El organismo de supervisión de los recursos forestales recupera su independencia

Durante la última década, el OSINFOR ha trabajado bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, y ha sido la única agencia estatal que ha combatido de forma efectiva la tala ilegal, que continúa desenfrenada en el país. Su independencia, garantizada por el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos que entró en vigor en 2009, era crucial para su éxito.

Como resultado de su trabajo, ha sufrido serias represalias por parte del sector maderero, que ha tratado de debilitarlo durante años. En diciembre de 2018, y sin ser informado ni consultado, el OSINFOR fue ubicado bajo el Ministerio del Ambiente, un cambio que minó su independencia y que puso en entredicho su capacidad para llevar a cabo su labor libre de presiones políticas. Su director dimitió como protesta a lo acontecido.

En enero de 2019, Global Witness publicó su informe El justiciero forestal, donde revelamos cómo la tala ilegal sigue siendo sistemática y continúa fuera de control en Perú, contribuyendo a la degradación de unos bosques que juegan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. En reconocimiento del papel fundamental que el OSINFOR juega a la hora de abordar este persistente problema, hicimos un llamamiento urgente para que su independencia fuera devuelta. También publicamos un comunicado conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, expresando nuestra preocupación sobre dichos acontecimientos, y exhortando al gobierno a que diera marcha atrás.

Estos hechos también desencadenaron la primera consulta por parte del Representante Comercial de Estados Unidos para evaluar si el acuerdo había sido violado.

Ayer, casi cuatro meses después, el gobierno peruano finalmente ha reculado y ha devuelto la independencia al OSINFOR. Esto constituye un paso muy prometedor para abordar la tala ilegal en Perú, pero aún queda mucho por hacer.

Ahora que se ha devuelto la independencia al OSINFOR, es fundamental que sus poderes se amplíen para que pueda abordar nuevas y emergentes formas de tala ilegal que actualmente están fuera de su mandato. Ello implica darle competencias para inspeccionar y sancionar áreas de aprovechamiento que actualmente no le competen, y otorgarle poderes para inspeccionar aserraderos, responsables de mucha de la demanda de madera ilegal.