Honduras: nuevas caras, viejos desafíos

Hedme ha trabajado durante años para exponer los abusos y violaciones de derechos humanos que enfrentan quienes defienden los recursos naturales y el territorio en Honduras. Con ACI Participa ha recorrido el país hasta sus zonas críticas, documentando y denunciando casos de los que nadie hablaba. La respuesta no hizo esperar: empezó a recibir amenazas anónimas – algunas, de acabar con su vida- fue sujeta a vigilancia, seguimientos, así como también ataques por parte de la policía y otros actores del Estado y privados. Así fue el 14 de julio, cuando un supuesto grupo de Dirección Policial de Investigación (DPI), intentó ingresar a la oficina de ACI-Participa en Tegucigalpa para apropiarse el contenido sus cámaras de video.

Los ataques se han extendido a integrantes de la organización, saqueo a sus dependencias y extorsión para poder seguir operando. 

Global Witness hace una llamado al gobierno de Honduras para tomar acción urgente y poner fin a los ataques así como también en implementar medidas para detener cualquier otro ataque en el futuro en contra de ACI-Participa, quienes integran la organización y las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el país.

Global Witness manifiesta su preocupación por la seguridad de los miembros del personal de ACI Participa, organización socia en Honduras, que ha dedicado innumerables esfuerzos para documentar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el medioambiente. La reciente escalada de ataques, que incluye amenazas de muerte, violencia, vigilancia y acoso grave son señales graves abuso que deben ser abordada con urgencia.

Honduras tiene una larga historia de ataques en contra de personas defensoras, particularmente quienes protegen la tierra y el medioambiente. Solo en 2020, Global Witness documentó 17 ataques letales en su contra. Así también, la organización ha documentado vulneraciones sistémicas en contra de comunidades, como quienes habitan el Intibucá y luchan por el Río Gualcarque o quienes se encuentran defendiendo el Río Guapinol de su contaminación. 

Los desafíos que las personas defensoras deben enfrentar se exacerban por la presencia extendida del narcotráfico y corrupción en el país, una creciente crisis migratoria, la desconfianza en las instituciones del Estado y una crisis presupuestaria que tiene al país sumido en deudas.

En enero de 2022, la primera mujer presidenta de la historia, Xiomara Castro, asumió con un programa que incluía una explícita mención a la necesidad de incorporar políticas de protección integral a las personas defensoras de derechos humanos “con medidas encaminadas a prevenir violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia las amenazas y los actos de violencia en su contra; sancionar a los responsables intelectuales y materiales, y reparar a las víctimas y sus comunidades”.

No obstante, el panorama a seis meses del inicio de su mandato aún es desafiante. La vida y la integridad para quienes defienden derechos humanos siguen pendientes de ser garantizadas por el Estado.

“Honduras recién se está recuperando de un largo gobierno autoritario. Creíamos que los cambios vendrían rápido, considerando que la actual presidenta viene de un ala progresista, con un fuerte discurso de garantizar los derechos a las personas defensoras de derechos humanos, al movimiento feminista, seguida de una retórica anticapitalista. Pero no está siendo así, y los ataques recientes son buena muestra de ello”, afirma Hedme.

“Con esperanza y cautela”. Así califica Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los últimos seis meses desde el cambio de gobierno en Honduras. “El riesgo es muy grande en materia de personas defensoras. No solo por la amenaza inmediata, sino por todo el bagaje jurídico y político que hace que los problemas de raíz no se vayan. Los conflictos en los territorios siguen a flote. Las compañías aún cuentan con acceso a seguridad privada, con alianzas locales para conseguir seguridad pública. Si lo vemos en una mirada microscópica, la situación no ha cambiado pese a los avances a nivel macro”.

Su diagnóstico coincide con de otros actores, como la organización Human Rights Watch (HRW) que envió una carta abierta planteando algunos de los desafíos que debería priorizar el gobierno. 

Hedme lo confirma: “No ha habido una respuesta adecuada a las agresiones que hemos sufrido en ACI Participa, o las que han enfrentado las personas a las que representamos”.

Si bien el nuevo gobierno ha dado señales políticas relevantes de garantizar condiciones para la defensa de los derechos humanos y el medioambiente, como la liberación de los defensores de Guapinol o el espaldarazo a la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, el camino aún es largo.

Uno de los hechos más preocupantes es la situación del Mecanismo para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales que trabajan en el sistema judicial hondureño, un pionero sistema que se creó en 2015 para garantizar los derechos de las personas  defensoras y que hoy se encuentra en una profunda crisis. “La situación del Mecanismo de Protección de Personas defensoras es muy compleja. Hace al menos un año que venía funcionando de manera deficiente en cuestiones operativas, financieras y de personal, así como la falta de voluntad política para mejorar. No obstante, con esta nueva administración vemos oportunidad para que el Mecanismo pueda fortalecerse desde adentro y representar una opción confiable para las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el medioambiente."

Tal como han señalado órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario remover las raíces del riesgo y los elementos contextuales que lo intensifican en Honduras. 

En perspectiva, Honduras no puede ignorar la debilidad institucional en los sistemas de protección, la falta de independencia del poder judicial y la impunidad. 

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del congreso hondureño podría abrir las puertas a una mayor transparencia por parte del sector privado y a un reconocimiento de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente como garantes de la democracia. Este es el primer instrumento vinculante en el mundo que incluye normativa específica sobre las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, que son aplicables a América Latina y el Caribe.

Mientras, Hedme ya ha recibido ofrecimientos para dejar el país, pero ella se niega a salir de Honduras: “Yo me quedo en mi país. No soy yo quien obstruye la justicia, no soy quien usurpa la democracia”, sentencia.