El año 2015 atestiguó cifras sin precedentes de asesinatos de activistas ambientales

En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas, según afirma Global Witness. En el informe más reciente de esta organización, titulado En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, además de un aumento del 59 % respecto a 2014. Las graves restricciones informativas que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor.

En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

«Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive», señaló Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, quien añadió: «Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos, hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia».

En En terreno peligroso se destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos. Casi un 40 % de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.

El padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos, por ejemplo, fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

«Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen», comentó Michelle Campos. «Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos», añadió.  

Mientras, en Brasil, la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido. Una de las últimas víctimas fue Isídio Antonio. Este líder de una comunidad de agricultores a pequeña escala del estado de Maranhão había sufrido durante años amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra. La policía nunca ha investigado su asesinato.

En la Amazonía brasileña han surgido miles de campamentos de tala ilegal. Allí, hombres armados con machetes y motosierras talan árboles de valiosa madera dura, como la caoba, el ébano o la teca. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal^[i] y que esta representa un 25 % de la madera ilegal de los mercados mundiales^[ii]. Una gran parte de ella posteriormente se vende a compradores de Estados Unidos, Europa y China^[iii], contribuyendo a uno de los índices de deforestación más altos del mundo.  

Como manifestó Kyte, «los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman consumidores de la otra punta del mundo. Las empresas y los inversores deben cortar sus vínculos con aquellos proyectos que pisotean los derechos que tienen las comunidades sobre su tierra. El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir».  

En En terreno peligroso se destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuya tierra y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales.

Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:

• Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas
• Investigar los delitos, incluyendo a sus «cerebros» corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia
• Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades
• Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales

Si desea solicitar entrevistas, informes en inglés y español o cualquier otra información, póngase en contacto con:

Billy Kyte: +44 (0)7703 671308, [email protected]

Alice Harrison: +44 (0)7841 338792, [email protected] 

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