Press release / 5 Oct 2015

La muerte de cuatro manifestantes en contra de la minería es una consecuencia catastrófica de la débil protección del medio ambiente en Perú, según advierte Global Witness

La reciente muerte en Perú de cuatro activistas comunitarios contra la minería demuestra los problemas que causa el actual debilitamiento de la protección del medio ambiente en el país, así como la peligrosa represión que se ejerce contra la sociedad civil, afirma el grupo de defensa Global Witness. Se trata de cambios que se han adoptado a expensas del medio ambiente peruano y de las personas que intentan protegerlo.

Estos asesinatos forman parte de una tendencia del país que Global Witness y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sacaron a la luz en el informe El ambiente mortal de Perú, publicado en noviembre de 2014. En dicho informe se demostraba que el 73 % de los 57 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente que se habían cometido entre 2002 y 2014 había sido a manos de cuerpos de seguridad estatales y privados y, en su mayoría, estaban relacionados con protestas contra proyectos del sector extractivo[1]. Con estos cuatro asesinatos, el número de muertos asciende ya a 61.

A medida que se aproxima la emblemática Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebrará en París, la muerte de estos cuatro manifestantes recuerda al mundo que Perú aún debe esforzarse mucho para hacer realidad sus aspiraciones ambientales y de derechos humanos.

Perú debe enjuiciar urgentemente a las personas responsables de estos asesinatos. Al pasar por alto las inquietudes ambientales que provocan los proyectos de minería, el Gobierno de Perú está provocando unos conflictos cada vez más violentos con las comunidades locales y dañando el medio ambiente a expensas de los compromisos contraídos en materia de cambio climático. - Chris Moye, investigador de la organización Global Witness.

La organización exige también al país que proteja a los manifestantes pacíficos, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y en la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre los defensores de los derechos humanos.

El supuesto uso de fuerza letal por parte de la Policía contra los activistas comunitarios que se manifestaban en la región de Apurimac ha sucedido al poco de aprobarse la Ley 30151, que afecta al derecho a manifestarse pacíficamente, ya que exime a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de responsabilidad penal si causan daños o muertes en el cumplimiento de sus funciones[2]. Global Witness exige la revocación de esta ley.

La crisis del sector minero peruano también ha aumentado debido a la reciente aprobación de la Ley 30230 en julio del año pasado[3]. Esta ley reduce la protección del medio ambiente, por ejemplo al disminuir el tiempo que se destina a la valoración de las Evaluaciones del Impacto Ambiental a fin de estimular una mayor inversión en el sector extractivo[4]. En el caso de las manifestaciones de Apurimac contra la mina de Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG, las comunidades se estaban manifestando específicamente en contra de cambios que se habían efectuado en la Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto minero sin realizarse una consulta previa[5] [6].

Datos de contacto de Global Witness:

Chris Moye: investigador

Correo electrónico: [email protected]

Número de teléfono: +44 7525592737

Billy Kyte: encargado jefe de campañas sobre defensores de la tierra y el medio ambiente

Correo electrónico: [email protected]

Número de teléfono: + 44 207 7492 5851

/ ENDS

Notes to editor:

[1]Global Witness, El ambiente mortal de Perú (14 de noviembre de 2014).

[2]Global Witness, El ambiente mortal de Perú (14 de noviembre de 2014).

[3]SPDA, Congreso aprobó paquete de medidas para la reactivación de la economía (3 de julio de 2014). Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=26310.

[4]Comisión Permanente del Congreso de la República, Ley N.º 30230 (junio de 2014). Disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2014/JULIO/LEY30230.pdf.

[5]El Comercio, Las Bambas: confirman identidades de muertos por protestas. Esta mañana se registró un nuevo enfrentamiento, manifestantes quemaron una garita de control (29 de septiembre de 2015). Disponible en: http://elcomercio.pe/peru/apurimac/bambas-confirman-que-son-4-muertos-enfrentamientos-noticia-1844644.

[6] Los cuatro miembros de la comunidad local fueron abatidos a tiros por agentes policiales durante las manifestaciones generalizadas de las comunidades de la región de Apurimac contra una de las minas de cobre más grandes de Perú y del mundo entero, operada por MMG Limited. Según la información disponible, 23 personas más han resultado heridas en los enfrentamientos: 15 civiles y 8 agentes policiales.

A pesar de que Perú refleja una imagen progresista de sus credenciales ambientales, dado que se ha comprometido a conservar 54 millones de hectáreas forestales y acabar por completo con la deforestación neta para 2020 en el marco de sus compromisos de mitigación del cambio climático, la realidad sobre el terreno es otra muy distinta: es la de un aumento de la degradación ambiental y una intensificación del conflicto con las comunidades indígenas y locales afectadas por proyectos del sector extractivo que dañan sus bosques. En Madre de Dios, por ejemplo, la Carnegie Institution for Science y la Universidad de Stanford descubrieron que el alcance de la minería ilegal que afectaba a los bosques primarios de la región había aumentado de menos de 10 000 hectáreas en 1999 a más de 50 000 para septiembre de 2012 y había tenido consecuencias devastadoras para el ambiente y las comunidades locales. La tala de bosques representa casi el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Perú. Por otro lado, el Defensor de los Derechos Humanos de Perú documentó, en el periodo 2006-2014, 1935 conflictos sociales causados por la oposición a proyectos mineros[6]. Muchas de las comunidades que se manifiestan en estos conflictos han presentado solicitudes de títulos de propiedad de 20 millones de hectáreas, que siguen pendientes de respuesta por parte del Estado.

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