Personas defensoras en la línea de frente

Conozca a los valientes hombres y mujeres que defienden su tierra y nuestro medio ambiente frente a la violencia y las amenazas

Detrás de los productos que usamos todos los días, suele esconderse una violenta realidad, ya sea en la comida en nuestros platos, en los anillos en nuestros dedos o en los muebles de madera en nuestros hogares. 

Paralelamente a la expansión de la agroindustria, la tala de bosques tropicales y la generación de grandes ganancias para las principales corporaciones mundiales producto de la minería, se dan ataques cada vez más brutales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. 

En Colombia, Hernán Bedoya fue baleado 14 veces por un grupo paramilitar. Fue asesinado después de manifestarse contra la palma aceitera y las plantaciones de banano en tierras robadas a su comunidad. En Filipinas, cerca de la ciudad de Lake Sebu, los militares atacaron una pequeña comunidad, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran. 


En uno de los ataques más grandes de 2017, los indígenas Gamela fueron violentamente agredidos en Brasil. Agricultores usaron machetes y rifles en un intento por tomar el control de su tierra por la fuerza, dejando 22 heridos de gravedad, algunos con las manos cortadas. Meses más tarde, ninguno de los implicados en este espantoso incidente se ha enfrentado a la justicia, lo que refleja una gran cultura de impunidad e inacción por parte del gobierno brasileño para apoyar a las personas defensoras.

Ramon gives a tour of the land that his family owns, showing the diversity of flora that has been taken over by palm oil plantations.
El padre de Ramón Bedoya fue asesinado después de manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y banano en tierras robadas a su comunidad, las cuales amenazan el área de biodiversidad. Hernán Bedoya fue una de las 24 personas defensoras asesinadas en Colombia el año pasado.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

En lugar de tomar medidas para reprimir estos ataques, el Presidente Michel Temer y el Poder Legislativo brasileño están debilitando activamente las leyes y las instituciones diseñadas para proteger los derechos a la tierra y a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se han propuesto facilitar que las grandes empresas aceleren la explotación de frágiles ecosistemas, al parecer indiferentes ante el devastador costo humano y ambiental de sus actividades. 


Cada defensor y defensora tiene su propia historia (algunas de estas historias se las contaremos aquí), pero todos forman parte de un movimiento global por la protección del planeta. Encabezan los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, preservar los ecosistemas y salvaguardar los derechos humanos. Defienden causas que non benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. 

Y nosotros los apoyamos.

A continuación, le presentaremos a algunos de estos hombres  y mujeres valientes que luchan por defender sus tierras, bosques y ríos, analizaremos las industrias que están detrás de la violencia y le explicaremos cómo puede apoyarlos para acabar con los asesinatos.


Para consultar todos los datos, las referencias y nuestras recomendaciones a empresas y gobiernos, véase nuestro informe: ¿A Qué Precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017

Renee Pamplona: Luchando por justicia después de una masacre en Filipinas

Desde Filipinas hasta Brasil, 2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. 

2017 – tendencias globales

En 2017, Global Witness documentó 207 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente: personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas. Esto representa seis asesinatos más que en 2016, por lo que es el peor año del cual se tiene registro.

A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún tienen que traducirse en políticas convincentes y cambios concretos, con el resultado de que las personas defensoras siguen temiendo por sus vidas.

Aumento de los asesinatos vinculados a la agroindustria

Esto es, en parte, impulsado por una tendencia mortal: en comparación con 2016, el número de personas asesinadas al manifestarse contra la agricultura a gran escala aumentó a más del doble. Por primera vez, la agroindustria superó a la minería como el sector más peligroso al cual oponerse, con 46 personas defensoras asesinadas en 2017. Éstas se manifestaron contra las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar, así como contra la ganadería. 


La oposición a las operaciones mineras y petroleras (40 asesinatos), la caza ilegal (23 asesinatos) y la tala (23 casos) fueron los otros motivos principales por los que las personas defensoras fueron asesinadas el año pasado.

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Marivic Danyan Ceralbo es la hija mayor de Datu Victor y la esposa de Pato Ceralbo, ambos asesinados por el ejército en diciembre de 2017. Datu Victor fue el principal opositor de una plantación de café que invadió la tierra de su comunidad indígena cerca de Lake Sebu, Filipinas.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Un año de masacres

En relación al aumento en la cantidad de muertes vinculadas con la agroindustria, Global Witness identificó un aumento en los asesinatos múltiples (siete en total) de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, muchas de las cuales cuestionaban proyectos agrícolas a gran escala. 


Brasil fue el escenario de tres horribles masacres, durante las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas defensoras al mismo tiempo. 


Estas masacres buscan enviar el mensaje de que no sólo se atacará a los líderes de la comunidad, sino que nadie está a salvo. Esto tiene un gran impacto ya que, frecuentemente, comunidades enteras (o gran parte de ellas), están involucradas en las luchas para proteger sus tierras del despojo.

El número de muertos: región por región

Una vez más, América Latina es el escenario del mayor número de asesinatos, que representan casi el 60% del total. Según los datos de Global Witness, Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país, con 57 personas asesinadas, 80% de las cuales fueron matadas mientras protegían las riquezas naturales del Amazonas. En Colombia, 24 personas defensoras fueron aniquiladas en 2017, debido a los conflictos por la tierra. En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho respectivamente. Hubo menos asesinatos en Honduras - cinco en comparación con los 14 registrados en 2016 - pero la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro personas defensoras asesinadas.


En Asia, los acontecimientos más alarmantes tuvieron lugar en Filipinas, donde se produjeron 48 asesinatos, 71% más que en 2016. Estos representan la mayor cantidad de asesinatos registrados en ese continente en un solo año. La actitud agresiva del presidente Duterte en contra de los derechos humanos, así como una renovada presencia militar en regiones ricas en recursos, están alimentando la violencia. Casi la mitad de los asesinatos en Filipinas estuvieron vinculados a las luchas contra la agroindustria. 


De las 19 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas en toda África, 17 perdieron la vida defendiendo áreas protegidas contra cazadores y mineros ilegales; y 12 tuvieron lugar en la República Democrática del Congo. 


Por supuesto, muchos otros países y regiones podrían estar sufriendo un elevado número de asesinatos, que no se han documentado o que no hemos podido verificar.

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Datu Dande Dinyan es miembro de la Taboli-manubo Sdaf Claimants Organisation (TAMASCO), en protesta por la expansión de la plantación de café de Silvicultural industries en Mindanao, Filipinas.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Amenazas específicas dirigidas a grupos indígenas y mujeres

Menos personas indígenas fueron asesinadas en 2017, disminuyendo del 40% del total en 2016, a un 25% en 2017. Sin embargo, considerando que los grupos indígenas representan sólo el 5% de la población mundial, siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas. Y no son solo los asesinatos: en uno de los ataques más brutales, indígenas Gamela, en Brasil, fueron atacados con machetes y rifles por agricultores brasileños, dejando 22 heridos graves; algunos con las manos cortadas. En México, 13 de 15 personas defensoras asesinadas eran indígenas defendiendo sus territorios ancestrales. 


Aunque nueve de cada 10 activistas asesinados el año pasado eran hombres, las defensoras se enfrentaron a amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual. A menudo fueron sometidas a campañas de difamación, amenazas contra sus hijos e intentos de socavar su credibilidad; a veces, desde dentro de sus propias comunidades, donde las culturas machistas siguen oponiéndose a que las mujeres ocupen puestos de liderazgo.


Descubra más sobre las mujeres defensoras en Sección 8.

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Existe un incentivo empresarial para que las empresas, los inversores y los socios comerciales y de ayuda bilateral trabajen más estrechamente con las comunidades locales, respeten sus derechos y tomen medidas junto con los gobiernos nacionales para proteger a las personas defensoras.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

La punta del iceberg

Es probable que nuestros datos sobre asesinatos sean una subestimación, dado que muchos asesinatos no se denuncian, especialmente en las zonas rurales. Nuestra metodología requiere que los casos se verifiquen de acuerdo con un conjunto estricto de criterios (ver Metodología en la página 52 del informe). Éstos no siempre se pueden cumplir sólo revisando información pública, como notas de periódicos o documentos legales, ni a través de contactos locales. El seguir una metodología estricta significa que nuestras cifras no representan la magnitud del problema y que estamos trabajando para mejorar esto. 


En algunos países se dificulta identificar casos específicos por la supresión de este tipo de noticias en los medios de comunicación, la falta de monitoreo y documentación por parte de los gobiernos y las ONG, o el hecho de que la información que emerge de las zonas de conflicto a menudo puede ser poco clara o contradictoria. Estos desafíos en reportar los casos, junto con la reducción del espacio para la libertad de expresión y la organización cívica en muchos lugares, significa que es muy probable que sean asesinadas muchas más personas de las que hemos documentado. También es importante señalar que un número bajo de homicidios documentados en un país determinado no significa necesariamente que las personas defensoras no enfrenten otras amenazas, como el encarcelamiento o el acoso (Ver sección ¿Qué otras amenazas enfrentan las personas defensoras? en página 12). 


Nuestros datos pueden diferir de los recopilados por otras ONG, y es debido a tres causas probables. En primer lugar, se están monitoreando diferentes grupos: algunas ONG documentan ataques contra todas las personas defensoras de derechos humanos. Los datos de Global Witness sólo cubren un subgrupo de personas defensoras: aquellas que trabajan en temas de defensa de la tierra o el medio ambiente. En segundo lugar, ciertas ONG documentan todas las amenazas, ataques y restricciones a las personas defensoras. Nosotros sólo documentamos asesinatos. En tercer lugar, es posible que diversas ONG utilicen metodologías diferentes para verificar e incluir casos en sus estadísticas.

Mirivic 'Tarsila' Dayan - Lake Sebu, Filipinas

El pueblo Taboli-manubo de Mindanao se opone a la imposición de una plantación de café en sus tierras ancestrales.

Para el pueblo Taboli-manubo de Mindanao, la plantación de café Silvicultural Industries, sólo trajo "pobreza", "miseria" y una "violación de [sus] derechos humanos".

La comunidad alegó que, cuando se presentaron planes para extender una plantación que ya cubría 300 hectáreas de sus tierras ancestrales, fue consultada y su respuesta fue “no”. No es de extrañar, entonces, que continuaran oponiéndose a la expansión. 


“Esperamos que el gobierno y la empresa [...] respeten nuestra decisión”, dijeron. 


Sin embargo, los integrantes de Taboli-manubo Sdaf Claimants Organization (TAMASCO), que protesta contra la expansión, fueron hostigados e intimidados por empleados de Silvicultural Industries después de oponerse a la renovación del contrato de arrendamiento de la tierra a la empresa, según Rene Pamplona, un defensor que trabaja en estrecha colaboración con la organización. Un año después de que expirara el contrato de la compañía, continuaron los rumores de que, en efecto, a la empresa le había sido otorgado un nuevo contrato y que la plantación se expandiría.


Luego, el 3 de diciembre de 2017, las fuerzas armadas filipinas atacaron cerca de la ciudad de Lake Sebu. Como resultado, al menos ocho miembros de la comunidad fueron asesinados.Una misión de investigación encontró que cinco más resultaron heridos, 10 desaparecieron y más de 200 tuvieron que evacuar la zona.

Expulsión por parte de los militares y expansión agrícola

La masacre es emblemática de la creciente amenaza que la agroindustria y el ejército representan para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Filipinas. Las ocho personas que murieron en Lake Sebu se encontraban entre las 48 personas defensoras de todo el país que fueron asesinadas en 2017, el número más alto jamás registrado allí. Veinte de estos asesinatos estuvieron relacionados con luchas contra los agronegocios, e informes de la sociedad civil sugieren que los militares participaron en muchos de ellos.


 La expulsión de pequeños agricultores y pueblos indígenas de sus tierras, por parte de los militares, para dar paso a la agricultura a gran escala no es algo nuevo en Filipinas. Según un estudio, la imposición de la ley marcial por el presidente Ferdinand Marcos fue un catalizador para la adquisición masiva de tierras para plantaciones de palma aceitera entre 1972 y 1981. Las comunidades fueron desplazadas o se sintieron obligadas a vender sus tierras por una miseria a las empresas, para escapar de las incursiones militares y las atrocidades que les seguían a éstas.


La historia está en peligro de repetirse. En 2017, la administración del presidente Duterte anunció que tenía como objetivo asignar 1,6 millones de hectáreas de tierra a plantaciones industriales. La mayoría de esta expansión está planeada para la isla de Mindanao, donde se han llevado a cabo el 67% de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. 


En mayo de 2017, después de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, los extremistas islámicos y los rebeldes armados de izquierda, Duterte declaró la ley marcial en Mindanao. Pero la imposición de la ley marcial ha implicado el ataque militar y el bombardeo de los territorios de los pueblos indígenas, forzándoles a abandonar sus tierras, principalmente en Lake Sebu.

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En un contexto de violencia, Rene Pamplona ha trabajado incansablemente junto a comunidades indígenas como el pueblo Taboli-manubo de Mindanao, que se opone a la expansión de una plantación de café en sus tierras ancestrales.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Lake Sebu: razones para desconfiar

El ejército afirma que el ataque de Lake Sebu fue un acto de represalia, alegando que los rebeldes del Nuevo Ejército Popular (NEP), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, abrieron fuego contra los soldados que patrullaban la zona. Pero no se encontraron miembros del grupo comunista entre los muertos. En cambio, fueron asesinados Datu Victor Danyan, uno de los principales opositores a la expansión de la plantación de café, y cuatro miembros de su familia. 


Todavía no está claro por qué asesinaron a Datu Victor y a su familia. Sin embargo, fuentes anónimas cercanas al tema dijeron a Global Witness que podrían haber estado involucrados miembros de la Special Civilian Armed Auxiliary (SCAA), una unidad del ejército del gobierno que brinda servicios de seguridad a Silvicultural Industries. Varios grupos de la SCAA en Filipinas son acusados de haber cometido múltiples abusos contra los derechos humanos en comunidades que se oponían a la minería y a otros proyectos extractivos. 


Una de las fuentes especuló que la SCAA podría haber informado falsamente al ejército que el Nuevo Ejército Popular estaba presente en la comunidad, a fin de incitar a la violencia contra quienes se oponían a la plantación. Otra fuente especuló que la SCAA podría estar tratando de poner a TAMASCO como un ejemplo para disuadir a otros de seguirles, especialmente después de que la decisión de la organización comunitaria de rechazar la renovación del contrato inspirara a otras comunidades que se oponen a la plantación de café.


Si bien el ejército actuó consistentemente para apoyar los intereses que tiene Silviculturales en la tierra y hay testimonios de primera mano de intimidación por parte de empleados de la empresa, no hay pruebas contundentes de que la dicha empresa asegurara o encargara la intervención militar o agresión de su propio personal.

¿Ataque sistemático hacia personas defensoras?

Ya sea que la SCAA participara o no en los acontecimientos de Lake Sebu, al parecer la campaña militar de Duterte contra el Nuevo Ejército Popular y sus simpatizantes cobró la vida de muchos civiles inocentes, afectando desproporcionadamente a las comunidades indígenas en Mindanao. Informes de la ONU y organizaciones locales afirman que los militares han asesinado a personas defensoras de derechos humanos en Mindanao. El ejército niega esto y afirma que sólo asesina a rebeldes del NEP; pero el gran número de muertes de líderes comunitarios e indígenas involucrados en disputas por la tierra sugiere que el ejército podría estar atacando sistemáticamente a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.


Una cosa es cierta: la cantidad de personas defensoras asesinadas desde que Duterte se convirtió en presidente ha aumentado dramáticamente. El año anterior a su elección, Global Witness registró el asesinato de 30 personas defensoras. El número de homicidios aumentó a 44 entre julio de 2016 y junio de 2017, el primer año de la administración de Duterte, mientras que 24 personas defensoras han sido asesinadas sólo en los primeros seis meses de su segundo año en el cargo. Además, varias de las personas presuntamente asesinadas por soldados habían recibido amenazas de muerte anteriormente, lo que sugiere que sus homicidios no fueron aleatorios ni accidentales.


El presidente tiene una política de tolerancia cero con aquellos a quienes ve como obstáculos en su agenda. En agosto de 2017, Duterte amenazó con matar a activistas que él consideraba estaban “obstruyendo la justicia”. Llamó a Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, y a otros activistas, “comunistas” y “terroristas”, después de que se atrevieron a criticar su régimen. También amenazó con arrojar a otros expertos de la ONU a los cocodrilos.


El presidente y el ejército han sido brutales en su respuesta a la oposición. Duterte ha anunciado, por ejemplo, que pagará una recompensa de 500 dólares por cada rebelde comunista asesinado por sus fuerzas. Prometió armar y entrenar a grupos indígenas para que persigan a los rebeldes. Incluso ordenó a sus soldados que disparen a las mujeres rebeldes “en la vagina”.


En este violento contexto, tanto las comunidades indígenas como quienes abogan por el derecho a la tierra o se oponen a industrias como los agronegocios, están en una situación de riesgo extremo. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en la agroindustria también podrían hacerlo, y deberían evitar hacer negocios en Filipinas hasta que el gobierno tome medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas y proteger a las personas defensoras.


Actualmente, invertir en la agroindustria en las Filipinas de Duterte, es invertir de manera irresponsable. Podría significar contribuir al asesinato de innumerables personas comunes que luchan por vivir en su tierra en paz.

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Los Taboli-manubo están exigiendo que el gobierno respete su derecho a la autodeterminación.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Una base del ejército domina una plantación de café en Mindanao, Filipinas.

Alianza profana - la agroindustria y los militares en Filipinas

  • Al menos 48 personas defensoras del medio ambiente y la tierra fueron asesinadas en 2017, el número más alto registrado en Asia, que significa un aumento del 71% en el país respecto al 2016.


  • La criminalización generalizada y la demonización de las personas defensoras de derechos humanos incluyen a un experto de la ONU etiquetado como terrorista y al presidente del país amenazando con arrojar a otros expertos a los cocodrilos. 


  • Se sospecha la participación del ejército en el 56% de los asesinatos. El 67% de los asesinatos ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos, y el 41% se vincula a la agroindustria.


Recomendaciones al gobierno de Filipinas

- Abordar las causas fundamentales. Fortalecer las instituciones para proteger los derechos de los pueblos indígenas y de la tierra -incluida la reforma y el completo financiamiento de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP, por sus siglas en inglés)- y ampliar el mandato y fortalecer la rendición de cuentas del grupo de trabajo interinstitucional de los pueblos indígenas.

- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Aprobar e implementar una ley para reconocer y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incorporando los aportes de la sociedad civil.

- Garantizar la rendición de cuentas. Garantizar que tribunales civiles juzguen a todo el personal militar, y cualquier grupo armado que trabaje en nombre de intereses estatales o privados, que están siendo acusados de asesinatos extrajudiciales de civiles.

Isela González - Creel, México

La comunidad de Sierra Madre se está manifestando en contra de la tala en sus tierras, enfrentando las amenazas y la falta de protección por parte del gobierno.

Isidro Baldenegro sabía que su vida estaba en riesgo. 

Defendió los bosques de la cordillera de la Sierra Tarahumara de una poderosa alianza de matones, narcotraficantes y madereros locales, trabajo que lo llevó a ganar el Premio Goldman del Medio Ambiente en el año 2005, un premio global para el activismo. Abandonó su comunidad en el norte de México después de recibir amenazas. Pero cuando Isidro regresó el 15 de enero de 2017, un presunto sicario lo mató de un disparo. La historia se repitió trágicamente: el padre de Isidro también fue brutalmente asesinado 30 años antes por oponerse a la tala.


Isidro fue víctima del fuerte aumento de la violencia contra personas defensoras del medio ambiente y la tierra en México, el año pasado. Global Witness reportó tres asesinatos en 2016; pero en 2017 esa cifra aumentó a 15. Al igual que Isidro, la gran mayoría de estas personas defensoras eran indígenas que luchaban por conservar sus tierras ancestrales frente a individuos, grupos criminales y empresas que buscan controlar la tierra y explotar los recursos naturales.


Algunas de las razones de esta escalada de violencia se pueden encontrar en el caso de Isidro: la propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de protección del gobierno y, fundamentalmente, la ausencia de un consentimiento libre, previo e informado (ver Anexo II) de las comunidades para el uso de sus tierras o la explotación de sus recursos naturales.

Isidro Baldenegro 2015 Goldman Prize
Isidro Baldenegro ganó el Premio Goldman 2015 por su activismo en defensa de los bosques de la cordillera de la Sierra Tarahumara. Fue asesinado a tiros el 15 de enero de 2017.
© Premio Goldman

El aumento del crimen organizado

La Sierra Tarahumara, una zona montañosa cercana a la frontera con Estados Unidos, ha sido el hogar de pueblos indígenas durante siglos. Pero en las últimas décadas, sus tierras ancestrales se han visto amenazadas por la llegada de infraestructura y proyectos extractivos, concesiones madereras y un aumento del crimen organizado, que cultiva y transporta sustancias ilícitas. Las comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus tierras.


El aumento en los homicidios de personas defensoras mexicanas ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado. En 2017, los grupos criminales fueron supuestamente responsables de casi 19.000 ejecuciones, convirtiéndolo en el peor año registrado. CEMDA, una organización que apoya a las personas defensoras del medio ambiente en México, observó que la violencia contra las y los defensores del medio ambiente y la tierra estaba empeorando en las zonas donde el crimen organizado tenía una fuerte presencia. Descubrió que el crimen organizado fue responsable de varios ataques contra personas defensoras.


El aumento del crimen organizado intensifica el conflicto por la tierra (requerida por los cárteles para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas) y provee sicarios a los madereros, narcotraficantes y otros grupos delictivos, que pueden emplearlos para proteger sus intereses, incluso amenazando y atacando a personas defensoras.

Impunidad: cero consecuencias para el crimen

Asombrosamente, un 98% de todos los crímenes en México nunca ha sido resuelto. Isidro Baldenegro fue un defensor con un alto perfil, con un reconocimiento internacional, sobre quien el Estado tenía conocimiento de que se encontraba en situación de riesgo; pero esto no disuadió a sus asesinos, quienes seguro sabían que nunca enfrentarían la justicia.


Durante una visita a México en enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos dijo: “La incapacidad de investigar y sancionar a los responsables (de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos) transmite el peligroso mensaje de que esos crímenes no tienen la más mínima consecuencia, lo que crea un entorno que favorece las violaciones sistemáticas”.

“Protección” del gobierno que no protege

Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia.


Después de estos ataques, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos instruyó al gobierno mexicano a trabajar con estas comunidades para definir e implementar medidas para su protección. Sin embargo, la efectividad de estas medidas que nunca han sido implementadas correctamente, es cuestionable.


Las y los miembros de la comunidad aún reciben amenazas y no confían en el gobierno para protegerles. En febrero de 2017 asesinaron a Juan Ontiveros Ramos. Once días antes de que lo mataran, Ontiveros se había reunido con representantes del gobierno mexicano para solicitar protección, tanto para él como para toda su comunidad; pero no pudo evitar su muerte. Posteriormente, un líder comunitario fue autorizado a recibir protección del gobierno; pero luego del brutal asesinato de Ontiveros Ramos, quien fuera su compañero activista, estaba tan asustado que dejó su comunidad para esconderse en una cueva.


Isela González recibió amenazas de muerte en 2014, después de su participación en la campaña legal contra la tala en Coloradas de la Virgen. A ella también se le ofreció protección por parte del Estado, con medidas tales como un botón de pánico y la posibilidad de solicitar escolta policial. Sin embargo, le dijo a Global Witness que no se siente protegida.


México es uno de los pocos países del mundo con una ley y un mecanismo específico para proteger a las personas defensoras de derechos humanos; pero no están funcionando de manera efectiva. Un estudio reciente de una coalición de ONG mexicanas concluyó que se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema.

Isela Diaz
Por más que en México se conceda protección estatal a las personas defensoras, la implementación suele ser limitada, lo que significa que aún no pueden realizar su trabajo sin temer por sus vidas.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

La falta de consentimiento libre, previo e informado

La imposición de proyectos en las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas defensoras mexicanas. Cuando la explotación forestal, la minería u otros proyectos son implementados antes de que se haya consultado a la comunidad local, y sin su acuerdo, se siembran las semillas del conflicto.


Desde 2007, la Autoridad Ambiental de México ha otorgado concesiones madereras en más de 24.000 hectáreas de territorio indígena en Coloradas de la Virgen. Sin embargo, no consultó a las comunidades indígenas afectadas, como exige el derecho internacional. Muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para dejar paso a los madereros. Los que se opusieron a las concesiones (mediante acciones legales o protestas), han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques y asesinatos. Desde 2016, seis miembros de la comunidad han sido asesinados, incluido Isidro Baldenegro.


Sin embargo, este no es un problema sólo limitado a la Sierra Tarahumara o a la tala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 gran parte de las aproximadamente 2.600 concesiones mineras en México estaban operando en territorios ancestrales sin el consentimiento de los pueblos indígenas que viven allí.


Para poner fin a la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, el gobierno mexicano debe abordar las causas del conflicto e implementar sus obligaciones internacionales para garantizar que las comunidades puedan otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado con respecto al uso de sus tierras y recursos naturales. También debe combatir la impunidad, encontrar una manera efectiva de combatir el crimen organizado y priorizar la implementación de políticas integrales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. De lo contrario, los asesinatos de activistas continuarán intensificándose.

En las afueras de la ciudad de Creel, en el norte de México, cientos de millas de bosque se encuentran bajo amenaza de tala ilegal.

Incremento de la violencia - crimen organizado y comunidades amenazadas en México

  • Al menos 15 personas defensoras fueron asesinadas en 2017, en comparación con las tres personas asesinadas el año anterior. Casi las tres cuartas partes eran indígenas.


  • El crimen organizado se fortalece en un contexto de impunidad, lo que genera mayor violencia contra las personas defensoras, particularmente en aquellas áreas donde tienen presencia las pandillas vinculadas al narcotráfico.


  • Las leyes sobre el consentimiento libre, previo e informado (ver Anexo II) y las medidas para proteger a las personas defensoras no están siendo implementadas adecuadamente por el gobierno.


Recomendaciones al gobierno de México

- Abordar las causas fundamentales. Garantizar que evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos se lleven a cabo antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales. Estas evaluaciones deben ser transparentes, informados y significativos y deben asegurar la participación de las comunidades potencialmente afectadas, mientras cualquier impacto identificado debe ser mitigado de una forma que los afectados consideren como adecuada.

- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Implementar las recomendaciones del informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano” de 2018 de la coalición Civil Society Space, sobre cómo fortalecer la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

- Garantizar la rendición de cuentas. Asegurar que todas las investigaciones sobre crímenes contra personas defensoras consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la persona en el campo de los derechos humanos.

Maria do Socorro Silva - Barcarena, Brasil

Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los pequeños agricultores luchan por sus derechos a la tierra en el país más peligroso para las personas defensoras.

Año tras año y en una dura lucha por la tierra, personas defensoras del medio ambiente y de la tierra son asesinadas en Brasil, más que en cualquier otro lugar del mundo. 

Los datos de Global Witness muestran que, en 2017, 57 personas defensoras fueron asesinadas, 25 de ellas durante tres asesinatos en masa.


En la primera masacre del año, el 19 de abril, nueve pobladores locales fueron torturados y asesinados por sicarios en el estado de Mato Grosso. Un exportador de madera, que quería acceder a la tierra de los pobladores, fue acusado de ordenar los asesinatos para despejar el camino y que así los madereros ingresaran a la tierra. En una segunda masacre, ocurrida el 24 de mayo, alrededor de 30 oficiales de la policía abrieron fuego contra un grupo de granjeros sin tierra en el estado de Pará, matando a 10 de ellos. Los agricultores habían ocupado pacíficamente el rancho de Santa Lucía el día anterior, para exigir que se reconociera su derecho a la tierra.


En lugar de tomar medidas para prevenir tales atrocidades contra las personas defensoras, el presidente Michel Temer ha debilitado las leyes y las instituciones diseñadas para protegerles. Esto ha hecho que sea más fácil que nunca para las industrias como la agroindustria, asociadas con al menos 12 asesinatos en 2017 según las estadísticas de Global Witness, imponer sus proyectos en las comunidades, sin su consentimiento.

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Maria do Socorro Costa da Silva se posiciona con las comunidades contra las fábricas de aluminio, presuntamente responsables de la intoxicación del agua en la ciudad de Barcarena.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Recortar presupuestos, socavar derechos

Los recortes presupuestarios masivos a las principales agencias gubernamentales responsables de proteger los derechos humanos y el medio ambiente implican que las personas defensoras están en mayor riesgo que nunca.


En 2017, se redujo en un 30% el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), organismo estatal responsable de la redistribución de tierras para los pequeños agricultores y afrodescendientes. El presupuesto de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), la agencia responsable de proteger los derechos de los pueblos indígenas, se redujo casi a la mitad, lo que obligó a cerrar algunas de sus oficinas regionales.


Una de esas oficinas se encontraba en el territorio indígena de Vale do Javari, donde en agosto de 2017, personas que sacan oro de manera ilegal presuntamente masacraron a 10 miembros de tribus nunca antes contactadas. El cierre de las bases de la FUNAI en el río de Vale do Javari pudo haber facilitado el acceso no controlado de los mineros a esta área remota, lo que generó tensiones con el grupo indígena aislado. Nunca se encontraron los cuerpos de las víctimas ni se verificaron sus nombres, por lo que no los hemos agregado a nuestra base de datos.


Mientras tanto, el Programa Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos sigue recibiendo muy poca financiación, lo cual limita la protección que ofrece a llamadas telefónicas realizadas por oficiales que están en la capital de Brasil, Brasilia. Además, el mecanismo que permite graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los homicidios de tierras y defensores del medio ambiente - para ser investigados y procesados a nivel federal, en lugar de a nivel local, tiene estado infrautilizado. ‘Federalización’, como se conoce este mecanismo, permite a la Fiscalía Federal solicitar un cambio de jurisdicción cuando hay evidencia de que las instituciones estatales no pueden investigar adecuadamente y comprobar una violación grave de los derechos humanos, debido a la inacción, negligencia, falta de voluntad política o escasos recursos materiales o humanos.

Claro, mi vida está en peligro, recibo amenazas de muerte las 24 horas del día porque no voy a cerrar la boca ante esta atrocidad.

Maria do Socorro Costa da Silva

La agroindustria y el sabotaje del derecho de las personas a la tierra

Además de los recortes presupuestarios a la FUNAI y al INCRA, la reputación de estas instituciones fue socavada por una comisión del Congreso creada para investigar las irregularidades en las demarcaciones de tierras - es decir, la forma en que se asignó la tierra oficialmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y pequeños agricultores, quienes ya las habitaban. El informe final de la comisión acusó a funcionarios de la FUNAI y del INCRA de respaldar reclamos de tierras fraudulentos, y solicitó la acusación formal de 67 personas.


Esto parece ser un intento consciente de socavar las instituciones encargadas de proteger el derecho de las personas a la tierra, por parte de un organismo que dista mucho de ser imparcial. La investigación fue iniciada por los poderosos ruralistas, un grupo de cabildeo de la agroindustria, que se opone a la demarcación de la tierra. Los ruralistas controlan más de la mitad del Congreso de Brasil, y tienen vínculos cercanos con el presidente Temer, pues han ayudado a mantenerlo en el poder después de su presunta participación en casos de corrupción.

Un peligroso desequilibrio de poder

Existe una obvia asimetría de poder entre la agroindustria y sus partidarios políticos, por un lado, y los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los pequeños agricultores, por el otro. También hay mucho en juego en esta lucha unilateral por la tierra: Casi el 90% de las personas defensoras asesinadas en 2017 murieron tratando de proteger el Amazonas, un área de la que dependen para su sustento y que es de crucial importancia para la captura de emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático global.


Este desequilibrio de poder se verá exacerbado por una serie de leyes regresivas para con el medio ambiente, y que actualmente se abren paso en el Congreso. El gobierno, que está sumido en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia, aparentemente no ha hecho nada para frenar estas iniciativas. Entre ellos se encuentra un proyecto de ley diseñado para ayudar a los inversores extranjeros a comprar grandes extensiones de tierra, lo que inevitablemente permitirá que la agricultura a gran escala invada más profundamente las tierras indígenas. Otro proyecto de ley tiene como objetivo cambiar la categoría de bosque a un área del Amazonas tres veces más grande que Hong Kong, para permitir la futura explotación a gran escala de la agricultura, la minería y la tala.


Si el gobierno brasileño sigue favoreciendo los intereses de las grandes empresas sobre los de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, la destrucción ambiental y los conflictos por la tierra aumentarán. Dado que en Brasil, 2017 fue el año más mortífero registrado en cualquier país, los inversionistas deben evitar invertir en aquellos sectores asociados con asesinatos. También está claro que apoyar a las personas defensoras debe ser una prioridad urgente para quien sea que gane las elecciones presidenciales de este año. El aumento de la voluntad política, revertir los recortes presupuestarios a las instituciones clave y descartar los proyectos legislativos regresivos son los primeros pasos fundamentales para detener esta epidemia y proteger los pulmones del planeta.

Activistas presentaron una demanda civil contra una planta de aluminio de propiedad noruega, por supuesta contaminación del agua en Bacarena, Brasil.

La institucionalización del desequilibrio de poder - Empeora la mala situación en Brasil

  •  57 personas defensoras asesinadas, el peor año registrado para cualquier país del mundo.


  • Se corre el riesgo de que las duras reformas legislativas y presupuestarias a favor de las grandes empresas dejen a los pueblos indígenas y a las y los activistas por el derecho a la tierra más vulnerables que nunca.


  • El poderoso lobby de la agroindustria está socavando las instituciones encargadas de proteger el derecho de las personas a la tierra.


Recomendaciones al gobierno de Brasil

Abordar las causas fundamentales. Fortalecer la asignación presupuestaria y la capacidad institucional del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio).

- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Priorizar la implementación del Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, garantizando su efectividad en todos los estados del país.

Garantizar la rendición de cuentas. Alentar a la Fiscalía Federal a solicitar la ‘federalización’ de asesinatos emblemáticos de personas defensoras de los derechos humanos, cuyas investigaciones no progresan adecuadamente a nivel local, a fin de aumentar la imparcialidad, crear un entorno más seguro para los testigos y reducir la tasa de impunidad.

Alan García - Rio Blanco, Honduras

Una elección contenciosa detonó una represión aún mayor de la sociedad civil en Honduras, uno de los países más peligrosos per cápita para las y los defensores.

La corrupción es la causa de gran parte de la violencia perpetrada contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Cuando las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance, tienden a no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que así sea, como lo demuestra el caso de la represa de Agua Zarca en Honduras.


La represa, propiedad de Desarrollo Energético SA (DESA), se asienta sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas Lenca del occidente de Honduras. La líder indígena Berta Cáceres se opuso ferozmente a la represa y recibió amenazas de muerte durante años. Posteriormente, en marzo de 2016, fue brutalmente asesinada.


Los dueños de la represa utilizaron acciones legales para intimidar a quienes exigían una investigación adecuada sobre su asesinato. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2017, Suyapa Martínez, defensora de los derechos de las mujeres, fue citada a presentarse a la Corte, acusada de divulgar información inexacta y perjudicial sobre DESA. Luego, el caso fue retirado por el tribunal.

¿Negligencia u omisión deliberada?

Fue un grupo internacional de abogados independientes (GAIPE), el que arrojó luz sobre quién fue el responsable del asesinato de Berta. La investigación del GAIPE concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento de su asesinato. El director ejecutivo de DESA, David Castillo, fue acusado de planificar su muerte y permanece arrestado, desde la publicación del informe - un acontecimiento bien recibido en medio de un panorama sombrío.


La investigación también expuso que, en el mejor de los casos, se estaba ante un alarmante nivel de negligencia o, en el peor de los casos, frente a omisiones deliberadas por parte de los investigadores oficiales del Estado. El GAIPE examinó 40.000 páginas de evidencia, que habían estado en posesión de los fiscales hondureños durante al menos 18 meses. Esta información crucial podría haberse utilizado antes para investigar a Castillo y sus cómplices como sospechosos del asesinato de Berta.


Existen claros vínculos entre el gobierno y DESA, los cuales sugieren un posible encubrimiento. Entre los jerarcas de la empresa se encuentra una serie de ex funcionarios del gobierno; por ejemplo, el propio Castillo trabajó para la inteligencia militar, mientras que cuatro de los enjuiciados por el asesinato de Berta tienen vínculos con el ejército. Incluso, el gobierno, junto con DESA, presentó cargos legales contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización a la que pertenecía y la cual lideraba Berta, y no protegió a sus integrantes cuando fueron amenazados.


Además, la MACCIH, un panel internacional contra la corrupción en Honduras, está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del partido gobernante y las empresas que ganaron licitaciones para construir proyectos hidroeléctricos, incluida la represa de Agua Zarca. El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero de 2018 señalando la persistente resistencia del gobierno frente a sus investigaciones.


DESA insiste en que Agua Zarca no está vinculado a ningún acto de violencia, que el proyecto siempre ha actuado de acuerdo con la ley hondureña, y que el informe del GAIPE es un documento fabricado, que contiene interpretaciones falsas basadas en conversaciones seleccionadas, que han sido sacadas de contexto.

Más represión que nunca

El asesinato de Berta y la búsqueda de justicia se produjeron en medio de la agitación política y los niveles alarmantes de violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En nuestro informe de enero de 2017, “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, revelamos que más de 120 personas fueron asesinadas entre 2010 y 2016, una cifra per cápita mayor a la presentada en cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período. Demostramos cómo empeoró la situación en un contexto de impunidad, corrupción y la supremacía de los negocios a cualquier costo, lo que caracteriza al régimen del presidente Juan Orlando Hernández. El informe provocó una reacción hostil por parte de las autoridades, que amenazaron a nuestro personal con el arresto, en medio de una sofisticada campaña en línea para desacreditar nuestro trabajo y el de muchos otros activistas.


Si bien el número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente parece haber disminuido en 2017, en general las personas defensoras de derechos humanos enfrentan una mayor represión. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores.


Las elecciones del año pasado ofrecieron una posibilidad de cambio, pero esas esperanzas se desvanecieron cuando las protestas callejeras por el presunto fraude electoral, dejaron un saldo de más 30 personas asesinadas. La ONU encontró que, al menos 16 de ellas, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno. El presidente Hernández fue declarado ganador el 17 de diciembre de 2017. Pero el resultado fue cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que hizo un llamado a que se realizaran nuevas elecciones, declarando que “el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias (...) y carente de integridad”.

“Tendremos que matarte”

Las amenazas y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguieron siendo habituales en 2017. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2017, Martín Fernández, coordinador del MADJ, una organización que trabaja temas de derecho a la tierra y corrupción, fue agredido por hombres armados. Fernández había estado inspeccionando el daño ambiental causado por un plan hidroeléctrico en el norte de Honduras. Otro miembro del MADJ, Luis Mejía, recibió una nota debajo de su puerta después de que su casa fuera baleada el 12 de octubre de 2017. La nota decía:

Luis no te queremos matar, pero si no te desapareces en tres días, sí te vamos a matar.

Luis, quien se ha opuesto muy activamente a la tala ilegal en sus tierras ancestrales, dejó su casa, temiendo por su vida.

El río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas locales y el sitio de la controvertida represa de Agua Zarca.

Por las buenas o por las malas - corrupción y represión en Honduras

  • Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016.


  • Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas.


  • La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales.


Recomendaciones al gobierno de Honduras

- Abordar las causas fundamentales. Garantizar que la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) opere de manera efectiva, independiente y que se implementen completamente sus recomendaciones. 

- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Asegurar que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos tome acciones para prevenir ataques contra personas defensoras, y que sus medidas de protección se determinen según un análisis de riesgo completo, que evalúe de forma integral las necesidades de la persona defensora en riesgo.

- Garantizar la rendición de cuentas. Establecer una comisión internacional independiente que investigue los abusos contra los derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2017 y sus consecuencias.

A pesar de las protestas internacionales que siguieron al asesinato de Berta Cáceres, el gobierno de Honduras sigue fallando en su deber de proteger a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

Ramón Bedoya - Riosucio, Colombia

Los conflictos por la tierra se intensifican a raíz del proceso de paz colombiano, ya que las comunidades que regresan a sus tierras se enfrentan con quienes intentan acapararlas para la producción de materia prima como el aceite de palma, en un país donde rige la impunidad.

En Colombia, la impunidad reina y la historia se repite: con siete años de diferencia, dos hombres valientes, de la misma región, mueren luchando por el derecho a permanecer en su tierra.

Una nueva investigación de Global Witness y el Vance Center muestra el impacto real de la impunidad sobre las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.


El 30 de julio de 2010, Jhon Jairo Palacios llamó a su familia desde Ríosucio, la capital del departamento de Chocó, a donde había viajado en barco desde su comunidad, para decirles que volvería a casa al día siguiente. Cuando no apareció, llamaron a su celular. Un hombre que dijo pertenecer a un grupo paramilitar respondió diciendo: “Dígale a su familia que ya está muerto”.


John era miembro de una comunidad afrodescendiente en la cuenca del río Cacarica del Chocó. Gente de la comunidad se oponía a la construcción de una carretera importante en la región, un camino que traería consigo la deforestación, la afluencia de colonos y la devastación del modo de vida de la comunidad. Hasta el día de hoy, el asesinato de Jhon permanece sin resolverse. La investigación está paralizada, los asesinos siguen en libertad y el mensaje enviado es claro: aquí nadie será castigado por asesinar a personas defensoras.


Siete años después, el 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, otro líder afrodescendiente del Chocó, iba en caballo hacia su pueblo, de regreso a su casa. Un nuevo grupo paramilitar lo interceptó en un puente y le disparó 14 veces, matándolo. Hernán se había opuesto a la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad y destruían el bosque. En 1996 había sido desalojado a la fuerza de su tierra por un grupo paramilitar; pero había decidido regresar, a pesar de los riesgos.


En 2015, comenzó a recibir amenazas de grupos armados ilegales. Según la población local, en un intento por proteger la vida de Hernán, el gobierno colombiano le había dado un teléfono celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, fue asesinado. Quienes quisieron silenciarlo supusieron que, como en el caso de Jhon, no enfrentarían ninguna consecuencia por sus crímenes.

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En Colombia, una cultura de impunidad, alimentada por la corrupción, deja a las personas defensoras desprotegidas cuando las investigaciones sobre ataques anteriores no avanzan.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Vacío de poder

Hernán fue una de las 24 personas defensoras asesinadas en Colombia en 2017, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra y el medioambiente.


Hay varias razones para esto, aunque las luchas por la tierra son el meollo del asunto. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC produjo un “vacío de poder”. Con la desmovilización de las FARC, han surgido nuevas milicias, que compiten con grupos paramilitares por controlar las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, afrocolombianos y otras comunidades rurales, que tuvieron que abandonarlas durante la guerra civil y ahora están regresando a sus hogares, después de la firma del acuerdo de paz. Este escenario se complica aún más, a medida que los grupos delictivos se trasladan a las áreas que alguna vez ocuparon las FARC, para desarrollar la tala ilegal, la minería y la ganadería. La promoción de la inversión extranjera por parte del Gobierno también ha intensificado esta lucha por la tierra.


Estos factores han intensificado los conflictos por la tierra y la destrucción del medio ambiente. Las comunidades han sido forzadas al activismo, convirtiéndose en defensoras de esta lucha, en primera línea. El peligro se ve agravado por el hecho de que los programas de protección gubernamental siguen siendo limitados en cuanto a su efectividad y, principalmente, porque los perpetradores de ataques previos contra personas defensoras rara vez son enjuiciados.

Ramon Bedoya on tree trunk
El padre de Ramón Bedoya fue asesinado después de intentar proteger una zona de biodiversidad de plantaciones de banano y palma aceitera. Ahora, Ramón ha asumido la lucha.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Matar con impunidad

Tal vez el factor más decisivo detrás de la espantosa tasa de mortalidad de Colombia es su persistente y no abordada cultura de impunidad. Los asesinatos de John y Hernán son sólo dos de los numerosos asesinatos sin resolver en Colombia. Mientras los crímenes anteriores contra personas defensoras permanezcan impunes, aquellos que deseen silenciar a las y los activistas se sentirán envalentonados para actuar.


Para tratar de comprender la magnitud del problema, Global Witness unió fuerzas con el Vance Center. Juntos, analizamos los asesinatos de las 122 personas colombianas defensoras de la tierra y del medio ambiente, registrados por Global Witness entre julio de 2010 y junio de 2016, y la respuesta del Poder Judicial colombiano a cada uno de ellos.


Las conclusiones del estudio fueron asombrosas: en 102 casos se inició una investigación; pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena. Otros diez casos no fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar el labor investigativo. Esto coloca la tasa de impunidad, es decir, la proporción de personas que literalmente se libran de los asesinatos, en un 92%.


Crucialmente, 61 de los 102 casos se encontraban todavía en una etapa preliminar, lo que significa que los fiscales no habían reunido suficiente información siquiera para determinar la existencia de un delito. Esto evidenciaba que la investigación no podría pasar a la siguiente fase. Lo anterior sugiere que el hecho de que los fiscales no hayan recopilado la evidencia que necesitan en esta etapa temprana es un factor clave en los altísimos niveles de impunidad, una conclusión también tomada por la ONG colombiana Somos Defensores. Para terminar con la cultura de impunidad de Colombia, concluyó su estudio, los fiscales deben recibir la capacitación y los recursos que necesitan para investigar casos y, quizás más importante, debe abordarse la corrupción endémica que impide que se investigue el asesinato de personas defensoras. Recientemente, el gobierno se comprometió a combatir la impunidad en los homicidios de personas defensoras y afirmó que había creado una unidad de élite policial y una unidad de investigación para desmantelar los grupos criminales e investigar los ataques contra activistas. Se requieren recursos adecuados y garantías de independencia para que esta unidad haga su trabajo y prevenga futuros ataques.

Ramon Bedoya with bodyguards
Ramón Bedoya tiene dos guardaespaldas asignados por el gobierno luego de que su padre fuera asesinado por un hombre armado en moto.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Vastas plantaciones de plátano y palma aceitera están invadiendo la granja de Ramón Bedoya en Colombia.

Cómo librarse de un asesinato - impunidad en Colombia

  • 24 personas defensoras asesinadas en 2017: Todos los años Colombia se posiciona entre los tres peores países.


  • Una nueva investigación de Global Witness y el Cyrus R. Vance Center for International Justice (Vance Center)158 muestra cómo la impunidad continúa alimentando la violencia: los perpetradores de ataques pasados contra personas defensoras se desplazan libremente, ya que la mayoría de los casos no avanzan más allá de la etapa preliminar.


  • La situación ha empeorado desde el proceso de paz: miembros de comunidades desplazadas son atacados cuando regresan a sus hogares, mientras que actores rivales compiten para llenar el vacío de poder y controlar los recursos naturales.


Recomendaciones al gobierno de Colombia

Abordar las causas fundamentales. Priorizar y garantizar la implementación, en todos los departamentos del país, de los procesos de restitución de tierras y cláusulas relacionadas al acuerdo de paz. 

Apoyar y proteger a las personas defensoras. Garantizar la implementación de medidas de protección adecuadas para las personas defensoras en riesgo, incluso garantizando la participación de la persona defensora en su análisis de riesgo, proporcionando medidas de protección colectivas y no solo individuales, y diferenciando las medidas de acuerdo con el perfil específico, el contexto y la amenaza que enfrentan.

Garantizar la rendición de cuentas. Asegurar recursos suficientes para el grupo de trabajo independiente y la unidad de investigación de ataques contra activistas. 

Samuel Loware - Kidepo, Uganda

En el continente africano, los guardabosques están arriesgando sus vidas al proteger la vida silvestre, donde la dimensión real de la violencia contra las personas defensoras sigue siendo desconocida.

¿La imagen completa?

Muchos países africanos sufren altos niveles de violencia, corrupción e impunidad.

Los conflictos por la tierra y los recursos naturales son frecuentes y están bien documentados. También es muy común el acoso brutal y la criminalización de activistas.


Por eso nuestras cifras de África son confusas. Reportamos que 19 personas defensoras del medio ambiente y la tierra fueron asesinadas en África en 2017, lo cual es significativamente menos que en América Latina y Asia. Front Line Defenders, que da seguimiento a los homicidios de todas las personas defensoras de derechos humanos, también registró un pequeño número de casos en toda África en 2017.


¿Qué explica el número relativamente bajo de asesinatos? Esto merece más análisis, ya que existen varias hipótesis. ¿Realmente las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente son menos activas en los países africanos y, por lo tanto, no representan un objetivo, como sí lo son en otros lugares? ¿Son diferentes los patrones de acoso, lo que significa que rara vez terminan en asesinato?


Quizás simplemente la falta de informes está subestimando la verdadera magnitud del problema. 


Todavía no tenemos las respuestas a estas preguntas; pero hay indicios que apuntan a que existe una escasez de pruebas relacionadas con asesinatos de personas defensoras en África, lo que lleva a que algunos no sean documentados.

samuel loware with gun
Con frecuencia, muchos guardabosques ponen en peligro sus vidas para proteger la vida silvestre frente a los cazadores ilegales.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

¿Falta de evidencia?

En comparación con América Latina y el sudeste de Asia, hay menos organizaciones de la sociedad civil y periodistas documentando específicamente los ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y pueden sentirse menos libres para hablar sin temor a represalias. También puede haber menos información y reportes de áreas rurales aisladas, donde pueden ocurrir los homicidios, en comparación con otras regiones.


Por lo tanto, es difícil obtener pruebas de muchos países africanos. Menos documentación local significa que no tenemos una red de contactos tan sólida como en otros lugares. Gran parte de nuestra información proviene de la Federación Internacional de Guardabosques (International Ranger Federation) y su brazo benéfico, la Fundación Thin Green Line, que respalda un subgrupo de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente: los guardaparques. Diecisiete de los 19 homicidios que documentamos en 2017 fueron de personas que luchan contra la caza ilegal y por la protección de la vida silvestre, generalmente en áreas protegidas, por lo que nuestras fuentes pueden influir en nuestras estadísticas.


Puede ser difícil desentrañar las diferentes razones por las cuales alguien es asesinado: podemos saber que un defensor fue asesinado; pero no contar con suficiente evidencia para demostrar que fue por su trabajo como defensor. Para incluir los casos de homicidios, necesitamos cierto nivel de información que nos permita cumplir nuestros criterios de verificación (ver Metodología), lo que a menudo falta en el contexto africano. Por ejemplo, necesitamos los nombres de las personas asesinadas, algo que resultó imposible al tratar de verificar quiénes fueron asesinados durante las protestas de 2015 contra los planes para despejar los bosques en el centro de Etiopía.

Kidepo national park
El Parque Nacional Kidepo en el norte de Uganda, es un objetivo habitual para los cazadores ilegales de fauna que buscan marfil, carne de búfalo y plumas de avestruz.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Asesinatos relacionados con la conservación

Un tema relativamente bien documentado en África es su importante y antiguo problema con los delitos contra la vida silvestre; una de las formas más grandes y rentables de delincuencia organizada en todo el mundo. El tráfico de fauna silvestre ayuda a financiar a las milicias y los grupos terroristas y es llevado a cabo por las mismas personas que trafican drogas, armas y personas, utilizando las mismas redes ilegales.


Como se mencionó anteriormente, 17 de los 19 homicidios que hemos documentado en África son de personas que defendían áreas protegidas. En la República Democrática del Congo (RDC), 12 guardaparques fueron asesinados mientras protegían la vida silvestre. Excepto dos homicidios, todos los otros asesinatos fueron atribuidos a Mai Mai (grupos armados locales), que se sabe que están involucrados en actividades ilegales de caza furtiva y minería. El Parque Nacional de Virunga, donde cinco guardaparques fueron asesinados, ha sido tradicionalmente considerado el lugar más peligroso para los guardaparques en el mundo. Según el jefe del parque, Emmanuel de Merode, hay entre 1.500 y 2.000 combatientes armados de diferentes grupos rebeldes que operan en la zona, y representan un riesgo para la vida silvestre y para quienes la defienden.


Si bien no hemos podido atribuir el tráfico de vida silvestre a los ataques contra personas defensoras del medio ambiente y la tierra, sabemos que dos conservacionistas clave, que habían dedicado sus vidas a combatir el comercio de marfil, fueron asesinados en los últimos 12 meses, en circunstancias sospechosas.


Si bien los motivos de estos homicidios aún no están claros, sus asesinatos merecen un mayor escrutinio por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. 

Nonhle Mbuthuma - Xolobeni, Sudáfrica

Las mujeres y las niñas defienden su tierra, su vida y su igualdad frente a la violencia y las amenazas específicas de género.

Defendiendo la tierra, la vida y la igualdad

Si bien la mayoría de personas defensoras asesinadas en 2017 eran hombres, las defensoras están a la vanguardia de muchas luchas por la tierra y el medio ambiente en todo el mundo. Sufren riesgos distintos, a veces acentuados.

Le pedimos a Just Associates (JASS) que escribiera el siguiente artículo, que se basa en los comentarios de cientos de defensoras de derechos humanos en más de 26 países de todo el mundo, muchas de las cuales luchan por los derechos a la tierra y al medio ambiente. También incorpora aprendizajes de redes de protección como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y otras organizaciones feministas como la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) y el Fondo de Acción Urgente (FAU).


Las mujeres a menudo están a la vanguardia de las luchas para proteger sus tierras ancestrales y el medio ambiente. Con frecuencia, esto las pone en una posición de enfrentamiento con las industrias que devastan los recursos naturales en nombre del “desarrollo”. El crítico papel de liderazgo que juegan tiene un alto precio, que a menudo es invisible.

Algunas personas siguen convencidas de que el lugar de una mujer es en la cocina... eso se usa como argumento para excluir a las mujeres de los debates sobre recursos.

Angeline Leguuto, Kenya


Muchas mujeres se encuentran en una clara desventaja desde el comienzo de su activismo ambiental o por la tierra. Con frecuencia son excluidas de la propiedad de la tierra, así como de las negociaciones comunitarias sobre el futuro de sus territorios y recursos naturales. Cuando dedican tiempo al activismo, a veces son criticadas por descuidar a sus hijos y los deberes domésticos. Por otro lado, el impacto combinado de la atención doméstica y comunitaria, junto con el activismo, puede crear una gran carga física y emocional.


Las defensoras a menudo tienen que librar una batalla en dos frentes: la lucha pública por proteger los recursos naturales y la lucha oculta para defender su derecho a expresarse dentro de sus propias organizaciones y familias. Rara vez las defensoras reciben el mismo nivel de apoyo que sus colegas masculinos, porque a menudo sus comunidades están dominadas por una cultura machista patriarcal. Esto significa que el papel que desempeñan las defensoras suele no ser reconocido y a veces, incluso, sus comunidades, organizaciones y familias ocultan activamente la violencia que las mujeres pueden enfrentar.

Nonhle Mbuthuma sitting
Nonhle Mbuthuma es el presidente del Comité de Crisis de Amadiba, una organización que durante años ha estado luchando contra la minería de titanio en Xolobeni, Sudáfrica.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

La naturaleza de género de la violencia

Aunque son asesinados más hombres defensores de la tierra y del medio ambiente, las mujeres pueden sentir el impacto de forma distinta. Cuando los defensores masculinos son asesinados o encarcelados por su activismo, las mujeres tienen más responsabilidades familiares, a menudo mientras buscan justicia por el asesinato y ayudan a reorganizar sus comunidades. 


Las defensoras mismas son blanco de múltiples formas de violencia, tanto por defender su territorio, como por desafiar actitudes patriarcales en sus comunidades, organizaciones y familias. Varios actores estatales y no estatales con poderosos intereses económicos y políticos históricamente han utilizado la violencia contra las mujeres para instaurar el miedo y acallar la búsqueda de la justicia.

Ellos [las fuerza militares y de policía] utilizan la violencia y la violencia sexual para intimidar a las mujeres y a las jóvenes locales y para reprimir toda resistencia. En algunos casos, los soldados o la policía recurren a violaciones de grupo para castigar a las mujeres [por ejemplo] por “entrar ilegalmente” en yacimientos de diamantes que en el pasado fueron sus tierras ancestrales.

Winnet Shamuyarira, Zimbabue

Históricamente, las amenazas de violación y violencia forman parte de la represión contra las mujeres que se oponen a los proyectos extractivos, así como los insultos misóginos que las etiquetan como “putas” o “malas madres”. La discriminación de género es una de las muchas fisuras sociales usadas para exacerbar los conflictos familiares o comunitarios a través de la táctica de “divide y vencerás”.

Dos defensoras de la tierra embarazadas, Andrea y Maria Miradel, fueron encarceladas por supuestamente ‘participar en actividades delictivas’. A ambas se les negó atención médica inmediata, lo que provocó la muerte de la hija de Andrea, a los dos días de nacida.

Testimonio de las Filipinas

La criminalización también tiene un impacto diferencial. Aumenta la vulnerabilidad financiera y social de las mujeres, ya que, si son encarceladas, sus familias a menudo las aíslan. Por supuesto, las defensoras también son asesinadas. Esto no se trata sólo de silenciar a las defensoras; se trata de silenciar a las mujeres y envía un fuerte mensaje de que las mujeres no deben ser líderes, lo que desincentiva a otras a involucrarse.

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Las mujeres defensoras son una poderosa fuerza para que las comunidades se posicionen contra proyectos extractivos, a menudo asumiendo el peso de las expectativas familiares y el liderazgo de la comunidad, frente a las amenazas específicas de género.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

La fuerza de las mujeres es una fuerza colectiva que genera comunidad y a eso le temen las políticas energéticas, las políticas mineras y las políticas mundiales. Nosotras no sólo llevamos luchas en el territorio, sino también dentro de nuestras vidas, de nuestras camas, de nuestras casas y comunidades, porque la violencia no termina. Tenemos que seguir luchando para declarar territorios libres de violencia, libres de minería. Queremos libertad en los territorios, para así poder saludar al agua, a la tierra, al aire, como elementos vivos y no de comercialización.

Lolita Chávez, Guatemala

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© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Fatima Babu - Tuticorin, India

Desde la India hasta Honduras, los Estados y las empresas pueden ser actores clave en la prevención los ataques: Posiciónese del lado de las personas defensoras y haga un llamamiento para que se tomen medidas para poner fin a los asesinatos.

Cómo los Estados y las empresas pueden ayudar a prevenir los ataques

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se encuentran en la primera línea de la lucha para salvar a nuestro planeta de los impactos del cambio climático, salvaguardar derechos humanos y proteger de daños a las comunidades vulnerables.

Ellas defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. Denuncian la corrupción y presionan por cambios en las leyes, políticas y prácticas, para garantizar que se respeten los derechos ambientales y de la tierra. 


Sin embargo, pocas personas enfrentan mayores amenazas que ellas. Una vez más, como parte de una tendencia en curso, el número de personas defensoras asesinadas aumentó en 2017. Fueron asesinados 207 activistas, dejando a las comunidades sin sus valientes portavoces y defensores. 


Los Estados, a través de sus gobiernos, son los principales responsables de garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura. Sin embargo, las personas defensoras que trabajan en temas ambientales y de la tierra enfrentan riesgos mayores y más específicos, porque son vistas como una amenaza, tanto para quienes obtienen ganancias, como para el poder. En la gran mayoría de los casos, son asesinadas porque han cuestionado o se han opuesto a un proyecto empresarial, generalmente vinculado a la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura a gran escala o la tala. 


Como gran parte de la violencia es impulsada por la sed de ganancias, quienes sostienen la sartén por el mango son quienes tienen el poder, así como la responsabilidad legal de ser una fuerza para el bien. Los Estados y las empresas deben abordar las causas fundamentales de los ataques, por ejemplo, garantizando que las comunidades puedan decir “no” a proyectos en sus tierras, como la minería; apoyando y protegiendo a las personas defensoras en riesgo y garantizando que se haga justicia para quienes sufren la violencia.


Lea nuestras recomendaciones completas.

Fatima Babu
Fatima Badu en Tuticorin, en el estado de Tamil Nadu, India, donde activistas se manifestaron contra una planta de cobre, que ha cerrado desde entonces.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Desde la perspectiva del consumo

Nuestro informe ha señalado la importancia de exigir rendición de cuentas a las empresas y a los gobiernos en lo que respecta a los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y recordarles su responsabilidad y su papel para acabar con estos crímenes. 


Su papel también es crucial. Es importante que se asegure de que las empresas y los políticos sepan que su reputación, votos y ganancias sufrirán si no se esfuerzan más por ayudar. Pero también es fundamental usar su voz para amplificar la voz de las personas defensoras y dar a conocer los desafíos que enfrentan. 


Cuando se analizan los sectores que generan los ataques contra personas defensoras, todo se siente más cotidiano. La agricultura a gran escala, la minería, la caza furtiva y la tala producen artículos para el hogar, que utilizamos y consumimos: Aceite de palma para el champú que usamos; soya para la carne que comemos; madera para nuestros muebles.

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Una central eléctrica en el fondo de la ciudad de Tuticorin, India. Ahora que la planta de cobre ha cerrado, las y los activistas están centrando su atención en otras fuentes de contaminación.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Sume su voz

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente deben demostrar un coraje y una capacidad de recuperación increíbles frente a estos desmoralizantes adversarios. No deberían tener que enfrentarlos solas. No cuando hay tanto en juego: sus comunidades, su tierra, el planeta que todos compartimos. 


Nosotros estamos con estas personas. Llevaremos su lucha a los pasillos donde se desenvuelve el poder y las salas de juntas de las corporaciones multinacionales. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. 


Exigiremos que se implementen políticas y que las empresas y los gobiernos tomen medidas para garantizar que las comunidades puedan otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado respecto al uso de sus tierras; para apoyar a las personas defensoras y garantizar su seguridad; y para responsabilizar a los culpables cuando ocurren ataques. 


Aunque el gobierno y las empresas son la causa de muchos de los problemas documentados en este informe, también tienen el poder de marcar una gran diferencia. 


Utilice estas historias y sus palabras en las redes sociales, su voz cuando hable con su representante político y su acción al agregar su nombre a nuestra campaña. 


Esté donde esté y haga lo que haga, entre en contacto con personas defensoras del medio ambiente y de la tierra y asegúrese de que su voz sea escuchada.

Maria Socorro
Se debe garantizar a las comunidades una participación significativa y aportes en cada etapa del desarrollo de un proyecto.
© Thom Pierce / Guardian / Global Witness / UN Environment

Notes & References