Press release / 16 Mar 2016

Negligencia del BNDES en la verificación de ilegalidades en un proyecto de construcción de una carretera en Bolivia

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De acuerdo a ONGs, la evaluación del banco a inversiones internacionales presta poca atención a impactos socio ambiéntales.

De acuerdo a una reciente demanda publicada por ONGs internacionales, el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) cometió irregularidades en la detección de las  ilegalidades y otros problemas relacionados con impactos sociales y ambientales, al aprobar el financiamiento para la construcción de una carretera en la Amazonía boliviana.

La coalición de organizaciones señala que el BNDES – el tercer mayor banco de desarrollo del mundo, con una cartera superior a la del Banco Mundial – financia grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía sin evaluar a profundidad la legalidad de las obras y sus impactos sociales y ambientales en el territorio. Por tal motivo, las entidades proponen que el BNDES revise con urgencia sus procedimientos de selección de proyectos que ponen en riesgo la mayor selva tropical del mundo y sus poblaciones indígenas y tradicionales.

TIPNIS protestors

Manifestantes en contra de la construccion de la carretera TIPNIS en Bolivia. Credito: Flickr

El BNDES es un banco de financiamiento público con una cartera de grandes proyectos de infraestructura en América Latina y parte de África. Solo el 2015, desembolsó R$ 180 millones para proyectos en todo el mundo[i].

El 2011, el BNDES firmó un contrato por $US 332 millones para la construcción de una carretera que amenazaba con dividir el "TIPNIS" (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), territorio protegido en la Amazonía boliviana. Los documentos obtenidos por las organizaciones Conectas, CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario de Bolivia) y Global Witness muestran que entre 2009 y 2011 el banco cometió infracciones al no adoptar acciones frente a una serie de violaciones que incluyen:

  • Ilegalidades durante la fase de licitación, tal como detalla el Informe del 2010 de la Contraloría General de Bolivia, al que tuvo acceso la coalición.
  • La no realización de la consulta a las comunidades indígenas del TIPNIS acerca de la construcción de la carretera, derecho establecido en las leyes bolivianas.
  • La no realización de la evaluación de impacto ambiental previamente a la licitación, lo que apunta a errores sistemáticos cometidos por la Administradora Boliviana de Carreteras.
  • Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental de los tramos 1 y 3 no consideran los impactos futuros del proyecto. Estos estudios fueron ampliamente cuestionados por la Autoridad Ambiental boliviana de ese momento.

Después de grandes protestas que demandaron al Gobierno de Bolivia la prohibición de construcción de la carretera en el territorio indígena, el 2012, el BNDES acordó la cancelación del contrato de financiamiento para la carretera por el TIPNIS. El banco respondió a las críticas sobre su participación señalando que todos los requisitos legales y ambientales se habían cumplido y que también se había cumplido con el "marco legal establecido por las autoridades bolivianas". Sin embargo, información obtenida por la coalición muestra que el banco contaba a su disposición con toda la información sobre vulneraciones a la legislación mucho antes de la firma del convenio de financiamiento y que está información no fue considerada por la entidad en su análisis del riesgo social y ambiental del proyecto.

Posteriormente al caso del TIPNIS, el BNDES modificó su Política Ambiental. Actualmente incluye requisitos más claros sobre la información que el banco necesita para decidir una inversión internacional. Sin embargo, la coalición de organizaciones señala que esta política continúa siendo insuficiente para garantizar la protección a las comunidades locales contra violaciones a derechos humanos.

"La Política Ambiental del BNDES no contiene criterios satisfactorios sobre la consulta a comunidades afectadas antes que un proyecto siga adelante", dijo Caio Borges, abogado de Conectas. "Hasta que esto no se resuelva, se mantiene el riesgo que el banco continúe financiando proyectos social y ambientalmente peligrosos y que representan una amenaza a la región amazónica, como se vio en el caso del TIPNIS".

 “Es claro, por los documentos que obtuvimos de las propias comunidades del TIPNIS que sus derechos a ser informados y de consentimiento libre y previo no fueron respetados, cuando es una obligación establecida en la legislación boliviana”, señala la investigadora de CEDLA, Silvia Molina.

Conectas Direitos Humanos, CEDLA y Global Witness hicieron las siguientes recomendaciones al BNDES:

  • Mejorar sus procedimientos de evaluación previa para asegurarse que los proyectos cumplan con la legislación, con especial énfasis en la normativa social y ambiental.
  • Involucrar de manera directa a las comunidades y otras partes interesadas en todo el ciclo de vida de cualquier proyecto en el que el banco esté involucrado.
  • Poner a disposición un mecanismo independiente de reclamo y denuncias, apropiado a las necesidades de las comunidades potencialmente afectadas.
  • Mejorar su rendición de cuentas y, en el caso de violaciones, proporcionar recursos efectivos a las personas y comunidades afectadas.

Contactos para entrevistas;

Caio Borges - Conectas – Email: [email protected], + 55 11 38847440

Silvia Molina -  CEDLA – Email: [email protected]org, +591-2 2799848

Chris Moye – Global Witness – Email: [email protected], +44 7525592737

/ ENDS

Notes to editor:

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