los proveedores de su marca blanca a partir de enero de 2021 para que incluyan una cláusula contractual de no conversión o deforestación […] en los pliegos de condiciones» que refleje una fecha límite de deforestación de enero de 2020.

Sin embargo, este manifiesto secentra principalmente en los productos de marca blanca de los minoristas y el compromiso de «apoyar la aplicación de estos compromisos por parte de las marcas nacionales» obviamente no se aplicaría a Danish Crown.

En Alemania, muchos de los minoristas que se abastecen de productos de Danish Crown firmaron una declaración en 2020 en la que se denunciaban las compras de cereales vinculados a la deforestación por parte de ciertos comerciantes de soja. Sin embargo, la declaración se refiere únicamente a Brasil.

Deutsche Umwelthilfe, una destacada ONG alemana de defensa del medio ambiente, evaluó las políticas de los supermercados relativas a la soja en un informe de julio de 2021 que abarcaba todas las cadenas que mencionamos anteriormente. El estudio concluyó que «ninguna de las empresas analizadas puede recibir una calificación buena» y que los supermercados «obtienen una puntuación especialmente baja en los criterios de trazabilidad, calidad estándar y transparencia».

No hay duda de que aún queda mucho por hacer.

Si bien Danish Crown no ha detallado públicamente las certificaciones o normas específicas necesarias para cumplir los compromisos que adquirió al firmar el Manifiesto de la Soja del Reino Unido ni su «plan de acción de la soja» (elaborado en 2020 en cooperación con la Alianza Danesa para la Soja Responsable), los mismos comerciantes principales de soja (ADM y Cargill) dominan las importaciones danesas de soja paraguaya.

Los riesgos que existen en el negocio de Danish Crown de que los sistemas de certificación de balance de masas contaminen la producción porcina danesa con soja procedente de las explotaciones paraguayas que violan los derechos humanos también existen en el de 2 Sisters. La única diferencia de riesgo importante es que el volumen global y las proporciones de las importaciones de soja paraguaya a Dinamarca son menores que los del Reino Unido.

Las dos empresas de pienso dominantes entre los porcicultores daneses que suministran prácticamente todos los cerdos procesados por Danish Crown, a saber, DLG y Danish Agro, aceptan los falibles sistemas de certificación de balance de masas que mezclan soja certificada y no certificada, y parece que lo harán incluso después de 2025.

Ninguno de los dos proveedores principales de pienso de Danish Crown negó considerar que la soja con certificado de balance de masas constituyera una soja «físicamente certificada» y «de origen responsable verificado», que es el objetivo final declarado públicamente (aunque definido vagamente) de sus supuestamente «ambiciosos» planes de acción sobre la soja para 2025. Esto es así a pesar de todas las pruebas que demuestran que la mezcla resultante contiene sistemáticamente soja polémica sin verificar ni certificar.

Al igual que en el caso de 2 Sisters, ni Danish Crown ni Danish Agro ni tampoco ninguno de los 26 importantes minoristas británicos, franceses, alemanes e italianos ni las empresas de bienes de consumo que detectamos que venden o utilizan cerdo de Danish Crown refutaron nuestra valoración de que no saben si utilizan o seguirán utilizando soja procedente de las explotaciones que visitamos en Paraguay de las que se abastece ADM. Solo DLG negó haber recibido soja paraguaya de ADM en los últimos años.

No hay indicios de que las diversas cadenas de supermercados y restaurantes mencionadas anteriormente fueran conscientes de las vulneraciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro detalladas en este informe.

Sin embargo, su falta de conocimiento es en sí misma parte del problema. Es razonable concluir que, incluso en el marco de iniciativas de sostenibilidad de la industria coordinadas y bien publicitadas, como el Manifiesto de la Soja del Reino Unido,

En respuesta a nuestros hallazgos, Danish Crown nos dijo que encargaría una revisión independiente de su cadena de suministro, que revisaría su política actual en materia de soja y que «reforzaría la atención que [prestan] a la deforestación, los derechos humanos y el uso de la tierra, en función de la revisión independiente». La empresa también se comprometió a «pedir a las empresas danesas de pienso que sean transparentes y den acceso a Danish Crown para poder hacer un seguimiento de envíos específicos de soja».

Danish Crown explicó también que, dado que «reconoce las dificultades que entraña el establecimiento de cadenas de valor de la soja sostenibles y transparentes», la empresa comprará créditos de la asociación RTRS (Mesa Redonda sobre la Soja Responsable) «hasta que se disponga de soja sostenible físicamente segregada». La empresa afirmó que lo haría «para enfatizar que [quiere] una producción de soja sostenible y transparente, así como para dejar claro que las cadenas de valor sostenibles aún no existen a gran escala». Sin embargo, no indicó si actualmente hace mención expresa a la soja segregada con certificación.

Las declaraciones parecían sugerir que Danish Crown planeaba compensar su huella de soja no sostenible con créditos de la RTRS y que lo hacía para demostrar que no era capaz de garantizar que su soja fuera sostenible.

No obstante, en un comunicado a sus clientes en respuesta a nuestra investigación, la empresa fue más explícita, al afirmar: «para 2025 queremos soja físicamente segregada para todos los animales destinados al matadero de los propietarios de nuestra cooperativa».

El hecho de que estas empresas del Reino Unido y de la UE actúen ahora para eliminar de sus cadenas de suministro estos riesgos estructurales para los derechos humanos será la verdadera prueba de si realmente tienen la intención de cumplir con las responsabilidades derivadas de las normas internacionales en materia de derechos humanos que todas ellas afirman cumplir o si, por el contrario, las consideraciones económicas seguirán poniendo en peligro su cumplimiento.

Cuando la responsabilidad voluntaria de las empresas fracasa reiteradamente, se vuelve necesario regularla.

En los últimos años, la Comisión Europea ha elaborado dos textos legislativos importantes que exigen a las empresas europeas medidas de diligencia debida en sus cadenas de suministro. Se trata de una propuesta de reglamento que se centra en la eliminación de la deforestación y la degradación y una propuesta de directiva para eliminar de las cadenas de valor de la UE los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente.

Ambas iniciativas reconocen que la agricultura es un sector de alto riesgo; se aplican a la soja y a sus productos derivados; y podrían y deberían salvaguardar los derechos humanos, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales y el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Sin embargo, sigue estando en entredicho si lo harán en la medida suficiente.

El Parlamento Europeo está trabajando —ante las presiones de la industria (véase a continuación la sección titulada Campaña a favor de una legislación laxa)— para garantizar que la propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre la deforestación se refuerce mediante la inclusión de requisitos sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, entre ellos, los de los pueblos indígenas y otros titulares de derechos consuetudinarios. Sin embargo, estos requisitos básicos solo se aplicarían a la soja cuando la deforestación se haya producido recientemente, con lo cual la normativa sería irrelevante para los graves casos de violación de los derechos humanos expuestos en este informe.

Esto deja a la propuesta de directiva sobre derechos humanos y medio ambiente la responsabilidad de reparar las fisuras de la legislación europea.

En febrero de 2022, la Comisión Europea publicó un proyecto de directiva para promover la responsabilidad de las empresas mediante la exigencia de que evalúen su impacto sobre las personas y el planeta. La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad podría exigir a las empresas que operan en la UE que apliquen la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente asociados a sus actividades.

Si bien las organizaciones de la sociedad civil, como Global Witness, han acogido con satisfacción esta propuesta, aún está por ver si la rendición de cuentas que exija por las atroces violaciones de derechos humanos de las cadenas de valor de la soja de la UE será suficiente.

Es cierto que la propuesta exige a las grandes empresas que actúen con la diligencia debida en sus cadenas de suministro, incluidas las extranjeras. Sin embargo, las múltiples lagunas del texto probablemente permitirían que los grandes comerciantes de la soja, como ADM y Cargill, y las empresas de la UE que utilizan la soja que ellos compran, delegaran esta responsabilidad en proveedores más pequeños o la evitaran por completo.

El actual proyecto de directiva obligaría a las empresas a evaluar únicamente las actividades de los proveedores con los que mantienen relaciones comerciales de larga duración, con lo cual se pasaría por alto la estructura de muchas cadenas de valor que dependen de estructuras comerciales a corto plazo y de múltiples proveedores más pequeños. Por eso, es posible que los grandes comerciantes de la soja ni siquiera estén obligados a ejercer la diligencia debida con proveedores como los que aparecen en este informe.

Además, el proyecto de directiva de la Comisión Europea permite que las empresas se apoyen en mecanismos cuestionables para cumplir las obligaciones de diligencia debida que define.

Según la propuesta, las empresas pueden apoyarse en sus contratistas para cumplir con sus obligaciones, lo que podría permitirles simplemente trasladar a sus proveedores y otros agentes de la cadena de valor la responsabilidad de llevar a cabo la diligencia debida, así como la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales.

Tales mecanismos son los que han utilizado las empresas mencionadas en este informe, incluso cuando persistían las prácticas abusivas.

Las certificaciones de balance de masas utilizadas como referencia por las directrices de abastecimiento responsable de soja de la FEFAC y regímenes sectoriales como el Manifiesto de la Soja del Reino Unido u otros equivalentes de Dinamarca, Francia y otros países europeos adoptadas por las empresas mencionadas en este informe podrían considerarse aceptables y exonerar a las empresas de sus responsabilidades, incluso cuando en sus cadenas de suministro sigan produciéndose violaciones.

Por último, el proyecto publicado no reconoce a las partes interesadas, entre ellas, las comunidades indígenas y los defensores de la tierra y el medio ambiente, como agentes cruciales con los que las empresas deben colaborar constantemente. El proyecto se limita a afirmar que se les debe consultar «cuando corresponda».

Resulta esencial que la legislación reconozca los derechos de los indígenas, entre ellos, los derechos a la tierra establecidos en la legislación internacional (p. ej., su derecho a ejercer el consentimiento libre, previo e informado) y que exija una colaboración significativa con las comunidades afectadas y potencialmente afectadas en los procesos continuos de diligencia debida de las empresas.

A menos que se refuerce considerablemente la directiva propuesta sobre diligencia debida en materia de derechos humanos, ninguna de las dos iniciativas legislativas fundamentales de diligencia debida de la UE (una sobre deforestación y otra sobre derechos humanos y medio ambiente) lograrán que los comerciantes de soja, las empresas de alimentación animal, los operadores de explotaciones industriales y los procesadores de carne mencionados en este informe ni tampoco los minoristas de grandes marcas que apuntalan el multimillonario sector de la carne industrial en toda Europa rindan cuentas de manera creíble.

Tanto la sociedad civil como los grandes inversores están pidiendo cada vez más que en el Reino Unido se adopte una legislación obligatoria de diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos que esté en consonancia con las normas de las Naciones Unidas y la OCDE; los sondeos indican que cuatro de cada cinco ciudadanos británicos apoyan dicha legislación.

La Ley de Medio Ambiente de 2021, aprobada en noviembre de 2021, también incluye el alcance de aplicación necesario para prohibir a las empresas británicas la importación o el uso de soja vinculada a violaciones de derechos humanos o al uso ilegal de la tierra. El anexo 17 de esta ley prohíbe a las personas sujetas del Reino Unido utilizar productos básicos de producción ilegal que no cumplan las «leyes locales pertinentes» y define estas como las leyes relativas a la propiedad y el uso de la tierra en la que se ha producido el producto básico. Muchos de los casos de propiedad ilegal de la tierra, uso ilegal de plaguicidas y desalojos forzosos violentos del tipo detallado en nuestra investigación deberían estar dentro del alcance de la ley. Sin embargo, el anexo 17 no será aplicable hasta que se apruebe una «normativa elaborada por la Secretaría de Estado» y las fechas previstas para esta normativa están en el aire.

En marzo de 2022, Unearthed, el proyecto de periodismo de Greenpeace Reino Unido, reveló que, en octubre y noviembre de 2021 —incluso durante la Cumbre sobre el Clima celebrada en Glasgow—, FEDIOL (la asociación que representa a la industria de aceites vegetales y harinas proteicas de la UE) y COCERAL (la asociación europea de comerciantes de cereales y oleaginosas) se unieron a la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC) para presionar al vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y a altos funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Las federaciones comerciales argumentaron que garantizar la trazabilidad hasta explotaciones geolocalizadas, lo cual es esencial para detectar la deforestación y el riesgo para los derechos humanos, planteaba problemas de privacidad y confidencialidad comercial para las empresas implicadas. También afirmaron que la segregación de los productos que no contribuyen a la deforestación y aquellos vinculados a la deforestación —lo cual es igual de importante para eliminar la deforestación de las cadenas de suministro— conduciría a un alza de los precios y reduciría las fuentes de suministro. Los grupos instaron a la UE a eliminar ambos requisitos de una propuesta de reglamento comunitario sobre la deforestación.

De este modo, dejarían abierto el camino a los sistemas de certificación de balance de masas que utilizan ADM, Cargill, Bunge y Cefetra y que aceptan las empresas y los minoristas del sector cárnico europeo.

ADM, Cargill, Bunge, Cefetra, DLG y Danish Agro ocupan puestos directivos influyentes en estos organismos profesionales europeos o en organismos nacionales que tienen una influencia considerable sobre ellos.

El presidente de FEDIOL tiene un puesto ejecutivo en Bunge, mientras que su vicepresidente actualmente ocupa un cargo ejecutivo en Cargill, después de haber pertenecido al consejo de ADM. El vicepresidente de COCERAL es ejecutivo de Cefetra; además, esta empresa es miembro corporativo del consejo de la asociación europea, junto con Bunge, Cargill y ADM. El actual presidente del consejo de la FEFAC es un antiguo director general de DLG que ahora ocupa el cargo de director de la secretaría de Dansk Korn & Foder (DAKOFO), la asociación danesa de la industria del cereal y el pienso. El consejo de DAKOFO incluye a cinco ejecutivos actuales de DLG y a dos de Danish Agro, mientras que uno de DLG ejerce el cargo de presidente de DAKOFO y uno de Danish Agro el de vicepresidente. Además, DAKOFO cuenta con representación en el consejo de COCERAL.

Bunge comunicó a Global Witness que «refuta enérgicamente» cualquier insinuación de que haya participado en el debilitamiento de la futura reglamentación de la UE en materia de deforestación.

Cuando el Parlamento Europeo votó por abrumadora mayoría, en una sesión plenaria el 13 de septiembre de 2022, a favor de reforzar una propuesta de la CE sobre el reglamento en materia de deforestación para incluir la trazabilidad hasta el lugar de recolección o producción de los productos, los tres organismos profesionales emitieron una declaración en la que expresaban su «pesar» por la medida adoptada.

La UE debe:

Garantizar que la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad llegue a ser un mecanismo eficaz para que las empresas rindan cuentas y no se vea socavada por la dependencia de sistemas de verificación independiente por terceros, sistemas de certificación o garantías contractuales ineficaces ni por la ausencia de una colaboración significativa con las partes interesadas. Esta directiva debe: 

• Sustituir las referencias a las relaciones comerciales establecidas por «relaciones comerciales», según la definición de la guía para la interpretación titulada La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
• Eliminar las referencias a la verificación independiente por terceros y hacer hincapié en que el deber de diligencia debida y la responsabilidad por el incumplimiento de la directiva recaen en la empresa
• Exigir que las empresas colaboren de forma prudente, significativa y continua con todas las partes interesadas —entre ellas, las comunidades indígenas y los defensores de la tierra y el medio ambiente— para que puedan hacer aportaciones a todas las etapas de la diligencia debida y la reparación, con el objetivo de detectar y prevenir los riesgos y las repercusiones negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente
• Dejar claro que la diligencia debida y los requisitos correspondientes sobre la colaboración con las partes interesadas deben apoyar y en ningún caso sustituir o socavar los deberes de CLPI ni otros derechos establecidos en virtud del Convenio número 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre ellos, el derecho de los pueblos indígenas a no ser expulsados de sus tierras o territorios, su derecho a la reparación o compensación por las violaciones de sus derechos territoriales y su derecho a ejercer el CLPI

El Gobierno del Reino Unido debe:

• Introducir una legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y de medio ambiente para las empresas británicas, incluidas las instituciones financieras, que esté en consonancia con las normas empresariales y de derechos humanos de las Naciones Unidas y la OCDE
• Presentar con urgencia la normativa derivada de la Secretaría de Estado estipulada en el anexo 17 de la Ley de Medio Ambiente de 2021, a fin de garantizar que las empresas británicas no importen ni utilicen soja producida de tal modo que se incumplan las «leyes locales pertinentes» sobre la propiedad y el uso de la tierra en países como Paraguay

Las empresas, incluidas las mencionadas en este informe, que comercializan soja o productos derivados de ella, como pienso, ganado o carne, deben:

• Tomar medidas urgentes respecto a este informe, entre otras cosas, garantizando que no se produzcan más daños y perjuicios (como los desalojos ilegales y violentos, las restricciones del acceso a la tierra y las fumigaciones ilegales), que las comunidades afectadas reciban una reparación adecuada y que se rescindan los contratos con aquellos agentes que sigan causando daños y perjuicios o contribuyendo a ellos o que no prevengan o reparen los daños y perjuicios de sus cadenas de suministro
• Dar prioridad a la inversión en la diligencia debida en materia de derechos humanos y territoriales para adaptar las políticas y prácticas a las normas internacionales de derechos humanos y derechos de los indígenas, lo cual incluye:
• Establecer mecanismos de reclamación y procedimientos de mediación de conflictos seguros, eficaces, transparentes y accesibles, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ofrezcan protección a los defensores de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente y a los denunciantes de irregularidades y que permitan una rápida reparación
• Aumentar la transparencia en todas las operaciones empresariales, lo que incluye informar públicamente de las acciones emprendidas en el marco de los mecanismos de reclamación y de los resultados de la reparación, así como facilitar a las comunidades afectadas el acceso a la información en lenguas y formatos accesibles
• Aplicar con rigor una política de tolerancia cero con respecto a las represalias y los ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente en todos los niveles de las operaciones empresariales, incluso en sus operaciones globales, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Este tipo de políticas deben incluir protocolos para salvaguardar los derechos de los defensores de la tierra y el medio ambiente y establecer qué puestos ejecutivos serán los responsables del cumplimiento legal, así como la forma en que se aplicará y supervisará dicho cumplimiento, y líneas rojas claras para la rápida suspensión o terminación de los contratos para los proveedores que no cumplan las políticas

El Gobierno de Paraguay debe:

• Investigar los casos de acaparamiento ilegal de tierras, desalojos forzosos ilegales y violentos y uso ilegal de plaguicidas y sus repercusiones en las comunidades indígenas y campesinas que se detallan en este informe, así como procesar a las personas que se descubra que han infringido las leyes pertinentes y violado los derechos de las comunidades afectadas
• Ratificar e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), lo que incluye las medidas específicas contempladas en el artículo 9 para reconocer, proteger y promover los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente
• Derogar la Ley 6830/2021, conocida como «ley Zavala-Riera» en honor a los senadores que la presentaron, y abstenerse de utilizar mecanismos legales, incluido el derecho penal, para reprimir a quienes defienden sus derechos territoriales y ambientales
• Establecer un mecanismo claro, con financiación y coordinación entre las instituciones estatales y de otra índole, por el que los pueblos indígenas puedan reivindicar sus tierras ancestrales, tal y como se pidió en una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Aplicar la recomendación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación de introducir impuestos sobre la exportación de granos, incluyendo la soja, para aumentar los ingresos destinados al gasto social
• Aumentar la financiación de los organismos estatales responsables de la aplicación de la reforma agraria, la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la aplicación de la normativa ambiental, especialmente la relativa a la fumigación de la soja, y garantizar que se sancione debidamente a quienes infrinjan la normativa, incluidos los agentes estatales

Esta es una traducción al español del informe "Toxic Takeaways", publicado originalmente en inglés en diciembre de 2022. En caso de discrepancias o falta de claridad, consulte la versión original en inglés.