Press release / Sept. 28, 2017

El Banco de Desarrollo de los Países Bajos avanza en el terreno de los derechos humanos, pero debe hacer más para proteger a los defensores.

El Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) publicó recientemente sus Declaraciones de postura respecto de los derechos humanos, la governanza de la tierra y cuestiones de género. Aunque estas declaraciones marcan un avance, el banco debe desarrollar políticas concretas si realmente pretende prevenir los abusos de los derechos humanos asociados a sus proyectos, y demostrar que aprendió la lección tras su financiamiento del proyecto de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, vinculado al asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres.[i]

 El activista de Global Witness, Ben Leather, dijo: "El reconocimiento de la importancia de proteger a los defensores de los derechos humanos y el compromiso de reaccionar cuando los clientes del FMO estén acusados de conducta inapropiada, son bienvenidos. Sin embargo, ahora el banco debe expresar con precisión cómo protegerá a quienes cuestionen o se opongan a sus proyectos. Sin esto, persiste un temor real de que los abusos de los derechos humanos sigan asociándose con las operaciones del FMO".

 La declaración de postura respecto de los derechos humanos del banco expone: 'No toleramos actividad alguna realizada por nuestros clientes que implique la opresión de, violencia hacia, o cualquier otra violación de los derechos humanos de quienes expresen su opinión', y nos comprometemos a 'tomar muy serio las acusaciones verosímiles según las cuales un cliente haya actuado incorrectamente, examinar su veracidad y entablar medidas ulteriores según corresponda'. También reiteró la obligación de que sus clientes garanticen una consulta significativa de los afectados por su proyecto, y el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones autóctonas.

No obstante, Global Witness y numerosas organizaciones de la sociedad civil en el mundo han realizado sistemáticamente llamamientos para que el banco desarrolle una política concreta que describa las líneas generales de los pasos y medidas que deben tomarse a fin de proteger a los defensores de los derechos humanos y evitar que se produzcan más tragedias en el futuro.

Ben Leather afirmó: "Para evitar, en primera instancia, que surjan amenazas, el banco deberá ofrecer garantías públicas de la necesidad de que la valoración del espacio de la sociedad civil y de las amenazas a los defensores de los derechos humanos forme parte de las evaluaciones de riesgo contextuales realizadas por el banco antes del financiamiento del proyecto".

Global Witness también recomienda que el FMO desarrolle un sistema de detección temprana con disposiciones claras y prácticas para responder en caso de amenazas a los defensores de los derechos humanos que actúen en conexión con sus proyectos. Este sistema de detección temprana deberá incluir alzar la voz cuando los defensores de los derechos humanos reciban amenazas.

/ ENDS

Contacts

Ben Leather, Campaigner, Land and Environmental Rights Defenders

[email protected]

+44 (0)20 7492 5879

Notes to editor:

[i] Berta Cáceres fue asesinada en marzo 2016. Ya había recibido 33 amenazas de muerte relacionadas con su oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca financiada por el FMO en Honduras, la cual amenazaba los derechos de la población autóctona local. El FMO recientemente retiró su inversión de la represa de Agua Zarca tras la campaña global liderada por organizaciones de la sociedad civil internacionales y hondureñas, incluida COPINH, la organización a la que Berta pertenecía. Global Witness ha mantenido esfuerzos constantes de campañas reclamando justicia para Berta, y en un informe reciente, subrayó la responsabilidad de los inversores con respecto a las amenazas y ataques contra los defensores de la tierra y del medio ambiente a nivel global. DESA, la empresa tras la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, niega cualquier implicación en el asesinato de Berta Cáceres.

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