Mi taxi estaba entrando al estacionamiento del Ministerio del Medio Ambiente de Honduras cuando recibí una llamada de Naciones Unidas. “Probablemente no deberías ir a esa reunión” dijeron, “¡El Ministro del Medio Ambiente acaba de exigir por televisión en vivo, la detención inmediata de tu colega Billy!”
Le solicité al confundido chofer que retrocediera y me llevara a Naciones Unidas. Desde allí, las y los representantes de Naciones Unidas y yo nos dirigimos al estudio de televisión para rescatar a Billy de los medios aglomerados afuera.
Una vez Billy estaba con nosotros, tuvimos que atravesar una multitud enardecida para volver al carro. Un periodista gritó, “¡Asegure que tu carro esté blindado!”
Activista Billy Kyte se encuentra con la prensa después de recibir amenazas en un programa de televisión en vivo.
Billy y yo estábamos en Honduras para presentar nuestro nuevo informe en el que se detallan las razones de por qué el país, con más de 120 asesinatos desde 2010, es el lugar más peligroso del planeta para defender los derechos a la tierra o al medioambiente.
El hecho de que ministros de gobierno y voceros de la industria salieron en los medios para cuestionar nuestro informe y desacreditar a nuestra organización dice mucho acerca del ambiente en que las personas defensoras deben operar.
Ya habíamos vislumbrado esta realidad inclusive antes de llegar al país. Al hacer escala en Miami, nuestros teléfonos estaban llenos de noticias de que estaba circulando en las redes sociales una versión manipulada del folleto anunciando nuestra presentación. El falso folleto afirmaba que nuestro objetivo - junto con ONG locales - era manchar la imagen de la nación como parte de una conspiración de izquierda. Algunas publicaciones de las redes sociales incluso incluyeron bizarras acusaciones de vínculos con el tráfico de drogas.
Campaigns to demonize human rights defenders will fail. pic.twitter.com/51H6FmzNfc
— US Ambassador HN (@USAmbHonduras) January 29, 2017
Tal estigmatización es un hecho común en Honduras y contribuye a una cultura del miedo en torno a alzar la voz. Pero fue el carácter contundente de nuestro informe lo que nos puso en la mirada de representantes del estado y de la industria. Habíamos descubierto evidencia de corrupción generalizada e ilegalidades vinculadas con energía hidroeléctrica, minería, explotación forestal y turismo, utilizadas para imponer proyectos sin el consentimiento de las comunidades locales y silenciar a la disidencia.
Ana Miriam Romero, activista indígena, cargaba a su bebé en sus brazos cuando me llevó aparte durante la presentación de nuestro informe. Estaba enojada. “Lo que están diciendo sobre nosotros no es cierto”, dijo. “Todo lo que queremos es un buen futuro para nuestros hijos y que nuestros derechos sean respetados. Pero dicen que somos criminales solo porque entorpecemos sus intereses”.
En 2015, ella y su cuñada Rosaura estaban embarazadas cuando fueron brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad hondureñas, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico controlado por el esposo de Gladis Aurora López, presidenta del gobernante Partido Nacional. Como consecuencia, Ana Miriam pasó más que una semana en el hospital. Rosaura perdió su bebé.
Aunque en Honduras mantuvimos algunas reuniones constructivas con funcionarios que intentan proteger a las y los defensores de la tierra y del medio ambiente e investigar las violaciones, está claro que sus esfuerzos solo tendrán un éxito parcial hasta que los funcionarios de alto nivel se comprometan públicamente a priorizar este tema.
Esto incluye al Presidente. En vez de cuestionar la veracidad de nuestro informe, Juan Orlando Hernández (al igual que todos los candidatos para las próximas elecciones) deberían establecer exactamente cómo protegerán a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente de la nación, abordar las causas fundamentales de la violencia que enfrentan, y garantizar que las comunidades locales puedan tener una participación significativa en las decisiones relacionadas con el uso de su tierra y sus recursos naturales; así como lo establece el derecho internacional.
Un paso crucial para la prevención de futuros ataques es garantizar el fin de la impunidad que rodea a estos crímenes. Esto significa arrestar a quien sea que haya dado la orden de asesinar a Berta Cáceres, e investigar a Gladis López por los actos de corrupción relacionados con los proyectos hidroeléctricos de su marido, en relación con los cuales tres opositores indígenas han sido asesinados. (1)
Nuestra semana en Honduras fue emocional. La solidaridad manifestada por la sociedad civil fue muy emocionante, mientras su movilización para demandar justicia para los casos incluidos en el informe fue inspiradora. Partimos en un vuelo a Washington, para dedicar una semana a realizar cabildeo en Estados Unidos, decididos a llevar su voz a los espacios de poder. La política de Estados Unidos en Honduras requiere un cambio drástico si se quieren evitar ataques contra las y los defensores y contener las causas de la migración masiva.
En las últimas semanas se ha producido una nueva escalada de amenazas, hostigamiento y ataques contra defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente en Honduras. Esto es aún más trágico dado que esta semana gran parte del país conmemora el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres.
Hasta la fecha, el enfoque de “disparar al mensajero” del gobierno hondureño simplemente ha servido para atraer aún más la luz internacional a las violaciones en el país. Ya es hora de que quienes lideran el país demuestren convicción en abordar las cuestiones en juego, allanando el camino para un año más positivo.
Descargue el nuevo informe de Global Witness 'Honduras - el lugar más peligroso para defender el planeta' aquí.
Ben Leather se encarga de campañas de incidencia para la protección de defensores/as de la tierra y del medioambiente. Sígelo en Twitter: @BenLeather1
(1) Cuando dado la oportunidad por Global Witness de comentar sobre estas alegaciones, Gladis López negó cualquier participación ni en la reunión de consulta para el proyecto Los Encinos ni en una incursión policiaca violenta de septiembre 2014. Su esposo Arnold Castro negó cualquier responsabilidad ni para los ataques en contra de activistas indígenas oponiéndose a sus proyectos, ni por haber dejado a comunidades sin agua a través de la construcción del proyecto La Aurora. Ambos negaron cualquier conflicto de interés o ilegalidad acerca de la aprobación por Congreso de los contractos para los proyectos.
