Blog | 14 de Septiembre de 2020

Informe de Global Witness revela que Colombia lidera cifras de asesinados contra personas defensoras en 2019

El 31 de julio de 2020, el lanzamiento de nuestro informe anual que recoge información sobre ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio – titulado “Defendiendo el mañana”- reunión a una centena de personas y un panel de personas expertas de Colombia, Guatemala y México, para discutir los desafíos en América Latina, región consignada como la más peligrosa para el activismo medioambiental.


Las comunidades alrededor del mundo se unen para levantarse en contra de prácticas poco sustentables por parte del sector privado, que causan estragos en nuestro clima. No obstante, nuestro informe reporta que son estas mismas personas -defensoras de la tierra y el medioambiente- quienes se encuentran en un nivel de riesgo jamás visto antes.

En 2019, 212 personas defensoras fueron asesinadas por trabajar en la protección de sus hogares, de la tierra, el bosque y los ríos de la explotación por parte de sectores industriales de gran escala. Dos tercios de los casos ocurrieron en países de América Latina.

Colombia lidera el ranking con un dramático incremento de la violencia en contra de personas defensoras, con un total de 64 asesinatos en contra de líderes y lideresas en 2019. Global Witness también reportó que la situación de los pueblos indígenas y de las mujeres que defienden la tierra y el medioambiente es especialmente preocupante, pues la vulnerabilidad en que se encuentran aumenta debido a la falta de protección estatal.

Nos reunimos con Alejandra Leyva del Centro Mexicano por el Medioambiente (CEMDA), quien destacó que han registrado un aumento de amenazas y violencia en contra de las personas que defienden la tierra y el medioambiente, como consecuencia de las reformas que ha llevado el país en materia de energía. Alejandra centró su preocupación en la estigmatización que enfrentan las mujeres particularmente en este contexto. “Este tipo de agresiones se ubican principalmente en su situación de su vida privada y su rol familiar. Hemos visto una invisibilización de estos casos desde las fuentes y la documentación”, remarcó durante su intervención.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), representada por Jorge Santos, apuntó a cómo la violencia contra quienes defienden derechos humanos en Centroamérica forma parte de una estrategia gubernamental para preservar la inversión privada. De acuerdo con los datos que maneja UDEFEGUA, en Guatemala el “32% de la totalidad de estas agresiones en el año 2019 van dirigidas en contra a quienes defienden el territorio, la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente”. Jorge profundizó en la necesidad de construir un modelo social y económicamente sustentable como la respuesta más efectiva para prevenir más ataques en contra de defensores y defensoras.

Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores en Colombia, enfatizó en la falta de eficacia con que el Acuerdo de Paz se ha implementado y cómo esa falla ha dado pie a un contexto de continua agresión y violencia en contra de personas defensoras de la tierra. La representante de Somos Defensores también se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Colombia, que aparecen como uno de los grupos más vulnerables a los ataques y reportó un incremento de crímenes en contra líderes y lideresas sociales.

Para finalizar, Angélica Ortiz, representante de Fuerza Mujeres Wayuu, de la Guajira colombiana, compartió un sentido testimonio en torno a la lucha que el pueblo indígena lleva en contra de un proyecto minero en la región, y a la persecución que tanto ella como otras mujeres defensoras enfrentan en el país: “Esta ‘casa grande’ está muriendo lentamente por todo el daño y la deforestación que se le está haciendo. La flora, la fauna, el acceso al agua y a los sitios ancestrales están devastados”.

Nuevos ataques en contexto de pandemia

Independiente de las cuarentenas estrictas que han implementado en la mayoría de los países de la región, las y los panelistas indicaron que las industrias extractivas se mantienen activas, bajo la categoría de “trabajadores/as esenciales”.

Por el contrario, las y los expositores hicieron hincapié en el impacto negativo que la penetración de la COVID-19 ha tenido en la protección de las personas defensoras en América Latina, lo que ha planteado un contexto de creciente vulnerabilidad e impunidad hacia ellas.

Alejandra Leyva de CEMDA enfatizó sobre este punto y cómo se enfrentan a estas situaciones en la vida cotidiana. La pandemia ha expuesto aún más la desprotección en que se encuentran defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente en México. En estos días, señaló, la falta de acceso a la justicia y a información pública a fragilizado aún más el entorno para la defensa de la tierra y el medioambiente.

El Acuerdo de Escazú: una oportunidad valiosa

Debido al aumento preocupante de ataques en contra de las personas defensoras a lo largo y ancho de América Latina, El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – conocido como Acuerdo de Escazú- es una oportunidad vital. El tratado “busca combatir la desigualdad y la discriminación, además de garantizar los derechos de cada persona a un medio ambiente saludable y sostenible”.

Aun cuando el texto final del tratado fue aprobado por 24 estados en marzo de 2018, el acuerdo aún ha alcanzado el mínimo de 11 ratificaciones para que pueda entrar en vigor. Por ello, organizaciones de la Sociedad civil, países aliados y organismos multilaterales están presionando para alcanzar el quorum necesario. Solo Colombia ha ratificado el instrumento. México y Guatemala aún se mantienen entre los países pendientes.

Las y el panelista expresaron que el acuerdo podría ser un paso firme para cimentar una cultura más respetuosa, que supere los profundos desbalances que aún persisten en toda la región. “La experiencia junto a las y los defensores de derechos humanos nos ha demostrado que (estos mecanismos) es que se vuelven una importante herramienta de exigibilidad, así como proporcionar una protección adecuada”, finalizó Lourdes Castro, de Somos Defensores en Colombia.


Preview image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness