Sicarios hondureños asesinan al quinto activista indígena de la tierra por sus protestas contra la minería y la tala ilegales

Se requiere una intervención urgente para proteger a los defensores del medio ambiente de Locomapa y arrestar a los asesinos, que continúan en libertad.

Erasio Vieda Ponce se ha convertido en la quinta víctima de una serie de asesinatos de activistas de la tierra de una pequeña comunidad del norte de Honduras, supuestamente a manos de sicarios contratados por terratenientes locales (1). Ponce era uno de los líderes indígenas de la comunidad tolupán de Locomapa, cuyos miembros han sido asesinados, amenazados y criminalizados por oponerse a la minería y la tala ilegales que se llevan a cabo en sus tierras.

Hay testigos que afirman que Ponce fue asesinado por dos hermanos, Selvin y Marlon Matute, a quienes se ve a menudo por Locomapa a pesar de que sus órdenes de detención por el asesinato de tres líderes tolupanes en agosto de 2013 están pendientes de ejecución (2). Hace solo dos meses, otro miembro de esta comunidad recibió una paliza que le provocó la muerte tras haber recibido amenazas contra su vida. Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización de la sociedad civil, las autoridades locales no han hecho nada para llevar a los asesinos ante la justicia.

Global Witness puso de relieve la difícil situación que vive al comunidad de Locomapa en su informe de abril de 2015 titulado «¿Cuántos más?», en el que se revelaba que Honduras era el país más peligroso del mundo per cápita para los activistas ambientales y de la tierra, al haber sido asesinadas allí al menos 101 personas entre 2010 y 2014 (3). La organización exhorta ahora al Gobierno hondureño a que, con carácter urgente, ofrezca protección a la familia de Ponce y a sus colegas de Locomapa y enjuicie a los autores de los crímenes.

«Indígenas hondureños están muriendo asesinados simplemente por defender los derechos que tienen sobre sus propias tierras», señaló Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness. «En Locomapa, hay asesinos a sueldo que siguen campando a sus anchas a la vista de la comunidad, mientras las autoridades se cruzan de brazos. El pueblo tolupán está pagando con sangre la inacción de su Gobierno», añadió Kyte.

Estos crímenes forman parte del espectacular aumento del número de asesinatos de activistas ambientales y de la tierra que se ha observado por todo el mundo en los últimos años. En 2014 murieron asesinados al menos 116 activistas ambientales, lo que representa casi el doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo. El espeluznante porcentaje de un 40 % de las víctimas era indígena y prácticamente tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica. En Honduras, el país más afectado, las muertes y la violencia están relacionadas con un repentino aumento de los proyectos de agricultura destructiva, minería y presas, unas nuevas leyes retrógradas en materia de industrias extractivas y protección ambiental y un clima de casi total impunidad.

Líderes indígenas tolupanes pertenecientes al MADJ llevan desde 2009 haciendo campaña en contra de un proyecto de minería cuyas operaciones comenzaron en Locomapa sin una consulta adecuada a las comunidades afectadas. Los miembros de la comunidad tolupán también han denunciado que hay madereros que saquean ilegalmente sus bosques.

En agosto de 2013, los hermanos Matute, supuestamente contratados por una empresa minera local, abrieron fuego contra manifestantes de una sentada pacífica y mataron a los líderes indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute (4). Muchos miembros de la comunidad se escondieron tras los crímenes de 2013 y únicamente volvieron seis meses después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección (5). A uno de los que volvieron, Luis de Reyes Marcía, lo asesinaron un año más tarde, el 5 de abril de 2015; poco antes había puesto una denuncia policial tras haber recibido amenazas de muerte (6). Estaba casado con Vilma Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas de protección de la CIDH. El mes pasado, la cascasa de Consuelo Soto fue acribillada a balazos por hombres armados sin identificar (7).