COMENTARIO SOBRE EL JUICIO DEL ASESINATO DEL AMBIENTALISTA INDÍGENA BERTA CÁCERES.

Cáceres fue abatida a tiros en marzo de 2016 en su casa en La Esperanza después de haber protestado los impactos negativos de derechos humanos causado por la represa hidroeléctrica Agua Zarca, y menos de un año después de que le otorgaran el prestigioso Premio Ambiental Goldman. Ella había recibido múltiples amenazas de muerte, intentos de secuestro y amenazas de agresión sexual luego de su oposición a la represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en las tierras de las comunidades indígenas y en el sagrado río Gualcarque.

Ben Leather, Encargado de Incidencia de Global Witness dijo:

"Este fallo valida lo que Global Witness y múltiples organizaciones locales e internacionales han dicho una y otra vez: que empleados de DESA se confabularon con actuales y ex soldados - algunos previamente entrenados por los Estados Unidos - para asesinar deliberadamente a Berta Cáceres y silenciar su oposición a la represa de Agua Zarca".

"El fallo subraya otra vez la importancia fundamental de garantizar que los autores intelectuales del ataque también sean llevados ante la justicia si se quiere evitar que este tipo de crímenes vuelva a ocurrir. Los siete autores materiales pueden estar tras las rejas, pero es imperativo que los que ordenaron y financiaron el asesinato no son dejado libres.

“Justicia para Berta podría ayudar en gran medida a garantizar que la tasa de homicidios de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras continúe a bajar. Al mismo tiempo, dejar que los autores intelectuales eludan castigo podría tener el efecto contrario. Respaldamos a su familia, su comunidad y el COPINH en exigir justicia verdadera para Berta".

Honduras ha sido el país más peligroso, per cápita, en la mayoría de los años en que Global Witness ha recopilado datos sobre personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Las víctimas, como Berta, eran personas comunes y corrientes que demostraron una valentía extraordinaria para enfrentarse a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras, asesinadas por las fuerzas estatales, los guardias de seguridad o los sicarios. Innumerables otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

En 2017, Global Witness produjo un informe sobre los ataques a defensores/as de la tierra y el medio ambiente en Honduras, destacando los vínculos entre el estado hondureño, su ejército y DESA, la empresa que construye la represa. La mayoría de los procesados ​​por el asesinato de Cáceres tienen vínculos con el ejército hondureño o DESA, pero Global Witness y COPINH creen que no incluyen a todos los responsables de ordenar su asesinato, que se encuentran más arriba en la cadena alimentaria.

DESA ha negado repetidamente cualquier participación en el asesinato de Berta Cáceres o cualquier vínculo entre la empresa y el ejército o poderosos actores empresariales.