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Una coalición de 59 organizaciones no gubernamentales (ONG) apela a la Comisión Europea para que apruebe una ley estricta que tenga como objetivo evitar que las empresas europeas exacerben los conflictos y la violación de los derechos humanos al adquirir recursos naturales como estaño, oro o diamantes. Este llamamiento tiene lugar en vísperas de la publicación de un proyecto de ley de la Comisión a finales de 2013.
El documento de posición titulado «Breaking the Links Between Natural Resources and Conflict: The Case for EU Regulation», que se ha publicado hoy, expone los elementos fundamentales que deben incluirse en la legislación de la UE para obligar a las empresas europeas a llevar a cabo verificaciones exhaustivas de la cadena de suministro, lo que se conoce como «la diligencia debida». Estas verificaciones permiten a las empresas asegurarse de que ni utilizan recursos naturales que financian la violencia ni comercian con ellos.
«Durante décadas el comercio de minerales, piedras preciosas y otras materias primas ha contribuido decisivamente a la financiación y recrudecimiento de algunos de los conflictos más brutales del mundo», comentó Sophia Pickles, de Global Witness. «El estudio que hemos publicado hoy demuestra que esta sigue siendo una realidad cotidiana para las personas que viven en países de todo el mundo que son ricos en recursos, como la República Democrática del Congo, Colombia, Birmania, Zimbabue o la República Centroafricana, en los cuales la violencia supone un gran obstáculo para el desarrollo», añadió.
«Al ser el bloque comercial más grande del mundo y dar cabida a un gran número de las principales empresas mundiales de comercio y manufactura de recursos naturales, la influencia que tiene la UE sobre las cadenas de suministro mundiales es sumamente importante», declaró Chantal Daniels, de Christian Aid. Zobel Behalal, de CCFD-Terre Solidaire, añadió: «Se trata de una oportunidad única para que la UE introduzca una legislación estricta y eficaz. De lo contrario, se mantendrá la situación actual y la mayoría de las empresas seguirán sin verificar si sus adquisiciones han contribuido a la financiación de conflictos».
La coalición de ONG pide a la UE que aproveche el impulso ocasionado por iniciativas como las disposiciones que estipula la Ley Dodd-Frank de EE. UU. sobre minerales obtenidos de zonas en conflicto. Además, solicita que se exija a las empresas con sede en la UE que lleven a cabo verificaciones de la cadena de suministro en conformidad con las normas internacionales de diligencia debida elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los Estados miembro de la UE ya han refrendado las directrices de la OCDE, un marco en el que se basan diversas iniciativas de abastecimiento responsable de la industria mundial.
La coalición recomienda que el proyecto de ley de la UE:
- Se aplique a todos los recursos naturales procedentes de cualquier zona afectada por conflictos y zonas de alto riesgo
- Se base en los instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos la Carta Internacional de Derechos Humanos, los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo
- Adopte un enfoque basado en el riesgo, que tenga en cuenta las repercusiones que tendría sobre las personas y comunidades
- Complemente las iniciativas y legislación actuales de la UE para fomentar la transparencia y el desarrollo sostenible, y se integre en una estrategia global para prevenir la destrucción ambiental, reforzar la gobernanza y promover una reforma del sector de la seguridad y la minería en países en desarrollo que son ricos en recursos naturales
«Llevar a cabo la diligencia debida es beneficioso para el comercio europeo, entre otras razones porque ayuda a las empresas a gestionar su exposición al riesgo de marca y a garantizar que no están financiando la guerra», declaró Marianne Moor, de IKV Pax Christi, quien añadió: «Si se aplica adecuadamente, una ley de la UE permitiría que el comercio se llevara a cabo pero no a expensas de graves violaciones de los derechos humanos».
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Datos de contacto:
Global Witness: Sophia Pickles, +44 207 492 5893, +44 7703 108 449, [email protected]
Christian Aid: Chantal Daniels, + 44 7446499839, [email protected]
CCFD-Terre Solidaire: Karine Appy, + 33 1 44 82 80 67, + 33 6 66 12 33 02, [email protected]
IKV Pax Christi: Marianne Moor, +33 653221379, [email protected]
Observaciones para los editores:
- La OCDE publicó en 2010 el documento titulado «OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas» (Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo), en cuya negociación participó un grupo de trabajo formado por gobiernos, ONG y empresas. Estas directrices han sido refrendadas, entre otros, por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR, por sus siglas en inglés), y se han convertido en la norma internacional en materia de diligencia debida.
- Los signatarios del documento de posición son:
- Acidi Congo (South Kivu), DRC;
- Action des Chrétiens Activistes des Droits de l'Homme à Shabunda, DRC (ACADHOSHA);
- Action Aid, Netherlands; Africa Faith and Justice Network, US;
- Africa Faith and Justice Network;
- African Socialist International;
- Amnesty International;
- Action pour la Promotion et la Défense des Droits des Personnes Défavorisées, DRC (APRODEPED);
- Association pour le Développement des Initiatives Paysannes, DRC (ASSODIP);
- Belgian Network Natural Resources (BNNR-RBRN);
10. Bureau d’Etudes, d’observation et de coordination pour le Développement du territoire de Walikale (BEDEWA), DRC;
11. Burma Environmental Working Group;
12. CCFD Terre-Solidaire, France;
13. Centre for Research and Investigation into the Environment, Democracy and Human Rights, DRC (CREDDHO);
14. Centre for Research on Multinational Corporations, Netherlands (SOMO);
15. Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire (CENADEP);
16. Center for Trade Union and Human Rights, Philippines (CTUH);
17. Centre de Recherche sur les Ressources Naturelles (CRRN);
18. Christian Aid;
19. Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE);
20. Commission on Natural Resources of the DRC Bishops’ Conference (CERN);
21. Congo Calling, UK;
22. Earthworks, US;
23. European Coalition for Corporate Justice (ECCJ);
24. Enough Project, US;
25. Fair Trade Centre, Sweden;
26. Finnwatch, Finland;
27. Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF), Germany;
28. Free the Slaves, US;
29. Germanwatch;
30. Global Witness;
31. Good Electronics;
32. Green IT, France;
33. Institute for Community & Adolescent Resiliency, US;
34. IKV Pax Christi, the Netherlands;
35. India Committee of the Netherlands (ICN);
36. Info Birmanie;
37. International Crisis Group;
38. Investors Against Genocide;
39. Jesuit European Social Center;
40. Justice & Paix;
41. Jewish World Watch (JWW);
42. Kachin Development Networking Group, Burma (KDWG);
43. Kaisampalad, Inc.;
44. Karen Environmental and Social Action Network, Burma (KESAN);
45. Mark Taylor, Senior Researcher, FAFO Institute for Applied International Studies Oslo, Norway;
46. Pa-Oh Youth Organisation, Burma (PYO);
47. Partnership Africa Canada, Canada (PAC);
48. Le Réseau européen pour l’Afrique Centrale (EURAC);
49. Save Act Mine, DRC;
50. Save the Congo, UK;
51. Shan Sapawa, Burma;
52. Shwe Gas Movement, Burma;
53. Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM), China;
54. Sϋdwind, Austria;
55. Swedwatch, Sweden;
56. Swisspeace;
57. Voder, DRC;
58. Workers Assistance Center, Inc., Philippines;
59. Zimbabwe Environmental Law Association.