Blog / 2 de Marzo de 2020

A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, las personas defensoras enfrentan más riesgos que nunca en Honduras

Berta Caceras

Goldman Environmental Prize

En distintas partes del mundo, defender el medioambiente se ha convertido en una pena de muerte. No obstante, pocos lugares son tan peligrosos como Honduras. Hoy se cumplen cuatro años desde que la activista hondureña Berta Cáceres fuese asesinada por proteger el territorio ancestral lenca de la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Pese a la indignación y movilización internacional que provocó este crimen, el gobierno hondureño ha fracasado de manera consistente en la obligación de defender a su población. Es más: las y los defensores de la tierra y el medioambiente en Centroamérica enfrentan más ataques no letales y con resultado de muerte que en 2016.

El 2 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados entraron a la casa de Berta, por la noche, y le dispararon causándole la muerte. La defensora hondureña había dedicado gran parte de su vida a proteger a el territorio ancestral de Intibucá, al oeste del país, de la construcción de una represa que amenazaba el acceso al río Gualcarque, vital y sagrado para el pueblo lenca. Paradójicamente, a menos de un año de su asesinato, Berta conmovió a un auditorio repleto con el discurso que dio al recibir el premio Goldman por su excepcional valentía en el activismo medioambiental. En su intervención, dedicó el premio “a los mártires que pusieron su vida en riesgo para defender los recursos naturales”. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”, señaló de manera enfática. Desafortunadamente, ni siquiera el reconocimiento internacional de su rol pudo salvarla.

A fines del año pasado, el tribunal emitió su fallo por escrito, en el que confirmó la sentencia para los siete hombres involucrados como autores materiales en el asesinato de Berta Cáceres. Este resultado es, al menos, improbable, en un país en el que el 90% de las violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos a personas defensoras, quedan impunes.  Esto fue posible sólo gracias a la búsqueda incansable de justicia por parte de la familia de Berta y las organización que ella cofundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). No obstante, el COPINH arguye que el camino a la justicia está incompleto: los autores materiales del crimen, quienes propiciaron y estuvieron detrás del asesinato, aún caminan libres y sin enfrentar consecuencias legales de ningún tipo.

Es justamente esta impunidad la que alimenta las amenazas contra quienes se alzan en favor del medioambiente en Honduras. Y la situación sólo se pone peor. De acuerdo con los datos más recientes producidos por Global Witness, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio han sido asesinadas desde el fatal ataque a Berta. Solo en 2019, la lista de nombres alcanzó a 12 casos de la misma naturaleza. Lo más preocupante es que este número es sólo una muestra de lo que se reporta en medios de comunicación, pero la realidad excede estas cifras ampliamente.

Los ataques fatales en contra de personas defensoras son trágicos y constituyen el clímax de los abusos en su contra. En este sentido, Global Witness ha observado un aumento significativo de actos de ataques no letales, intimidación, detenciones ilegales, y el uso y abuso del derecho penal y normativas diseñadas para criminalizar e intimidar a quienes ejercen este rol, sus familias y las comunidades que representan. Un reporte de 2019 demostró que, las y los defensores hondureños encabezan la lista de este tipo de amenazas a nivel mundial. Estas tácticas tienen como fundamento frenar la movilización, y, como no ocupan las portadas de los medios, es funcional emplearlas para quienes apuntan hacia acallar a las disidencias.

Las personas defensoras de tierra y territorio se enfrentan al poder y los intereses que están detrás de proyectos de explotación minera, de la industria maderera y agroindustria. De acuerdo con la información de Global Witness, los grupos indígenas son un foco constante de ataque, en tanto el modelo de negocios es viable a través de la extracción de recursos en áreas cada vez más remotas. Mientras tanto, los gobiernos defienden los intereses particulares con poca preocupación por el bienestar de la ciudadanía. En tanto la demanda por productos como madera, aceite de palma y minerales sigue en aumento, las compañías, los gobiernos y las bandas criminales continúan asaltando la tierra y destruyendo la naturaleza en favor de la búsqueda de ganancias.

Esta tendencia es parte de una epidemia que ha barrido con Honduras desde el golpe de Estado de 2009 y que tuvo sus causas en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad a quienes cometen delitos, pero tienen apoyos irrestrictos del sector privado. Esto muestra una campaña sistemática para causar terror en comunidades locales y llevarlas a aceptar el robo y la industrialización de su tierra. Representa, además, una deuda profunda con los derechos de los pueblos indígenas, al pasar por alto los mecanismos de consulta en el uso de sus recursos.

Enfrentada con el peligro más grande, Berta incluso habló más fuerte para incidir en la garantía de derechos de su comunidad y del medioambiente. La comunidad internacional debe honrar su memoria llamando al gobierno de Honduras a proteger a las personas defensoras del medioambiente. Sin la búsqueda de responsabilidades, el 2 de marzo continuará siendo un día de luto para el país, no solo por Berta, sino que por el destino de un número creciente de personas que defienden nuestro planeta.

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